Tanto en las redes sociales como en las manifestaciones a propósito de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa de las últimas semanas, se ha extendido la consigna de que “fue el Estado.
En este caso todavía queda mucho por conocer y resulta aventurado una sentencia tan contundente. Sin embargo, de lo que sin duda sí es culpa del Estado mexicano –en sus diferentes niveles de gobierno, pero principalmente de los gobernadores— es la proliferación de los delitos comunes.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE) levantada por el Inegi, se estima que el año pasado se cometieron 33.1 millones de delitos; de los cuales, en más de 31 millones (casi el 94 por ciento del total) no se inició ninguna averiguación previa, en gran parte porque ni siquiera se denunciaron.
Según datos de la citada encuesta, la inseguridad y el delito le cuestan anualmente al país más de 213 mil millones de pesos, es decir el 1.27 por ciento de toda la riqueza nacional.
¿Y porque digo que esta situación es culpa del Estado? En todo caso, si la inmensa mayoría de los delitos no son denunciados, sería culpa de los ciudadanos, ¿no es así?
Sin duda hay un componente de falta de una cultura cívica y de denuncia por parte de la ciudadanía. Sin embargo, la mayor parte de la explicación se encuentra en otro lado, en el lado del Estado; y tiene que ver precisamente con los incentivos existentes para ir a denunciar. O mejor dicho, para no denunciar.
Según el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, recientemente publicado por el INE, la falta de denuncia tiene que ver con la desconfianza existente en las autoridades, las malas experiencias vividas en el pasado o bien con la percepción –no alejada de la realidad— de que simplemente no sirve para nada. Únicamente un 22 por ciento de los encuestados declara que no denuncian porque no sabe ante quien acudir.
Hace unos años –cuando los asesinatos en Ciudad Juárez estaban en su apogeo— alguien comparó la situación de esa ciudad, frente a su vecina estadounidense, una de las ciudades más seguras del país. A diferencia de la situación en Juárez, en El Paso se habían resuelto todos los homicidios de la región en el último año (menos uno).
Si la infraestructura de procuración de justicia es insuficiente o inoperante –cuando no abiertamente cómplice de los criminales—, la experiencia de denunciar es engorrosa y completamente ineficaz, y cuando la regla general es la impunidad, entonces sí podemos afirmar que la culpa es enteramente del Estado. A fin de cuentas para eso fue creado, para proveernos de seguridad.
La impunidad –además de miedo— genera violencia. Tal y como dijo Thomas Hobbes, donde no hay ley, no hay justicia.
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