"en los países democráticos
no se percibe la naturaleza violenta de la economía,
mientras que en los países autoritarios lo que no se percibe
es la naturaleza económica de la violencia", Bertolt Bretch.
En México sufrimos tanto la naturaleza violenta de la economía de las democracias como la naturaleza económica de la violencia de los regímenes autoritarios. La pobreza y el despojo son las manifestaciones de ambas, y cada vez hay más pobres en México y los despojos se multiplican y se agudizarán con las reformas aprobadas. Más allá de estar de acuerdo o no con las reformas, es un hecho que los derechos de las comunidades y los ciudadanos han sido totalmente sometidos a los intereses de las corporaciones. Esto se agudiza aún más cuando se trata de corporaciones extractivas que no sólo se hacen del territorio sino que terminan por destruirlo y contaminarlo para después irse. No es de extrañar la expansión de la minería a cielo abierto por el territorio nacional y la expansión ahora del fraking para la extracción de gas, ambas prohibidas en varias regiones y países por sus graves impactos. Estos procesos no hacen más que agudizar la pobreza extrema que ya se vive en nuestro país.
La pobreza es alimento para la violencia, de hecho, la pobreza es una las formas más intensas de la violencia. Existen pocas excepciones donde la violencia no se liga directamente a la pobreza y ello se debe principalmente a aspectos culturales. Sin embargo, en las sociedades más “occidentalizadas” del llamado “mundo en desarrollo”, sumergidas en profundas desigualdades económicas y en el consumismo como valor imperante, la pobreza produce violencia. La marginación, la explotación y la discriminación son ingredientes para la violencia en una sociedad donde los valores están establecidos por el consumo, la raza y la marca. El pobre, ante el mundo del espectáculo, desde la televisión hasta la publicidad invasiva, se siente y está excluido.
La situación de pobreza y violencia se agudiza cuando las políticas que se enfocan a combatir la pobreza se lanzan basadas en análisis cuantitativos, en dádivas y acciones que lo único que buscan es llegar al dato de que un mayor número de familias han recibido un ingreso mayor a “x” cantidad de dólares al día. Políticas dirigidas al reporte estadístico, nunca dirigidas a las causas y los efectos de la pobreza, a una concepción más profunda de la pobreza, a dignificar la vida de las personas, a revalorar su cultura y sus tradiciones. Veamos a la Cruzada Nacional contra el Hambre reforzando la presencia de la comida chatarra, haciendo acuerdos con Nestlé o con Pepsico, sembrando aún más sus marcas entre los más pobres. En el municipio de Mártir de Cuilapa, justamente en Guerrero, donde se lanzó la Cruzada, los niños prefieren comprar Zucaritas en la tienda mientras la última mujer de la comunidad que siembra amaranto dejará de hacerlo porque nadie le compra ese cereal que es uno de los más nutritivos en el planeta. La Cruzada nunca mira cómo revalorar esos alimentos, como apoyar su producción, cómo revalorar la cultura. Los quelites, los vegetales con mayor valor nutrimental, se pudren en las milpas de la comunidad mientras las ventas de sopas instantáneas aumentan en las regiones rurales. Esta situación es el efecto del desprecio que los medios de comunicación, el Estado y la publicidad han hecho de las culturas de nuestro país. Ese desprecio genera exclusión, marginación, violencia.
La violencia tiene expresiones diferentes y abismos en gradualidad. En el extremo: los crímenes cometidos desde la autoridad en contubernio con el crimen organizado. En medio está la sociedad indefensa frente a un gobierno, sea estatal o municipal, que se alía a la más cruel expresión de la violencia, la del crimen organizado. Por otro lado, está la expresión de la violencia como reacción y protesta contra la violación de los derechos y la defensa de la vida. Y todo ello se da en un entorno donde la experiencia de la violencia generada por la pobreza es algo cotidiano para millones de personas en este país. Con ministerios públicos y un poder judicial que se compran; para el pobre no hay justicia, todo lo contrario.
Los actos violentos de protesta por lo sucedido en Iguala, hasta el momento de escribir estas líneas, se han dirigido contra instalaciones políticas y comerciales. Algunos de estos actos, se ha dicho, en especial la quema de la puerta de Palacio Nacional, fueron incitados por provocadores. Puede ser que alguno o algunos hayan sido incitados por provocadores, al menos eso piensa un sector de la población que tiene en mente lo ocurrido el día que tomó posesión el presidente Peña y en el que existen evidencias de la presencia de provocadores en las calles del centro de la Ciudad de México. Por su parte, los hechos recientes en Ciudad Universitaria no hablan más que de una provocación, estúpido es presentar como argumento que los agentes de la policía entraron a CU para atender un robo de un celular ocurrido tres días antes.
Sin embargo, existen grupos en nuestro país, como los que hay en Chile, Francia, Bélgica, y otra gran cantidad de países, que han tomado la iniciativa de estar presentes en los actos masivos de protesta para actuar de manera violenta contra bancos, edificios públicos e, incluso, vehículos privados y públicos. Esto ha ocurrido hace unos días en México al mismo tiempo que ocurría en Bélgica.
Las expresiones de confrontación, como forma de manifestar la inconformidad y responder a la violación de derechos, ha sido la opción para diversos grupos sociales en nuestro país al encontrar que los órganos de justicia regularmente actúan en su contra. Estas expresiones son diferentes a las de los grupos que actúan en las manifestaciones urbanas y que se autonombran anarquistas y que vemos que repiten sus formas y hasta atuendos alrededor del mundo.
Podríamos decir que en México hay una relación entre mayor la marginación mayor la expresión de confrontación. No es absoluta esta relación, pero en muchos casos es aplicable. En este sentido, el sector social más marginado de nuestro país es el rural, es el que ha sufrido en mayor medida las políticas de “liberalización”, de abandono del apoyo a los pequeños y medianos productores, mientras que la mayor parte de los recursos se destinan a las gran agroindustria. Para la población rural no existe movilidad social, la excepción la representa el magisterio, convertirse en maestro, tener un salario y ciertas prestaciones. La otra opción de movilidad social es el narco.
Las escuelas normales rurales han sido una vía para esa movilidad aunque pocos de los egresados obtengan plaza. No es una coincidencia que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tenga sus expresiones más radicales en los estados donde existe una mayor población rural. Los estudiantes y maestros que provienen de esa realidad demandan un cambio radical, no es una elección, es una necesidad.
Nuestras realidades, la de usted y la mía, son extremadamente diferentes a las de los estudiantes y maestros rurales. Es difícil juzgar, lo que nos atrevemos a hacer es señalar hacia donde van las cosas si la escalada de violencia continúa, quién puede hacer uso de esta violencia y lo está haciendo y de qué manera, cuáles pueden ser las consecuencias, incluso, para la gente en Guerrero y otras regiones del país, y a dónde podrá desembocar políticamente este escenario. Y lo más que nos atreveríamos a hacer es a reflexionar si no existen otras formas radicales, efectivas y no violentas de manifestarse que no desencadenen el aislamiento sino todo lo contrario, que permitan que la indignación cree causes de encuentro.
Lo que es evidente es que la exhibición de la violencia es utilizada por los poderes fácticos ligados al poder político con el fin de aislar la protesta, las demandas, con el fin de mantener lo establecido. No mencionan las cientos y miles de manifestaciones pacíficas realizadas por estudiantes en todo el país y fuera de él, manifestaciones contra un gobierno corrupto.
Los actos violentos son exhibidos en los medios para generar en la ciudadanía el miedo a las protestas. De la simpatía y el apoyo mucha gente está pasando a la preocupación y al distanciamiento. La demanda y la exigencia de aclarar los hechos de Iguala se ha convertido en una demanda de cambios y políticas efectivas contra la impunidad, la corrupción, por la transparencia, en una crítica a los partidos políticos, al sistema político mexicano.
La exhibición de la violencia está siendo utilizada como argumento en contra de la indignación compartida, está siendo utilizada para aislar y distanciar a la ciudadanía, está siendo utilizada para que las demandas se acoten a los hechos de Iguala, como un caso a resolverse en su particularidad sin tocar las estructuras establecidas. Estamos ante la posibilidad de que la tragedia de los estudiantes normalista de Ayotzinapa sea semilla o de que la violencia transforme esta tragedia en una mayor descomposición y reafirmación de los poderes que se mantienen enraizados en la corrupción y la impunidad.
La reacción de los estudiantes de la UNAM de desenmascarar a quienes querían tomar rectoría y estaban agrediendo sus instalaciones recupera el sentido de la protesta y muestra el camino, exhibe a los provocadores.
Es urgente la elaboración de una agenda común de reforma del Estado que tenga en el centro el combate a la impunidad y la corrupción en el país, que establezca la ciudanización de los órganos reguladores, que ponga en el centro el respeto a los derechos humanos, que arrebate el monopolio de la política de los partidos. Es necesario que un grupo de personas, independientes de los partidos políticos, representantes de la academia, de los movimientos sociales, de las organizaciones no gubernamentales, elaboren esta agenda y la presenten. Requerimos un camino para salir del proceso agudo de descomposición al que nos ha llevado la clase política de este país.
