Por María Benítez.
“Vivo en un país que tiene que desenterrar a sus muertos antes de sepultarlos”, tuiteó la escritora Tania Tagle. Como si también esta pesadilla fuera parte de la tradición. Como si la guerra se hubiera vuelto un lugar común. Quiero decir, como la guerra, que se ha vuelto un lugar común. Un territorio común. Un calendario común.
Unos y otros, intelectuales, escritores, articulistas, ilustradores, cantantes, artistas, todos muestran su solidaridad, levantan una voz de indignación y denuncia, condenan el crimen. Los medios de comunicación enfocan sus reflectores hacia esas declaraciones. Como en un truco de espejismo, la noticia empieza a ser lo que la gente dice de la noticia. Un Escher mediático y muy conveniente para la inacción gubernamental.
Si no es porque las madres y padres de familia de los desaparecidos (acompañados por los estudiantes de Ayotzinapa) no han quitado el dedo del renglón, tal vez este caso se habría diluido igual, con la misma consternación que cuando asesinaron a 72 migrantes en San Fernando. Un cúmulo de coraje, de dolor y rabia, declaraciones, y luego nada. No sabemos nada de las pesquisas ni de los responsables. No sabemos nada de decenas de miles de desaparecidos, de más de un centenar de miles de muertos de esta guerra común de fosas comunes.
La única información del caso de Ayotzinapa que la clase política genera es disonante, discorde, contradictoria incluso. Un día el Procurador General de Justicia, Murillo Karam, y su equipo, plantean la posibilidad de que el móvil del crimen sea una pelea entre dos grupos delictivos, uno que intentaba “calentarle la plaza” al otro. En esa hipótesis, no se entiende bien qué papel ocupaban los estudiantes ese día o qué insinuaban las autoridades al decirlo, pero los familiares se retiraron de la mesa de diálogo porque intuyeron que se buscaba criminalizar (de nueva cuenta) a los estudiantes.
Otro día el gobernador interino, Rogelio Ortega, se autopropone como mediador de la negociación para rescatar a los jóvenes que, presume, están secuestrados. En días siguientes el nuevo alcalde municipal de Iguala, Luis Mazón, también pide licencia, cuatro horas después de haber tomado el cargo. Un guión inverosímil. Al tiempo que “en terreno”, el Gobierno Federal se precia de empeñar todo su esfuerzo (una enorme cantidad de elementos de la gendarmería, cuerpos policíacos, buzos, espeleólogos, etcétera) en buscar cuerpos de estudiantes dentro de fosas.
El reto de hoy es titánico. Quizás porque sabemos quiénes son los desaparecidos. Tienen nombre, historia, corazón, sentido. Tienen a sus familiares. Pareciera ser que sólo gracias a ellos el caso y las primeras planas de los periódicos retomaron el curso que debieron tener siempre: mostrar un gobierno y un Estado, que rindan cuentas ¿De verdad, era necesario que hubiera un diálogo directo con el Ejecutivo para que éste se comprometiera a hacer “un plan renovado”? ¿No se les había ocurrido cambiar de estrategia? ¿Evaluar la estrategia y los resultados a treinta y tantos días? Cuesta trabajo entender qué estaban (o están) pensando allá arriba. ¿A qué le apuestan? ¿Qué esperan?
Los familiares de las víctimas, de los heridos, y de los desaparecidos tienen derecho a un trato digno y a que haya una intención gubernamental de hacer justicia. Toda esta pesadilla pareciera ser parte de la guerra que el Estado dirige, mantiene y financia. A lo mejor me equivoco, pero es lamentable no tener tecnología de criminalística adecuada a la política de seguridad que han decidido sostener. Con técnicas “mcgiverianas” pretenden encontrar a cuarenta y tres estudiantes. Deberían estar preparados y no lo están. Deberían hacer las cosas bien y no las hacen. O sus actos no lo demuestran.
Lejos de eso. Sus actos generan confusión, incertidumbre, abonan a la impunidad, a la impotencia y el dolor que sienten no sólo los familiares sino miles de mexicanos y extranjeros que han salido a las calles a demostrarlo. “Este es un punto de no retorno”, como lo expresó la Mtra. Jaqueline Saénz en el contexto de las audiencias ante la Corte Interamericana. Hoy queremos, exigimos que el gobierno genere información verdadera, que haga una investigación verdadera, que resuelva verdaderamente el caso y no que genere ruido haciendo suposiciones, descansando en declaraciones ajenas y despistando a la población.
*En mi columna pasada me referí a los jóvenes desaparecidos como si sólo se tratara de treinta y ocho. Es un error. Son cuarenta y tres, y los queremos a todos. Los queremos con vida. Exigimos justicia.
