El asesinato y entrega de estudiantes normalistas al crimen organizado en Iguala responde al poder fáctico establecido en esa región para el cual la sociedad organizada representa una amenaza. La sociedad organizada ha representado no sólo una amenaza para el crimen organizado también lo ha representado para los gobiernos que en vez de servir al interés público lo hacen a los poderes fácticos legales.
Es difícil pensar una salida a esta situación de deterioro político y social sin la participación ciudadana, sin que se abran los espacios para un proceso de ciudanización del país. Sin embargo, la tradición política mexicana se ha destacado por ser contraria a la participación social.
En nuestro país los gobiernos se han distinguido por altos niveles de corrupción en contubernio con los poderes fácticos legales (poderes económicos/grandes corporaciones) e ilegales (crimen organizado)y la sociedad civil permanentemente ha sido marginada o reprimida. Un ejemplo contrario a este proceso ha sido el de Brasil donde la caída de la dictadura dio paso a un sistema en el que se fue abriendo la participación social en todos los órdenes de gobierno y donde las organizaciones sociales juegan un papel fundamental. En un país con la dimensión y complejidad de Brasil, la participación social ha sido un factor que ha permitido cierta estabilidad.
El mejor ejemplo del servicio de los gobiernos mexicanos a los poderes fácticos se ha dado con el medio de comunicación dominante, la televisión abierta, un medio concesionado por ser de interés público. Este medio ha negado permanentemente el espacio a la sociedad organizada, cuando da el espacio lo hace de manera selectiva o cuando la realidad se impone. La televisión en diversas ocasiones ha estigmatizado la lucha de los estudiantes de las normales rurales y en ningún momento les ha dado espacio para exponer su realidad, sus demandas. Esta práctica ha aumentado la vulnerabilidad de este grupo social. En estos medios no sólo la información es controlada, también la cultura es desmantelada a través de un embrutecimiento comercial. Controlado e interrumpido el mayor canal de comunicación para las organizaciones civiles, se les aísla, se les margina.
El gobierno y las elites deben entender que no existen salidas autoritarias para enfrentar el grado de deterioro político y social que vivimos, sólo están agudizando la gravedad de esta situación. No sólo el crimen organizado ha llegado muy lejos, lo ha hecho la corrupción y la impunidad, la desigualdad social y el deterioro de la salud de la población.
La única opción para enfrentar esta situación crítica es a través de la participación y vigilancia ciudadana del ejercicio público, de la fiscalización ciudadana desde el municipio a la federación, de la participación social en la elaboración e implementación de la política pública y de la transparencia y vigilancia del uso de los recursos. En este proceso deben atenderse las demandas ciudadanas y al mismo tiempo establecerse los mecanismos para dar cumplimiento a los compromisos gubernamentales. Sólo así podríamos iniciar un proceso de combate a la corrupción y la impunidad. Hay que tener en cuenta que esta falta de transparencia y que esta corrupción son responsables de que las políticas para el campo destinen los mayores recursos a los grandes propietarios de la tierra, son las que permiten a las grandes empresas evadir impuestos, son las que entran en contubernio con las grandes corporaciones para entregarles los sistemas alimentarios, son las que establecen contratos con constructoras pidiendo porcentajes , son las que prohíben el uso de la herbolaria tradicional para beneficiar a las farmacéuticas, etc.
Se requiere una ruptura del pacto, del pacto de impunidad entre los actores políticos y entre estos y los poderes fácticos, ilegales y legales. Si en Colombia una gran parte de los legisladores tuvieron que ir a la cárcel como parte de un proceso de limpieza dirigido a romper el círculo de la complicidad entre el poder político y el crimen organizado: ¿qué requerimos en México?.
Giovanni Sartori define la democracia como una sociedad libre, no oprimida por un poder discrecional e incontrolado, donde los gobernantes “responden a los gobernados”. Señala que habrá democracia en la medida que exista una sociedad abierta donde la relación entre gobernantes y gobernados se base en la premisa de que el Estado está al servicio de los ciudadanos, de que el gobierno existe para el pueblo y no viceversa. Esto sólo es posible si existen los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana.
Desde la antropología política hemos aprendido que el poder se separa de la sociedad y sirve a intereses particulares en el momento que se pierden los mecanismos e instrumentos de control de este poder por parte de la sociedad, cuando el poder se aísla y se ejerce imponiéndose a la sociedad. Sabemos que el poder corrompe y que es necesario controlar a quienes se les ha delegado para ejercerlo. La democracia no está en el voto, está en la participación ciudadana, en el ejercicio diario de la rendición de cuentas y la transparencia. Al tipo de gobierno que ha predominado en nuestro país le ha sido muy conveniente que la democracia quede limitada a su aspecto puramente electoral.
Debemos partir del hecho de que el problema que enfrentamos no se originó en el crimen organizado, se originó y se reproduce en el ejercicio del poder político que tradicionalmente ha gobernado nuestro país. La dimensión y características del crimen organizado que enfrentamos en México está definido por el tipo de gobierno que ha prevalecido, un gobierno que tiene sus cimientos en la impunidad y la corrupción.
En este sentido, los pasos más importantes que se han dado en el régimen político mexicano para avanzar en la democratización del país han sido a través de la ciudanización de órganos como el IFE y el IFAI. Sin embargo, los partidos políticos han tomado esos espacios para ser negociados y repartidos. Lo hemos vistos con el propio IFE, ahora INE, con el IFAI, con el IFETEL y recientemente, con la propuesta de reelegir al impresentable comisionado presidente de la CNDH.
Se requiere de otro pacto, pero no para establecer cuotas entre los partidos políticos, sino para que los partidos políticos saquen las manos de los órganos que deben ser ciudadanos y para que entreguen la fiscalización nacional a la ciudadanía. Se requiere que dejemos de ser rehenes de los partidos políticos que actúan a conveniencia electoral antes que a la conveniencia del bienestar ciudadano. Requerimos las estructuras, mecanismos e instrumentos de fiscalización y participación ciudadana que vuelvan realidad la transparencia y rendición de cuentas. Requerimos de democracia para no caer en la barbarie, antes que sea demasiado tarde.
