En la medida que todo político es propenso a recurrir a cualquier táctica para hacerse del o conservarse en el poder, la mejor actitud que puede adoptar un ciudadano frente a los discursos de los actores públicos es el escepticismo. Sólo de esa forma puede uno estar en la posibilidad de contrastar otras fuentes de información y hacerse de un juicio.
Lo anterior se vuelve más relevante al momento que, con el fin de distraer a la opinión pública de otros asuntos, se plantean alternativas a problemas públicos que son francamente irrealizables. Creerlas no sólo lleva a ningún lado, sino que le compran tiempo al declarante para reposicionarse.
El pasado 9 de octubre el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, declaró ante la presión por su renuncia que sujetaría esto a una consulta revocatoria de mandato, mismo que organizaría el Instituto Nacional Electoral. Reiteró ese mensaje el lunes 12, cuando anunció que publicará un decreto para organizarla. ¿Cómo tomar esto?
Hace ya tiempo, el 9 de abril de 2012, se habló en este espacio de los mecanismos de regulación de mandato y cómo si son diseñados adecuadamente se vuelven prácticamente inconcretables salvo casos de emergencia al requerirse al menos la tercera parte del padrón electoral del cargo a revocar y la participación de al menos el cuarenta por ciento de los electores para considerarse vinculantes.
Por otra parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró hace unos años, ante los intentos por establecer la revocación de mandato en algunos estados, que era inconstitucional. Es decir, no puede realizarse si primero no se aprueba en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y por si fuera poco, algunos intentos por realizar este tipo de ejercicios han devenido en pifias que sólo han legitimado a sus organizadores. Como se dijo en este espacio, en septiembre de 2011 el edil de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, organizó un ejercicio de ratificación / revocación de mandato. Aunque la Suprema Corte de Justicia había declarado inconstitucionales estos procedimientos, modificó reglamento del ayuntamiento para incluirlo.
Los resultados de tal ejercicio no serían tomados en serio en cualquier otra democracia: participaron 17,952 votantes del ayuntamiento (el 10.14% del padrón), de los cuales el 95.18% lo ratificó, el 3% lo quería revocar y 1.8% de los votos fueron invalidados. En breve, ese golpe mediático y la incapacidad por parte de la clase política de Jalisco por desenmascarar la táctica hicieron que Alfaro fuese candidato para la gubernatura en 2012 y se convierta en un fuerte contendiente para 2018.
Dicho lo anterior, ¿cómo tomar la estrategia de Aguirre? Como lo que es: una forma de ganar tiempo. Por más que el gobierno de Guerrero y el PRD hable sobre su conveniencia, no se puede llevar a cabo por inconstitucional. Y aún si lo fuere la organización del mismo, sea de parte del INE o del gobierno de Guerrero, tomaría tanto tiempo que coincidiría con las elecciones intermedias de 2015.
Como se dijo al principio, no se puede llegar lejos al momento de buscar que se tome una decisión pública sin dudar de oficio de cuanto digan los gobernantes y representantes.
Por lo pronto el PRD tiene un dilema: operar la renuncia de Aguirre y discretamente poner un interino que ayude a distensar el ambiente como hizo el PRI en Michoacán, o mantener a un gobernador que le puede generar costos electorales considerables de cara a 2015.
