Ante la emergencia en salud que se vive en México por la epidemia de obesidad y diabetes y el alto consumo de bebidas azucaradas como una de sus principales causas, el impuesto al refresco y a las bebidas azucaradas fue propuesta al gobierno por el propio Relator de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Oliver de Shutter, por la Organización Mundial de la Salud a través de su representación en México, por el secretario general de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y por institutos y organizaciones nacionales e internacionales. El impuesto, argumentamos, tiene dos efectos: 1. Bajar el consumo y 2. Proporcionar recursos para prevenir y combatir los daños de la obesidad y la diabetes, en especial, para instalar bebederos y dispensarios de agua en todas las escuelas del país.
En relación al impacto en el consumo, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Centro de Población de Carolina de la Universidad de Carolina del Norte están realizando un estudio para estimar el efecto del impuesto de un peso por litro a las bebidas con azúcares adicionados.
“Los resultados preliminares muestran una reducción de aproximadamente 10 por ciento en las compra de bebidas azucaradas con impuesto en el primer trimestre del 2014 en comparación con el primer trimestre del 2013. Los resultados también muestran un aumento de alrededor de 7 por ciento en las compras de bebidas sin impuesto (como bebidas con edulcorantes artificiales, agua mineral carbonatada, agua simple, jugos sin azúcares adicionadas y leche sin azúcares adicionados) y dentro de esta categoría un incremento de aproximadamente 13 por ciento en la compra de agua simple, durante el mismo período de tiempo. Las compras de bebidas carbonatadas sin impuestos (bebidas con edulcorantes artificiales y agua mineral carbonatada) y otras bebidas sin impuestos (leches y jugos sin azúcares adicionados) no cambiaron en forma significativa”.
Estos resultados son preliminares; el equipo de investigadores está finalizando los análisis de datos y someterá los resultados finales para su publicación en una revista científica. Para los meses posteriores, habrá que evaluar el impacto de la intensa publicidad de estas bebidas durante el mundial de futbol que tuvo como uno de sus patrocinadores a Coca Cola y entorno al cual Pepsico desarrolló también una intensa campaña. Además de las multimillonarias campañas de Coca Cola con los nombres propios y de la introducción de Coca Life. Para ello habrá que considerar cuál hubiera sido el impacto en ventas si no hubiera estado el impuesto. La campaña con los nombres ha sido la más exitosa de Coca Cola para lograr aumentar sus ventas en naciones como Australia y los Estados Unidos, veremos cómo se comporta frente al impuesto.
En relación al destino de los recursos generados por este impuesto, el presidente Peña al presentar la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (31 de octubre de 2013) declaró: “Para potenciar el efecto favorable de esta reforma es de esperar que los señores Diputados también aprueben dentro del presupuesto una partida sustancial de la recaudación de estos impuestos al gasto en salud, a programas de prevención del sobrepeso y la obesidad, así como a medidas para incrementar el acceso a agua potable en centros escolares”.
Después, el Congreso, en la Ley de Ingresos 2014 (20 de noviembre de 2013) estableció, en relación al impuesto al refresco y la comida chatarra que: “El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 deberá prever una asignación equivalente a la recaudación estimada que corresponda a la Federación… para destinarse a programas de combate a la desnutrición, a la atención y prevención de la obesidad y enfermedades crónico degenerativas relacionadas, así como al acceso al agua potable en zonas rurales, en escuelas y espacios públicos”.
Más tarde, los legisladores, por unanimidad, votaron reformar la Ley de Infraestructura Escolar (7 de mayo de 2014) estableciendo que: “se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar…Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población”.
Sin embargo, a pesar de las “intenciones” y “compromisos” expresados por el presidente y el congreso, ninguno cumple. Si el presidente Peña estaba interesado en que el Congreso destinara una parte “sustancial” de lo recaudado por el impuesto al refresco y a la comida chatarra a la prevención de la obesidad y la diabetes y al acceso a agua potable en las escuelas, lo menos que podría hacer es instruir al secretario de Hacienda a destinar los recursos suficientes para este fin en su proyecto de egresos para el 2015. En cambio, el secretario Videgaray envío un proyecto que sólo asigna poco más de 1,200 mdp para bebederos (10% de lo que calculó el congreso debe invertirse para este fin) y poco más de 300 millones para prevención, una cantidad ridícula. Los costos totales de la obesidad se calculan en más de 80 mil millones anuales y se tiene la evidencia de que la prevención es la herramienta básica para combatirla.
Los legisladores a pesar de haberse comprometido a destinar recursos similares a los recaudados no lo hicieron en 2014. Ahora, no sólo tienen ese compromiso, acordaron por unanimidad reformar la Ley de Infraestructura Escolar para hacer obligatorios los bebederos y dispensarios de agua para todos los planteles escolares.
Al incumplir el ejecutivo y el legislativo en esta materia, están violando derechos fundamentales de la infancia a la salud, a tener acceso a agua para beber cuando se encuentran cautivos en los espacios escolares, a que la población sea reorientada en sus hábitos de alimentación de manera efectiva, a tener acceso a una alimentación suficiente y de calidad. Recordemos, como lo advirtió el secretario general de la OCDE, con esta epidemia no sólo no es viable el país en términos de salud, tampoco lo es en términos económicos, el sector salud ya está colapsado y cada vez es más la población económicamente activa que está enferma.
