En política el enfoque con el que se aborde un problema condicionará la calidad y viabilidad de las soluciones.
Si se percibe a la actividad como distante de la ciudadanía y a los gobernantes y representantes como depositarios del “destino de la Nación”, un “bien superior” o “los más elevados intereses de todos” (sea lo que fueren estas cosas), se generarán exigencias por lo general simplistas o sesgadas para algún grupo. Eso hace entre otras cosas que el debate sea altamente visceral y sus propuestas radicales y por ello imposibles de cumplir. Sin embargo estas visiones fortalecen a algunos líderes políticos que se amparan en el discurso “ciudadano”, al convertirse esa agenda maniquea en su caballo de batalla.
Al contrario si se parte del hecho de que un político, no importando el cargo que ocupe, es alguien que hizo de la cosa pública su vocación y que va a hacer o evitar todo aquello que le convenga y le permitan las leyes, entonces tal vez se puede plantar una solución concretable – o al menos un plan táctico para llegar a ese punto.
Lo anterior vine a cuento porque, como cada tres años, un grupo importante de secretarios de Estado, senadores, diputados y autoridades municipales solicitarán o han solicitado ya licencia de sus cargos para competir por otro. De hecho, el pasado lunes 6 el diario 24 Horas identificó a alrededor de 20 senadores y 50 diputados que se perfilan a dejar su puesto para competir por alguna gubernatura, diputación local o alcaldía en disputa durante 2015. A este fenómeno se le conoce “chapulinismo”. Más allá del enojo que a algunos pueda causarle, es necesario conocer sus causas para llegar a una solución adecuada.
¿Por qué “brinca” un político de puesto?
Como en cualquier profesión, un político tiene ambiciones y buscará cumplirlas según las reglas que le ofrece un sistema político. Por ejemplo, en los regímenes parlamentarios un joven ambicioso sabe que la única vía para ser primer ministro es a través de una carrera que inicie, se desarrolle y culmine en la cámara baja. Al contrario, en los sistemas presidenciales hay muchas vías para ser presidente, como (digamos) una gubernatura o una senaduría.
Sin embargo no todos los individuos tienen las mismas motivaciones. Por ejemplo habrá legisladores que busquen un asiento para promover un tema específico o se concentrarán en funciones al interior del órgano legislativo como la conducción de la mesa directiva. Es decir, la permanencia o no en un cargo determinado dependerá de muchos factores aparte de la capacidad para ser reelecto.
Con lo anterior dicho, un político puede pasar de un cargo a otro según convenga o no a sus fines particulares. Para decirlo de otra forma, podría pasar un cierto número de años en un congreso, luego en un ayuntamiento o incluso competir después para gobernador o presidente. El “brinco” a otro puesto es parte de sus cálculos para llegar al encargo que realmente ambiciona.
Si esto suena familiar a cuanto sucede en México, hay una diferencia sutil: en otras democracias el político debe tejer una reputación de credibilidad que sólo se logra compitiendo una o dos veces por el mismo encargo antes de ambicionar otro. Y cuando llega a ese punto es sujeto a un por lo general fuerte escrutinio, donde hasta el más pequeño error tendrá repercusiones.
¿Qué pasa en México?
Como en el resto del mundo, los políticos mexicanos buscan continuar con su carrera de acuerdo con las reglas vigentes. El problema es que nuestro sistema genera demasiadas distorsiones.
El principal, que se irá superando a partir de este año para autoridades municipales, 2018 para legisladores federales y legisladores locales a lo largo de este periodo, es la prohibición a la reelección inmediata. La razón hace que el “brinco” a otro puesto sea una necesidad para mantener una carrera. Si un político no se va a un puesto distinto termina su carrera; y tiene además que generar ingresos, como cualquier otra profesión. Por lo tanto buscarán la oportunidad donde se presente si saben que la duración de su mandato es limitada y no pueden hacer nada para ampliarla. De esta forma, lo que en otras naciones es táctica, aquí es una necesidad básica de supervivencia.
La imposibilidad para la reelección inmediata hace que un puñado de dirigentes partidistas tenga el control sobre las candidaturas – y las repartirán con base en la férrea lealtad que hayan mostrado quienes ambicionen un puesto. Por lo tanto, generalmente importa muy poco cuanto los legisladores hagan en su puesto. Respecto a las autoridades municipales existe un problema adicional: poco se puede lograr en tres años.
Si no hay continuidad o incentivos para trabajar, tampoco hay voto retrospectivo. Es decir, en lugar de votar por desempeño (como en cualquier otra democracia) todas las campañas se basan en promesas. No importa si el político ha pasado décadas en cargos de elección popular: siempre todo empieza desde cero cuando se trata de un cargo distinto al anterior.
Por si fuera poco existen restricciones para competir. En la mayoría de las democracias un político puede aspirar a un cargo ocupando otro. Eso facilita la vigilancia de la ciudadana, pues se encuentra expuesto a la evaluación. En cambio las fracciones VI de los artículos 55, 82 y 95 constitucionales obligan a un secretario de estado o legislador a separarse de su cargo meses antes de las elecciones.
Aunque se nos ha hecho creer que esta norma era para que un político no se aprovechase de su puesto (como si no lo hicieran todos a lo largo del mundo), fue introducida en la Constitución en 1933, al mismo tiempo que la no reelección de los legisladores y autoridades municipales. La razón: facilitar todavía más el control para quienes controlan las candidaturas.
Este problema se agrava todavía más con la normatividad electoral vigente, que restringe los tiempos de campaña y precampaña. Si un político debe rendir cuentas y mostrar que es una opción competitiva para sobrevivir, esta limitación no sólo favorece a quienes definen las candidaturas, sino que además se presta a la simulación.
Veamos esto de una forma más coloquial. ¿Qué harían ustedes si les ofreciesen un empleo que dura sólo un tiempo previamente definido, al término del cual no podrán quedarse hagan lo que hagan? Todavía más, ¿se quedarían al final si supiesen que hacerlo les restaría oportunidades para encontrar otro puesto? Tal vez el supuesto heroico es pensar que alguien siguiese una lógica distinta a la actual.
¿Qué se puede hacer?
Como sucede con una enfermedad, el problema puede abarcarse de acuerdo a la sintomatología o la raíz del problema.
De manera periódica se presentan ante el Congreso de la Unión (y supondría que también en los congresos locales) iniciativas contra el “chapulinismo”, donde proponen obligar a los legislados y autoridades municipales a terminar su gestión antes de aspirar a otro puesto. Naturalmente ningún legislador va a aprobar una iniciativa que limite de manera tan severa sus oportunidades laborales. Y menos si no les genera costos tomar una decisión, pues todos se van a otra parte al terminar sus mandatos: la falta de lo que llaman “voluntad política” es la excusa perfecta para nunca hacer nada. A fin y al cabo, ¿qué puede hacer el ciudadano contra ellos si no hay forma de castigar eficazmente esta y otras conductas?
La otra solución es pensar tácticamente y preguntar el “por qué” de un problema. Si ellos actúan como lo hacen porque no les genera costos o beneficios actuar de otra forma, es conveniente presionar primero para que haya responsabilidad política. Esto significa la posibilidad de que premiemos o castiguemos a nuestras autoridades a través de darles o no la continuidad al competir por el mismo puesto. Como todo en diseño institucional, esta reforma traerá efectos esperados, inesperados y quizás hasta indeseados. Sin embargo, a través de los errores y aciertos el ciudadano aprenderá a ejercer sus derechos con responsabilidad.
