Por Mariana Mora.
Mientras el ejecutivo e integrantes del poder legislativo celebran la promulgación de las leyes secundarias en materia energética e insisten que las reformas más importantes de las últimas décadas traerán mayor desarrollo y beneficio económico a la nación, observamos con extrema preocupación una tendencia creciente de criminalizar a líderes comunitarios indígenas y campesinos que emprenden luchas colectivas en defensa de sus tierras, territorio y recursos naturales. Así es el caso de Mario Luna, integrante de la Tribu Yaqui, que fue detenido el pasado 11 de septiembre por policías estatales vestidos de civiles quienes lo subieron a una camioneta Pick Up sin marcas oficiales. A menos de una semana, el 17 de septiembre, el juez tercero de primera instancia dictó auto de formal prisión en contra del dirigente de la Tribu Yaqui, quien es acusado de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad por hechos ocurridos en junio 2013. Organizaciones de derechos humanos sostienen que las acciones del poder judicial tienen como fondo motivos políticos, ya que no existen elementos legales.
Mario Luna es el actual secretario de las autoridades tradicionales del Pueblo de Vican de la Tribu Yaqui, que desde 2010 emprende una lucha en el estado de Sonora en defensa del agua del Río Yaqui - una parte importante se encuentra dentro de los límites de su territorio - y contra el Acueducto Independencia en la represa Novillo. La Tribu argumenta que el acueducto representa una amenaza a su cultura, identidad y forma de vida. Llevan más de cuatro años organizando acciones jurídicas y protestas políticas para detener la construcción, exigir una evaluación de impacto ambiental y defender su derecho a consulta para obtener el pleno consentimiento previo e informado de la comunidad. Cabe señalar que hasta la fecha el gobierno ni ha obtenido dicho consentimiento, ni ha parado la construcción del acueducto.
La cancelación del proyecto como parte de una defensa integral del territorio, es una lucha vital no sólo para la Tribu Yaqui sino para todos los pueblos indígenas y campesinos que emprenden acciones, de distintos grados y estrategias de resistencia, a lo largo del país. Quizás por lo mismo, funcionarios públicos decidieron activar un estrategia política que reproducen una y otra vez – la detención de uno de los líderes de un movimiento social.
Podemos pensar en la detención de Ignacio Del Valle cuando el ejido de Atenco resistió en 2006 contra la expropiación de sus tierras de cara a planes de construcción de un nuevo aeropuerto, lucha que se encuentra nuevamente en alerta con el anuncio recién de Peña Nieto de que el proyecto de infraestructura de su sexenio será realizar este proyecto sobre tierras en el lago de Texcoco. Fue una estrategia que se repite en el caso de la detención de Marco Antonio Suástegui, uno de los dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), detenido por elementos de la Policía Ministerial el pasado junio, acusado de una probable responsabilidad en la comisión de diversos ilícitos. La Cecop lleva más de una década luchando contra la represa, proyecto que se encontraba hasta hace poco suspendida pero que se volvió a activar este año. Y en la detención de la zapoteca, Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México (Red IIPIM), quien está siendo procesada en el juzgado sexto de distrito en el estado de Oaxaca, acusada de los delitos de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y la riqueza nacional. Bettina, junto con la Asamblea, llevan desde 2007 luchando contra proyectos eólicos en sus tierras y territorios de Istmo.
Cada uno de estos casos evidencian un patrón casi idéntico de acciones estatales. En momentos coyunturales culminantes para una organización o movimiento, se liberan ordenes de aprehensión contra sus líderes, cuyo impacto consiste en forzar al movimiento a actuar en dos frentes de manera simultánea: por un lado, seguir luchando para cumplir con el objetivo principal de detener megaproyectos de desarrollo o el despojo por parte de grandes empresas; por el otro, dirigir sus esfuerzos, tiempo, energía y recursos a liberar a sus presos políticos.
La intencionalidad de dispersar los esfuerzos de un actor político colectivo mediante la liberación de órdenes de detención fue una de las conclusiones a las que llegamos los integrantes del Seminario Sobre el Uso Crítico del Derecho, espacio interdisciplinario coordinado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Fundar, Centro de Análisis e Investigación y la Universidad Michoacana. El seminario reúne tanto a académicos como defensores de derechos humanos de distintos estados, para analizar y discutir a fondo las estrategias jurídico – políticas de casos particularmente de pueblos indígenas, al igual de la multiplicidad de reacciones de las dependencias gubernamentales. Tras una revisión de los casos presentados a lo largo de un año y medio de sesiones, no solo identificamos esta tendencia de criminalización de organizaciones en coyunturas clave, sino lo efectivo que puede llegar a ser activar redes y alianzas de diversos actores para crear un contrapeso de presión política que logra impactar en ambos frentes de manera efectiva.
Es ahora la tarea prioritaria que tenemos por delante, un tarea que encabeza el propio Mario Luna, quien en calidad de preso de conciencia, como el mismo se ha etiquetado, junto con sus representantes legales, Centro Mexicano de Derechos Ambiental A.C., Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones y redes de derechos humanos han estado circulando en estos días acciones urgentes. Insisten en que las autoridades garanticen su derecho a un juicio justo y respetar que Mario Luna Romero no sea objeto de cargos penales de motivación política. Al mismo tiempo se exige el derecho de toda la comunidad Yaqui de protestar de manera pacífica contra el Acueducto Independencia. Es la responsabilidad de todos monitorear y exigirle a las autoridades que así sea.
