Por José Knippen, investigadora del proyecto de migración en Fundar.
El pasado 18 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en la Ciudad de México su informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”. Con la publicación de este informe, la CIDH expresa su preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad de las personas migrantes en México, “una de las principales tragedias humanitarias en la región”. En tanto, la estrategia propuesta recientemente por el gobierno en relación con la frontera sur, muestra un contraste alarmante con las recomendaciones que hace la CIDH a México.
En su informe, la CIDH aborda la migración desde todas sus dimensiones (destino, origen, tránsito, retorno, migración interna y desplazamiento), y hace un reconocimiento especial al trabajo de la sociedad civil y a las y los defensores de derechos humanos de migrantes en México. Entre las 39 recomendaciones que realiza la CIDH destaca la urgencia de garantizar los derechos de migrantes como víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Frente a las diversas formas de violencia que afectan a los migrantes (robos, extorsiones, secuestros, trata, asesinatos, desapariciones, entre otros), recalca la importancia de una política de seguridad ciudadana para la población migrante y en el contexto de la movilidad humana. En la presentación, el Relator sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, Felipe Gonzalez, expresó que México tiene responsabilidades, independientemente del actuar o no de otros países. Destacó que para algunos temas se necesita voluntad política, y que muchos otros temas no dependen de si hay o no recursos.
El contraste de estas recomendaciones y la recién presentada “Estrategia de Atención Integral a la Frontera Sur” del gobierno mexicano, no pudo ser mayor. Esta estrategia, que consiste en el Programa Frontera Sur y la Coordinación para la Atención Integral de la Frontera Sur, se enfoca en el control del flujo migratorio a través de la coordinación interinstitucional entre autoridades federales, estatales y municipales en la zona. No queda claro cómo subsanará la corrupción en los distintos niveles del mismo gobierno. Preocupa también el enfoque de la colaboración policial, si ya hemos visto que el mayor despliegue de fuerzas policiales y militares no disminuye la violencia. Otro aspecto de la estrategia que no se informado públicamente, es el eje de desarrollo de la zona frontera sur. Probablemente esto significa que se priorizará, como ha hecho la actual administración con sus reformas recientes, la inversión privada en los estados y municipios fronterizos, mientras se abordarán problemáticas sociales con una perspectiva asistencialista.
El eje de la estrategia para la frontera sur que busca controlar el flujo migratorio, ya está empezando a operar: se han hecho varias declaraciones sobre el tren de carga (también llamado “la Bestia”), y se han realizado operativos en lugares donde los migrantes suben al tren. Estas acciones se basan en dos ideas erróneas: la primera, que el problema sea el tren. Si pensamos que el problema es el tren, no vemos las causas de la migración y nos quitamos de responsabilidades, mientras aumentamos los riesgos para los migrantes. La segunda es la intensificación de la colaboración entre autoridades migratorias y fuerzas de seguridad es un error, si son instancias con problemas estructurales de corrupción y falta de controles que requieren reformas de fondo. En este sentido, la estrategia para la frontera sur parece ser un reflejo del doble discurso frente al fenómeno migratorio que incluso la CIDH esperaba que ya se hubiera superado. Se trata de una política reactiva que dice regirse por principios de derechos humanos, mientras de facto prioriza el control y en la práctica implementa prácticas persecutorias, con o sin ley en la mano.
Por último, preocupa que con la estrategia para la frontera sur, se le esté quitando importancia al Programa Especial de Migración. El PEM, que existe por primera vez en la historia del país y que es resultado de la lucha de más de 80 organizaciones, busca articular a todas las instancias públicas que intervienen en el tema migratorio. Ojalá desde la Presidencia se reconsidere la estrategia para la frontera sur, y se tome muy seriamente la invitación que hizo la CIDH de “colaborar con el Estado mexicano en la búsqueda de soluciones a los problemas identificados, y (…) acompañar al Estado en la implementación de las recomendaciones para que éstas sean efectivas”.
