El lunes pasado, el mismo día del informe presidencial, el INEGI dio a conocer un reporte sobre el trabajo infantil en México. Lejos de ser un fenómeno en camino a erradicarse, el trabajo infantil es algo muy presente en el país.
Según los datos presentados, en México hay 29.3 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. De este total, 2.5 millones realizan alguna actividad económica: 1.7 millones hombres y 800 mil mujeres. Si lo vemos por edad, 746 mil menores trabajadores tienen entre 5 y 13 años de edad y 1.8 millones tienen entre 14 y 17 años.
Casi nueve de cada cien menores de este país realizan algún trabajo; y prácticamente la mitad (46 por ciento) lo hace sin recibir ninguna remuneración a cambio.
Si vemos las razones que los propios menores alegan para trabajar, “para los hombres el motivo principal es que el hogar necesita de su trabajo (22.9%), mientras que para las mujeres se trata de una actividad que la realizan por gusto o sólo por ayudar (29.0%). En segundo orden, tanto en los niños (21.6%) como en las niñas (26.7%) están las razones de pago de la escuela y gastos personales; en la tercera posición en los niños (19.1%) figura el gusto o solo por ayudar y en las niñas (21.6%) el hecho de que el hogar necesita de su trabajo”.
Por otro lado, más de 20 millones de nuestros niños, niñas y adolescentes realizan tareas domésticas en sus hogares. Mientras que 27.2 millones (el 92.8 por ciento del total) estudia.
Resulta interesante también ver las causas por las que más de dos millones de menores no asisten a la escuela. La principal tiene que ver con la falta de interés o aptitudes (38.6% de los hombres y 27.6% de las mujeres). La segunda razón que aducen tiene que ver con la falta de recursos económicos (18.6% en hombres y 23.4% en mujeres) y luego –en el caso de los hombres— es porque tienen que trabajar (18 por ciento).
Todo esto debe ligarse con dos fenómenos que actualmente están en el debate público.
El primero es la iniciativa preferente que envió el Presidente Peña a la Cámara de Senadores el mismo primero de septiembre. Se trata de la Ley General para la protección de niñas, niños y adolescentes, cuyo objetivo es “garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción” de los derechos de los menores. El segundo es el debate impulsado por el Jefe de Gobierno sobre el salario mínimo.
Estos dos proyectos ilustran, por un lado, la necesidad de contar con mejores instrumentos legales y políticas públicas para proteger a nuestra niñez (la violación diaria de sus derechos nadie la pone en duda); y por el otro lado, es evidente que el gran deterioro que ha sufrido el salario mínimo en los últimos años es una de las razones por las que muchos menores tienen que contribuir al sustento del hogar.
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