Ximena Antillón Najlis, investigadora del área de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
El pasado 21 de agosto la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación informaron que, tras un proceso de depuración de la base de datos de personas “no localizadas” creada en 2011, la cifra actual de personas es de 22,322, sumando las desapariciones en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
El gobierno federal llegó a esa cifra de personas “no localizadas” con los siguientes hallazgos: tras la depuración, el número de personas no localizadas durante el sexenio de Felipe Calderón ascendió a 29,707 de las cuales 16,274 fueron localizadas con vida y 901 personas muertas, es decir que dejó sin resolver el paradero de 12,532 personas desaparecidas.
La cifra, que refleja un problema estructural y una crisis humanitaria, escandaliza aún más cuando comprobamos que en menos de dos años de gobierno, la actual administración ha sumado ya el 78% de las desapariciones en relación al anterior sexenio. Desde diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014 se reportan 23,234 personas desaparecidas, de las cuales 13,444 fueron localizadas -con vida 12,821-, pero continúan desaparecidas 9,790 personas.
Si bien reconocemos el esfuerzo de las autoridades por organizar registros de datos sobre una problemática tan grave como la desaparición de personas, también es importante señalar una serie de preocupaciones que se derivan de la manera en que están generando y presentando estos datos, mismos que a continuación referimos:
Falta de datos abiertos e información estadística que permita establecer patrones y entender el fenómeno de la desaparición de personas. En el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), no está disponible la base de datos completa ni los datos desagregados. Al contrario, para acceder a la información, la persona usuaria necesita proporcionar datos, tales como: Folio, rango de fecha de inscripción, nombre y apellidos. Es decir, la información no permite establecer patrones para comprender el fenómeno de las desapariciones ni orientar la búsqueda y la investigación.
Definición de personas no localizadas excluye el secuestro e invisibiliza las desapariciones forzadas o involuntarias. La definición de “personas no localizadas” no toma en cuenta los estándares internacionales en materia de desaparición forzada y excluye los casos de secuestro, a pesar de que muchos casos de personas desaparecidas son clasificados, de esta manera y por lo tanto no están reflejados en las cifras de personas no localizadas. Una pequeña muestra de esto es que de los 35 casos que Fundar asesora en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 26 no aparecen en el RNPED (el 74%). Además, el RNPED no incluye los casos en el fuero federal (PGR).
Alarmante incremento de las cifras de personas desaparecidas y falta de esclarecimiento de los casos. Las cifras oficiales indican que en la administración actual existen 9,790 personas desaparecidas, lo que constituye el 78% respecto de las desapariciones registradas durante los seis años de la administración de Felipe Calderón (12,532). Además, las autoridades no brindaron información en términos de investigación y procuración de justicia se desconoce el número de casos cuyos responsables han sido llevados ante la justicia y han recibido una condena. Es decir que, la base de datos sólo informa sobre aquéllas personas cuyo paradero se desconoce pero no refiere la efectividad de las autoridades para brindar verdad, justicia y reparación.
Excluye a las víctimas de desaparición forzada durante los años 60´s, 70´s y 80´s. En el RNPED no están incluidas las personas cuya desaparición inició antes de 2006. Sin embargo, dado que la desaparición forzada es un delito continuado y que las víctimas no han sido encontradas, estas mantienen la calidad de desaparecidas y deberían estar reflejadas en dicho registro.
La metodología de la depuración y cómo se aplicó en cada caso no es clara y no se cuenta con información suficiente al respecto. Las autoridades precisaron que las acciones para la depuración incluyeron el establecimiento de contacto con los familiares para actualizar la información sobre las denuncias de personas no localizadas, mediante llamadas telefónicas y visitas domiciliarias; identificación de posibles homonimias o duplicidades contenidas en los registros de dos o más procuradurías o fiscalías locales, y el cruce de información con bases de datos de otras dependencias o instituciones. No obstante, se desconoce cuántas personas fueron localizadas a través de cada una de estas acciones, cómo y en dónde fueron encontradas. La falta de claridad en la metodología ha generado la percepción en las víctimas y organizaciones de la sociedad civil de que el gobierno busca “desaparecer a los desaparecidos” y reducir las cifras.
Bajo esta realidad, es fundamental que la PGR, la SEGOB y otras instancias involucradas redoblen los esfuerzos para contar con un registro sólido que permita dimensionar el problema y guiar acciones de prevención, así como una política de Estado de búsqueda e investigación.
Algunas de esas medidas incluyen que la base de datos del RNPED sea elaborada bajo los estándares de datos abiertos; que se incorporen estándares internacionales en materia de desaparición forzada; que se brinde claridad en la metodología utilizada; esclarecimiento de los hechos y sanción a los responsables.
Sin estas medidas mínimas llevadas a cabo con la debida transparencia y rendición de cuentas ciudadana, difícilmente existirán condiciones para la construcción de confianza y legitimidad del Estado hacia las víctimas.
