“Escuchar para legislar” es el eslogan del Congreso del estado de Sinaloa. Está impreso en anuncios espectaculares y resuena fuerte y claro en los spots de radio. Ese congreso que justo la semana pasada aprobó, sin consultarle a nadie y en el cuerpo de una reforma a la ley de la Procuraduría del Estado, el artículo 51 Bis, cuya redacción sorprendió hasta a los mismos diputados que lo votaron en vergonzosa unanimidad.
El artículo mencionado restringe el derecho a la información de los ciudadanos sinaloenses en materia de seguridad. Establece que en ningún caso los medios podrán ingresar a los lugares de los hechos (lo que sea que eso signifique) y tendrán que informar sólo a través de boletines autorizados por el Procurador, además estarán impedidos de manejar todo tipo de información relacionada con el tema. En suma, acallar a los medios y establecer la versión oficial como versión única.
La ley fue recibida con sorpresa mayúscula por el gremio: de verdad no podíamos creer (y me incluyo en mi carácter de directivo del periódico Noroeste) que nuestros “representantes ciudadanos” nos pasarán por la cara una ley con todo el tufo autoritario.
Las reacciones se dieron de inmediato y en la medida en que la Asociación de Periodistas A.C. y la Asociación 7 de Junio endurecían el tono del reclamo, a los legisladores se las hacía bolas el engrudo. Casi de inmediato expertos como Marco Lara y Ernesto Villanueva señalaron el carácter retrógrada de la ley y la violación del derecho humano a la información. La organización Artículo 19 emitió un posicionamiento y Darío Ramírez, su Director, llamó a la movilización y defensa del gremio por la vía legal a través del amparo.
La nota trascendió del recinto legislativo a todo el estado, al resto del país y hasta en la BBC o CNN puede leerse ya el caso de la #LeyMordazaenSinaloa. El gobernador no aguantó la presión y el jueves por la tarde-noche envió un comunicado para decir que estaba abierto a la crítica y a la reconsideración de dicha ley, a pesar de que en la edición vespertina del Periódico Oficial del miércoles ya había sido promulgada. No así, por ejemplo, la ley que dota de autonomía a la CEAIPES y que se había votado el mismo día. La prisa no era la misma.
Ya con la olla en plena explosión, el Congreso del Estado llamó a rueda de prensa el viernes 1ro de Agosto a las 5.30 pm. Apenas dos días después, anunciaron que el próximo 21 de agosto, una vez que volvieran de vacaciones, derogarían el artículo 51 Bis. Durante los dos días de discusión, el Presidente del Supremo Tribunal de Sinaloa, Enrique Inzunza brilló por su ausencia.
¿Fin de la historia? Por supuesto que no. Tras el anuncio, la Dirección de Comunicación Social se reunió el lunes temprano con los Presidentes de la Asociaciones para proponer una redacción alterna al 51 Bis. Mientras tanto, en un hecho inédito en todo el país, el gremio periodístico se reunió ese mismo lunes al mediodía en un café del centro de Culiacán. El resultado fue una estrategia para exigir la derogación y conseguirla.
Ese mismo día, con el olfato político que lo caracteriza, el Gobernador Mario López Valdez volvió a reunirse con los Presidentes de las Asociaciones y allí frente a todos los reporteros de la fuente, enseñó la astucia y en afán de desactivar el explosivo, firmó una iniciativa para la derogación. Aún así, el gremio publicó el día martes 5 de Agosto un amplio desplegado para fijar una postura que exige con firmeza la derogación y no la adecuación del artículo en mención. El texto iba dirigido, no al gobierno, sino a la sociedad civil organizada. Hoy jueves, desde las 9 am, se realiza una marcha a nivel estatal para defender el derecho de los ciudadanos a saber y para exigir la derogación del 51Bis. La #LeyMordaza le dio ya la vuelta al mundo montada en Twitter, Facebook y las plataformas de los medios de comunicación.
El asunto sigue en suspenso y seguirá hasta que el Congreso del estado regrese de vacaciones. ¿Cumplirá su compromiso? Lo dudo mucho y por eso creo que vale intentar una reflexión para inaugurar este espacio de opinión en SinEmbargo.mx y extraer las lecciones que nos ha dejado la #LeyMordaza.
Primero, habría que preguntarse ¿en qué momento apareció la redacción del artículo 51 Bis en el cuerpo del dictamen de la Ley de la PGJE? Si bien la iniciativa provenía del Ejecutivo, el artículo se siente a todas luces “incrustado”, no guarda relación con el resto de la redacción y es, evidentemente, anticonstitucional. ¿Quién lo redactó? Es una pregunta cuya respuesta clara merecemos y sirve para detectar al autor de la tentación autoritaria. Hasta ahora Mario López Valdez no se ha llamado a sorprendido mientras que Gerardo Vargas, Secretario General de Gobierno y el Procurador Marco Antonio Higuera callan.
Segundo, todos los diputados votaron la ley a favor. Lee usted bien to-dos y ca-da uno. La unanimidad nos dice que, si la leyeron, vaya representantes ciudadanos que tenemos y, si no la leyeron, pues… mucho peor. Aquí la evidencia que entre la pereza, el desaseo y la falta de profesionalismo se manifiesta la nula división de poderes en nuestro estado. Tenemos un Legislativo “cortesano” que palomea lo que el Ejecutivo le envía. Así sin contrapesos, así sin dignidad institucional alguna.
Tercero, y acaso la mejor de las lecciones. La presión ciudadana funciona, por lo menos hasta ahora. De no ser por que la reportera de Noroeste, Claudia Beltrán detectó que en la iniciativa recién votada se había incluido el 51 Bis que amordazaba a los medios del estado, lo que sirvió para que el resto de los diarios, estaciones de radio y portales electrónicos de inmediato reprodujeran y documentaran el hecho desde todos los ángulos, la presión no hubiera llegado a los niveles que atestiguamos.
La #LeyMordaza sirve de ejemplo y hasta como caso de estudio para documentar la dinámica de incidencia de la sociedad civil organizada frente a los atropellos del poder. En “Movimientos sociales, derechos y nuevas ciudadanías en América latina”, una compilación del Centro de investigación FUNDAR, Cécile Lachenal y Kristina Pirker reflexionan sobre los nuevos alcances del concepto de ciudadanía y dan cuenta de la manera en que individuos y colectividades que buscan ejercer sus derechos y aspiran a ensanchar su margen de acción para relacionarse con el Estado sin intermediarios para hacerse escuchar y levantar “la voz”.
Nos dice Michael Ignatieff en “El mal menor” que para que la democracia funcione, la desconfianza es importante. El procedimiento contradictorio democrático que obliga al estado a acotar sus decisiones de poder requiere que, ante toda tentación autoritaria, primero el Congreso y luego los Tribunales deben funcionar de contrapeso. Y ante la ausencia de ellos, son los Medios de Comunicación y los Ciudadanos los obligados a hacerse presentes.
Pues bien, ese es el triste caso de Sinaloa en esta coyuntura. La #LeyMordaza sirve de metáfora dolorosa para recordarnos que en nuestro estado, así como en Puebla o en Chiapas, ese procedimiento democrático no existe. Asistimos a la evidente abdicación de los Poderes Legislativo y Judicial frente al Ejecutivo. Vivimos pues, una democracia simulada.
El sábado, las asociaciones de Periodistas de Sinaloa y 7 de Junio hicieron pública su intención de recurrir al amparo. La decisión me parece acertada, podemos celebrar -sin cantar victoria- que en el complejo entramado para construir a favor de nuestra incipiente democracia, son los ciudadanos y los medios de comunicación la única esperanza de este país para que partidos políticos, legisladores y gobernantes corrijan sus acciones y tengan claro su carácter de servidores públicos.
Para concluir, vale recordar que la seguridad es el problema más grave de Sinaloa. De acuerdo con el índice de Paz de la ONU, Sinaloa es el estado que más ha deteriorado su calidad de vida en la última década como consecuencia de la inseguridad y la violencia. No solo estamos muy mal, sino que apenas avanzamos. La inseguridad es un problema complejo, involucra a muchos actores interrelacionados y evoluciona constantemente; a este tipo de problema no se les combate con sentido común, sino desde el conocimiento experto, la discusión profunda y abordajes transdisciplinarios. Bajo esa premisa, el silencio es el peor de los caminos para salir de un problema que precisa, justamente, lo contrario: la construcción de una discusión amplia, informada y sofisticada del problema desde todos los actores de la sociedad a través del diálogo. Actores como el estado, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, los medios de comunicación. El 51 Bis cancela de un plumazo la posibilidad de este diálogo.
La #LeyMordaza exhibe la profunda frivolidad de quienes integran el Gobierno de Sinaloa. No entienden que el periodismo es un bien público. Criminalizar la tarea de informar entraña la restricción de las libertades. Tanto el Ejecutivo con Mario López Valdez, como el Legislativo en voz de Jesús Enrique Hernández, muestran una total incomprensión del mayor problema del estado que pretenden gobernar, la seguridad. Siempre será más fácil apostar por el atajo que hacer la tarea: si el atajo es la censura, habría que legalizarla. Pero establecer un debate abierto y sofisticado, definir estrategias integrales, reducir la impunidad, aplicar justicia, construir legalidad, representan el camino largo. La solución de futuro que no están dispuestos a llevar a cabo. Vamos, ¡qué flojera! Mejor sucumbir a la tentación del silencio.
EL BURÓ.
“El peso de la Responsabilidad”, Taurus, 2014. Tony Judt, nos ayuda a comprender la importancia de la valentía moral, el compromiso político y la responsabilidad intelectual en tiempos difíciles.
*A Jorge Zepeda, Alejandro Páez y a todo el equipo de Sin Embargo por la oportunidad y el honor para contar con este espacio de opinión ¡Muchas Gracias!
