Por Jose Knippen, investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas.
Lo que está sucediendo con los menores migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, no es algo nuevo. Sabemos desde hace mucho tiempo lo que pasa en nuestros países vecinos y sabemos que su población es joven. Migran, huyen, son desplazados. Solos, juntos, embarazadas, con familiares cercanos o familiares lejanos. Con guías, polleros o coyotes. Como pueden, buscan cruzar a Estados Unidos.
Haré un recuento. Desde hace apenas dos meses empezaron a llegar noticias de centros de detención migratoria llenos de niños centroamericanos. El mundo se indignó por las condiciones de hacinamiento en las que se encontraban, y los menores fueron alojados en nuevos centros improvisados y otros fueron enviados con sus familiares para esperar un juicio de deportación. El presidente estadounidense Barack Obama se apresuró en enviar a su vicepresidente Joe Biden para hablar con los gobiernos centroamericanos y declaró que se agilizarían los juicios y los procedimientos de deportación. México por su parte, anunció medidas para evitar que los migrantes suban al tren conocido como “La Bestia”, implementó un nuevo programa para la frontera sur y una nueva Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, algo que probablemente ya se venía preparando pero se aprovechó la coyuntura para anunciarlo con bombo y platillo.
Hay que recordar que la historia de la migración en la región tiene mucho más que un par de meses. En México, la falta de empleo, el despojo del campo, el aumento de precios en la canasta básica y el incremento de la violencia en los últimos años, entre otros factores, obligó a que millones de mexicanos migraran hacia Estados Unidos. La política migratoria mexicana ha obedecido a momentos coyunturales que ha vivido el país, como por ejemplo; el programa bracero, la década de los ochenta cuando Salinas de Gortari comprendió que los migrantes podían influir en la política interna y se dieron cambios legislativos en Estados Unidos; y el impulso que otorgó Fox al llamar héroes a los mexicanos que vivían en Estados Unidos. El costo de la pérdida de generaciones de mexicanos en edad laboral fue capitalizado por las diferentes administraciones del gobierno mexicano, porque las remesas enviadas representaban una importante entrada de divisas y el sustento económico de muchas familias mexicanas. Ante este esquema, la política fue estrechar los vínculos a través de acciones a favor de los derechos de los mexicanos en el exterior.
Sin embargo, paralelamente a los flujos de mexicanos hacia Estados Unidos, migrantes centroamericanos también trataban de cruzar la frontera. Ante esta situación, la reacción del gobierno mexicano fue establecer mayores restricciones para controlar este flujo. Hasta la fecha todavía se tienen muchos claroscuros en cuanto a la actual política hacia los migrantes centroamericanos, que por un lado ha avanzado hacia un reconocimiento formal de derechos (principalmente por demandas desde la sociedad civil), pero por otro lado se siguen vulnerando estos derechos a través de los operativos, la detención y la deportación casi automática. Las nuevas acciones anunciadas parecen ser una continuación de esta política, intensificada para responder a la presión de Estados Unidos. No obstante, estas medidas no desalentarán la migración porque las causas, como la pobreza y la violencia, persisten.
Los patrones de la migración cambian. Ahora son muchos más los menores de edad de Centroamérica que viajan a Estados Unidos como pueden, aún sabiendo que hay riesgos. Los problemas estructurales no cambian, porque no hay respuestas estructurales. Entonces ¿cómo debe responder el gobierno mexicano a la actual situación de los menores centroamericanos que pasan por México? La regularización siempre es la mejor opción y más para una región azotada por violencia y corrupción. La detención migratoria tiene que ser la excepción en las cifras, no sólo en el discurso.
Adicionalmente a lo anterior, se deben buscar soluciones que vayan más allá de la actual capacidad de respuesta de las instituciones y sus atribuciones. Para las poblaciones en migración forzada, tenemos que explorar soluciones entre dos marcos conceptuales y legales, es decir, entre el marco para asilo/refugio y el de migrantes. Al hablar de “niños no acompañados”, término usado por organismos internacionales, como UNICEF y la Cruz Roja Internacional, parece estarse ampliando el marco de referencia hacia el humanitario, sin embargo, esto todavía no se ha traducido en medidas de protección integral para la toda la población que las necesita. Así, México todavía puede decidir cómo quiere que se vea reflejado su papel en la historia en esta “crisis humanitaria”.
*Agradezco a Jorge Andrade por compartir sus reflexiones.
