Cada vez que escucho: “Agarramos a 15 presuntos narcotraficantes... un homicida, un violador, tenemos a la banda de los Panchitos... la Procuraduría detiene a 10 integrantes de la banda...” Pienso otra vez los presentaran ante los medios, como culpables, pondrán en una mesa los supuestos objetos incautados (armas, drogas, dinero, etcétera) y sin respetar en ningún momento la presunción de inocencia ni el derecho a la privacidad, la identidad de los sujetos será difundida en todos los medios de comunicación.
¿Por qué se difunde la imagen de su cara y sus datos personales si en ningún momento han sido declarado como culpables? ¿qué pasa si después del juicio no tienen responsabilidad alguna? ¿cómo puede el Estado resarcir el daño causado? En ningún momento he visto en la televisión o en periódicos notas como: “el Estado se disculpa pues x personas no eran culpables, aquí les presentamos su imagen... así como lo hicimos cuando fueron aprehendidos”
Entre uno de los múltiples casos en los que a diario se viola el derecho a la privacidad de los detenidos y se les presenta ante los medios de comunicación, está el de Jacobo Tagle Dobín. Este individuo, fue detenido en 2010 por el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace. Independiente a todas las violaciones e irregularidades que se han cometido en su proceso, en el momento de su presentación como presunto culpable ante los medios, en cadena nacional se mostró su imagen violando su derecho a la privacidad así como la presunción de inocencia. Fue un acontecimiento que tuvo muchos espectadores pues la madre de Hugo llevaba 5 años haciendo del supuesto caso de secuestro y homicidio de su hijo, un asunto mediático.
No bastó con mostrar su imagen en todos los medios del país, sino que después de un interrogatorio, conducido no por las autoridades sino por la Sra. Isabel Miranda, ésta pidió que se le levantara la playera y se mostrara ante todos los periodistas que el detenido no tenía muestras de tortura. El procurador accedió y violando su integridad física así como los demás derechos del detenido, los elementos de seguridad realizaron lo que la Sra. había solicitado.
Otro caso que me indigna profundamente es el de Carlos Álvarez, persona acusada de secuestro quien lleva ocho años en la cárcel injustamente. El fue detenido sin orden de aprehensión junto con sus padres; después de 8 horas de mantenerlos “secuestrados” por la policía pues no existía ningún papel que justificara su detención y de una continua tortura para que se autoincriminaran fueron presentados ante el M.P.
Cuando lo presentaron ante la prensa, lo vincularon a una banda de secuestradores conocida como Los Fedes, sus papás dicho por los policías como “no encajaban con la edad de los miembros de la banda” no fueron presentados en televisión ni en las noticias, sin embargo, Carlos tenía la edad perfecta para ser un Fede y así ante miles y miles de mexicanos fue etiquetado como parte de una banda de secuestradores; con foto, nombre, santo y seña.
La “justicia” mexicana ha destrozado la vida no sólo de Carlos sino de toda su familia, han perdido todo: bienes, estabilidad emocional y psicológica, salud, trabajo, carrera, futuro, reputación, etc. Lo único que no han perdido es la esperanza de ver a su hijo en libertad. Si el lector quiere saber más de este caso puede leer artículos anteriores o contactarme por Twitter.
Todas las personas tenemos el derecho a la privacidad así como al adecuado tratamiento y la protección de sus datos personales (artículo 16 Constitucional), sin embargo, aún y cuando se encuentra fundamentado en la Carta Magna de México, es una práctica común presentar a las personas recién detenidas que son acusadas de delitos, principalmente en cuanto a drogas se refiere. Las imágenes, vídeos y datos generales (nombre, edad, ocupación) son difundidas a través de televisión, periódicos, páginas de internet, etc. Dentro de esta práctica común además de presentar sus datos, se les vincula “presuntamente” con algunas bandas delincuenciales, sin que exista una investigación que lo corrobore.
Marco Lara, autor del libro “No más pagadores”, establece que los periodistas en general dependen mucho de la información que les brinda la autoridad y que por lo tanto al difundir una noticia en la que se incluye la comisión de un delito y un detenido, se da por sentada la culpabilidad de la persona que se encuentra en custodia: “No consideran, por ejemplo, si la persona que «presenta» la autoridad podría ser inocente, si fue sometida a tortura para autoincriminarse, si dispone de un abogado y si le fue informado su derecho a no declarar”.
Las «presentaciones» de detenidos, constituyen el más grosero y flagrante escenario de violación del principio de presunción de inocencia, y en muchos casos podrían significar la comisión de un delito en flagrancia por servidores públicos pues podrían cometer abuso de autoridad. Pero independientemente de esta legislación, aún y siendo una constante la presentación de detenidos como culpables, no existe hasta el momento ningún averiguación previa contra las autoridades.
El día que se investigue primero y después se castigue, tendremos en México verdadera presunción de inocencia, por lo pronto sólo existe en las leyes.
@criminologiamex
