Hace seguramente más de 20 años, el eminente doctor Héctor Bourges Rodríguez, entonces –y ahora— director de la división de Nutrición del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán me dijo muerto de risa que eso de los “alimentos chatarra”, que por aquellos días empezaba a manejarse en los medios, era una vacilada. “Es una aberración que se contradice en sí misma”, precisó. Una estupidez, diría yo. Ningún alimento, si lo es, puede ser considerado basura, escoria o desperdicio, ilustró el investigador. “El problema de las papas Sabritas –me puso como ejemplo—  no es que sean una chatarra. Por supuesto que son un alimento y tienen un valor nutritivo. Lo que pasa es que su precio resulta desproporcionadamente alto”.  Eso mismo pasa con los gansitos Marinela, los chetos o las donas Bimbo.

En otra ocasión le platiqué al propio doctor Bourges Rodríguez, (premio nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos en  1981, entre decenas de reconocimientos) el asombro que me causó en la sierra de Zongolica, en Veracruz, que un camión de la Coca Cola fue el primer vehículo –yo reportero encaramado en él—  que logró traspasar el derrumbe causado por un sismo en la carretera de terracería que llevaba al poblado indígena del mismo nombre, antes inclusive que las brigadas de auxilio. Con cara de bendito sea Dios me respondió que era una fortuna el que en muchas comunidades rurales pobres e incomunicadas de nuestro país los habitantes pudieran consumir refrescos. Ante mi cara de asombro, me explicó muy en serio: “Muchas veces es la única fuente de carbohidratos a su alcance”.

Traigo a cuento estas dos referencias porque pienso que arrojan  luz a raudales   sobre un grave problema de salud que cuesta al país 80 mil millones de pesos anuales y que durante décadas se ha enfrentado con falacias. A  semejanza de las autoridades capitalinas frente al tema de la contaminación atmosférica, que han querido atacar con medidas restrictivas cada vez más severas como el “Hoy no circula”, los sucesivos gobiernos federales llevan años empecinados en atacar el tema del sobrepeso y la obesidad y sus graves consecuencias, como la diabetes, con prohibiciones, limitaciones e impuestos especiales a la venta y consumo de los llamados absurdamente “alimentos chatarra”,  a los que se achacan todas las culpas de un problema multifactorial que estigmatiza a mayoría de los mexicanos y particularmente a nuestros niños. El resultado, como en el caso de las restricciones crecientes a la circulación vehicular en la capital metropolitana, ha sido un fracaso.

El presidente Enrique Peña Nieto ha expresado reiteradamente su preocupación ante el incremento imbatible de la obesidad y el sobrepeso que tiene a nuestros niños  en el liderato mundial y a la población mexicana en general en un nada halagador segundo lugar. Qué bueno que le preocupe. Y qué malo que la respuesta de las autoridades de Salud vuelva a incidir en la misma falacia: queda prohibida la publicidad de los pastelitos, las frituras y las golosinas durante las barras de programas infantiles de la televisión.

El primero de enero de 2011 entró en vigor la prohibición de vender esos productos en las cooperativas de todas las escuelas primarias y secundarias del país. El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto anterior, tendría como objetivo “impulsar una cultura de hábitos alimentarios saludables que permita a la población estudiantil desarrollar una vida más sana”. También tenía  como meta “encaminar las acciones para regular de manera coordinada y unificada la operación de los locales de consumo escolar, a fin de difundir las medidas de higiene y constituir normas claras sobre los productos que se elaboren, vendan o distribuyan en las escuelas”. La oferta y el consumo de alimentos en los planteles deberían  considerar la inclusión de productos de los tres grupos alimentarios, así como que tengan la cantidad de sustancias nutritivas recomendadas para cada grupo de edad, según sexo, talla, actividad física y estado fisiológico. Y bla, bla, bla…

Dos años después, ya en la administración de Peña Nieto, entró en vigor el primero de enero de 2013 un gravamen a “alimentos chatarra”.  Dale con lo mismo. Se creó un nuevo Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que estableció un gravamen adicional de un peso por litro a la enajenación o importación de las bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores. Y por primera vez se aplicó un impuesto de ocho por ciento a la venta o importación de alimentos con alta densidad calórica, entendidos como aquellos que tengan 275 kilocalorías por cada 100 gramos.

Como resultado de la primera medida se vieron notablemente incrementadas, obvio,  las ventas de sabritones, bubulubus y  canelitas en los estanquillos y misceláneas ubicados en las inmediaciones de las escuelas. Y como efecto del segundo, quienes pagaron el pato –y el gansito— fueron millones de familias que tuvieron que cubrir un precio mayor por los mismos productos al serles aplicado el nuevo impuesto que por supuesto el fabricante y el comercializador transfirieron de manera automática al consumidor, e incluso  aprovecharon para meterle un pilón extra, como se midió en estudios específicos. Sin embargo, ninguna de las dos medidas parece haber tenido ningún efecto significativo en el consumo de los endiablados pastelillos y sus secuaces.

Es así que ante los fracasos anteriores el gobierno arremete nuevamente contra el preocupante flagelo, pero lo hace en el mismo sentido restrictivo para evitar que los productos con bajo valor nutrimental se anuncien por televisión abierta y de paga en horarios infantiles, como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes del gobierno federal. La Secretaria de Salud presentó  las medidas regulatorias para la publicidad y el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, en el que se engloban anuncios de refrescos, botanas, confitería y chocolates, entre otros, con el fin de proteger la salud de los menores. Los productos tendrán restringida la publicidad en televisión abierta y de paga de lunes a viernes de las 14:30 a 19:30 horas, mientras que los sábados y domingos la restricción se ampliará de las 7:00 horas a 19:30 (lo siento por Chabelo). Tampoco podrán anunciarse en las salas de cine durante las películas con clasificación A y AA. Y resulta que casi de manera simultánea al anuncio de la nueva restricción se conoció un estudio de la prestigiada empresa consultora Nielsen Ibope, especialista en medios, según el cual se han invertido las preferencias televisivas infantiles y actualmente la población mexicana de entre cuatro y 12 años de edad ¡ve más tiempo de telenovelas que de programas infantiles de dibujos animados! (Reforma, 16 de julio de 2014).

Testaruda, la autoridad insiste en acusar a los trikitrakes de este flagelo, sin aceptar la realidad de una problemática muy compleja que  incluye factores genéticos, culturales, geográficos, educativos,  y socioeconómicos. De justicia social finalmente. Está probado, documentado por la Organización Mundial de la Salud: obesidad y sobrepeso aumentan cuando la capacidad de compra familiar disminuye. Es decir, es un tema de pobreza; pero se insiste, como en el caso del “Hoy no circula” capitalino,  en mitos y prohibiciones que han probado su ineficacia pero que siempre tienen una carga demagógica y populista.

El doctor Bourges Rodríguez, el mexicano más destacado, galardonado  y reconocido internacionalmente en el campo de la investigación científica respecto a la nutrición humana, ha insistido siempre en la variedad alimenticia como uno de los remedios más eficaces contra el sobrepeso y la obesidad. Si en el sector rural y sobre todo en zonas de pobreza extrema el problema es la desnutrición brutal por la limitada o nula ingesta de nutrientes elementales –aunque fuera la azucarada  Coca Cola, como en Zongolica— sabemos que en cambio la dieta tradicional de las familias mexicanas urbanas es monótona casi por definición, como una cantaleta: sopa aguada de pasta, arroz y guisado, generalmente bajo en proteínas y alto en carbohidratos. Y todavía es peor cuando por razones de tiempo o de recursos económicos se tiene que comer en puestos informales, generalmente fuera de toda norma de higiene, que proliferan incontenibles –solapados por la autoridad que se beneficia de ellos—  por todos los rumbos de la capital y de otras ciudades importantes del país. Carnitas, birria, suadero, tamales, tripas, garnachas, tlacoyos, quesadillas y otras delicias conforman el menú callejero. Mucha grasa y pocas –o nada— frutas y verduras.

¿Qué hace el gobierno para alentar de veras el consumo de esa dieta variada y nutritiva al alcance de la capacidad económica de nuestras familias? ¿Qué hace para contrarrestar los efectos funestos del creciente sedentarismo de nuestros niños y jóvenes, alentado por el uso indiscriminado de la televisión y las computadoras, la falta de espacios recreativos y deportivos y la ociosidad? ¿Qué hace para difundir masivamente recomendaciones nutricionales adecuadas e incluirlas en los programas educativos que se aplican en nuestras escuelas? La respuesta lamentablemente es que bien poco. Si acaso esfuerzos esporádicos, campañas irrelevantes y deshilvanadas y, de nuevo, la necia estigmatización de los dichosos “alimentos chatarra” y nuevas medidas restrictivas contra ellos. Nada más falta que cualquier día de estos Peña Nieto emita un decreto presidencial para prohibir el consumo sabatino de chocorroles, pingüinos y churrumáis. Válgame.

Twitter: @fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

https://www.sinembargo.mx/author/franciscoortiz/

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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