¿Por qué diferentes gobiernos están obstinaos en regular ilegalmente la protesta?, ¿Por qué los medios están decididos a ser voceros de las autoridades y no explicar el porqué de la protesta?, ¿Por qué hay una narrativa que buscar señalar que la protesta es la causante de los problemas y no el resultado de la falta de respuesta de diversos problemas?

Ver a los médicos tomar las calles, como sucedió hace unas semanas. Ver a los jóvenes tomar las calles para protestar contra la Ley Telecom. Ver a policías protestar por la falta de garantías a su trabajo. Ver a taxistas hacer bloqueos como medida de presión contra políticas públicas. Ver a indígenas alzar la voz porque una minera canadiense está destruyendo su medio ambiente. Ver a los providas protestar por la interrupción legal del embarazo. Ver a los chicos y chicas fresas vestirse de blanco y marchar por Reforma para demandar seguridad.  Todos marchamos.

Algunos periodistas y funcionarios se sienten con el pedestal necesario para determinar cuál protesta es legítima (en forma y contenido). Otros, igual de desinformados, creen que se puede equiparar la libertad de circulación de un automóvil con el derecho humano a la libertad de expresión. Afirmar tal falsedad, o inclusive legislar en dicho sentido, es desconocer profundamente en qué abona la protesta social a una sociedad verdaderamente democrática. No debemos aceptar desplazar la libertad de expresión por consideraciones que no sean de idéntica jerarquía e importancia. Y no lo es la circulación en automóvil. Frente a la posible coalición de derechos (por ejemplo con el derecho a la paz pública) no nos queda más que seguir razonando y entendiendo la génesis de cada caso en debate.

Pero, de nueva cuenta, sin protesta no hay democracia.

El jurista Roberto Gargarella afirmó recientemente: “El derecho a la protesta no es un derecho más, sino uno de especial relevancia dentro de cualquier ordenamiento constitucional: se trata de un derecho que nos ayuda a mantener vivos los restantes derechos. Sin un robusto derecho a la protesta, todos los demás derechos quedan bajo amenaza, puestos en riesgo. Por ello resulta sensato designar al derecho a la protesta como “el primer derecho”.

El protestar es una vía legítima y legal para ejercer la crítica política y el escrutinio al quehacer público. Sin esa crítica una sociedad se ahoga en su propio silencio. Se deja de oír las voces de disenso bajo mordazas autoritarias. No exagero. Imagínense que una autoridad te pueda decir si tu protesta es válida o si tiene un fin legítimo. Existe en nuestro país. ¿Qué tienen en común Puebla, Chiapas, Quintana Roo y el Distrito Federal? Todos tienen legislaciones que, de alguna u otra manera, restringen ilegalmente el derecho a la protesta. Sin protesta (por más incómoda que sea) no podemos aspirar a ganar nuevos derechos (y que preservemos intactos aquéllos con los que ya contamos), claro que hay otras vías, pero tomar el espacio público para ejercer política es una fundamental para cualquier país con aspiraciones democráticas, ¿O ustedes creen que la falta de protestas en China, Etiopía, Cuba o Venezuela es coincidencia?

Bajo argumentos falaces de “convivencia social” o por el clamor del público, congresos locales han promulgado legislaciones aportar el marco normativo necesario para ir silenciando aquellas voces críticas. Al gobernador Borge, Moreno Valle y Velasco les irrita de sobre manera aquellas voces no cómodas ni complacientes. Y están dispuestos a mucho para acallarlas. El primer paso es tener leyes que autorizan a sus fuerzas coercitivas a llevar adelante prácticas sistemáticamente hostiles contra quienes protestan.

Hace pocos días, la Asamblea del Distrito Federal aprobó la Ley de Movilidad del D.F. Uno pensaría que el DF actuaría distinto por el origen de izquierda del gobierno local. Pensaría que después de ver la violencia instalarse en las marchas en las calles capitalinas, el gobierno actuaría no restringiendo sino entendiendo la protesta y promoviendo un marco normativo garante de este derecho. Un funcionario me dijo: “lo que críticas son pocos artículos y no están peores que la iniciativa Sotomayor”. Eso es cierto, no son peores, pero me parece un pobre argumento “el menos peor”. No está peor, pero tampoco es lo que esta ciudad y sus ciudadanos se merece (ojo, habla exclusivamente de los artículos 212, 213 y 214). Avisar a la autoridad, que la autoridad determine motivos lícitos de la protesta, paz social y tranquilidad de la sociedad para determinar la conveniencia de la protesta, la adopción de medidas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública necesarias para dispersar protestas en vías primarias, son algunos de los elementos que el PRD ha adoptado contra la protesta social en el DF. La ilegal limitación de la protesta social no solucionará los problemas por los que la población sale a las calles. Simplemente arrinconan y silencian.

Parece que el GDF sucumbió a las voces críticas (por ignorancia o dolo) de la protesta. Aquellas alegan que la protesta está aparejada de violencia (hoy en día cometida por la intifada anarquista). La violencia, si es esperada, puede prevenirse; si irrumpe, puede lidiarse y contenerse con ella por separado; y en ningún y bajo ninguna circunstancia caso debe servir como excusa para poner en cuestión y en riesgo el derecho fundamental en juego. Pero las voces fáciles piden mano dura contra los que toman la calle y demandan al gobierno. Como si ese no fuera el ejercicio primordial de la democracia.

En cambio, y como botón de muestra, está el último caso en Puebla y la represión de Moreno Valle. Un caso real que se deriva directamente de la ominosa Ley Bala.  En San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, la Policía Estatal Metropolitana utilizó balas de goma para dispersar una protesta en la que participaban habitantes de la localidad; varios heridos, entre ellos José Luis Tlaute Tamayo, de 13 años de edad, quien fue herido en la cabeza por una de estas balas. Los pobladores bloquearon una carretera para exigir que las oficinas del Registro Civil se restituyan a las Juntas Auxiliares. La respuesta fueron balas de goma contra población civil que protestaba.

La democracia no es de adorno. La democracia se ejerce, y se ejerce con crítica y disenso. Limitar la democracia al sufragio cada tanto tiempo desvirtúa la idea misma. Lo que no han entendido en Chiapas, Puebla, Quintana Roo y el Distrito Federal es que derechos como el de la libre expresión ocupan un lugar privilegiado en la democracia; que, a su vez, las expresiones de crítica política son las que merecen ser altamente protegidas. Quienes abogan por restricciones ilegales y desproporcionadas de la protesta lo único por lo que están abogando es por ahogar nuestra democracia. El silencio del disenso y la crítica solamente beneficia a unos cuantos ¿a quién cree usted?

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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