Por Mariana Mora, investigadora del área de Derechos Humanos.
En el último año, imágenes de mujeres dando a luz en los patios de distintos hospitales, colocan en el debate público la deplorable frecuencia con la que mujeres en condiciones de extrema pobreza, desproporcionadamente indígenas, son víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Cada caso tiene su historia particular. Algunas de ellas, a pesar de los múltiples actos de discriminación y negligencia institucional, han logrado parir sin complicaciones permanentes, otras se suman a las trágicas cifras de mortalidad materna - estados como Oaxaca y Guerrero tienen las tasas más elevadas- y aún otras sufren daños severos e irreversibles que truncan sus proyectos de vida. Estos casos representan la violencia que sufren las mujeres por su condición de género, agudizada por un racismo institucional de largo aliento, y por el desmantelamiento paulatino del sistema de salud pública tras más de treinta años de políticas neoliberales en México.
El caso de Irene Cruz Zúñiga, que el pasado 22 de junio cumplió trece años de encontrarse en el olvido estatal, se suma a la larga lista de casos prevenibles. En 2001, la señora Cruz fue sometida a una cesárea de emergencia mal practicada en el hospital del IMSS en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Aunque su hijo Epafrodito sobrevivió sin daño físico alguno, la cirugía le causó a ella lesiones neuronales permanentes que afectaron severamente sus funciones motoras y sensoriales. Quedó inmovilizada, sin capacidad de comunicarse verbalmente y de relacionarse con otras personas.
La familia Cruz Zúñiga es originaria de la comunidad mixteca de Morelos, en el municipio de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca. Al igual que la mayoría de las mujeres de su región, Irene se dedicaba al campo y a las actividades domésticas. Su familia recuerda que era una mujer muy alegre; al terminar el día laboral le gustaba ir al fresco cerca de un arroyo. El cariño con el que narran su vida antes de la mala práctica médica, es el mismo con el que la cuidan y atienden; aunque ella no pueda responder ante esas muestras de afecto. A su vez, la familia encuentra en su comunidad una red importante de apoyo; personas visitan a Irene a su casa y, en la medida de sus posibilidades, obsequian despensas. Sin embargo, debido a su situación de precariedad económica, la familia no le ha podido dar atención médica ni rehabilitación más allá de un periodo breve posterior a la operación.
Para los habitantes de Morelos, el caso de Irene no es un caso aislado. Por lo contrario, narran una serie de eventos con desenlaces trágicos. En una entrevista realizada en septiembre 2013, uno de los pobladores explicó que la tragedia sucedió porque: “El médico que atendió a Irene fue muy irresponsable, seguimos con esa irresponsabilidad de tener a médicos pasantes. Yo creo que a Irene hasta la usaron de práctica”.
Las deficiencias en materia de salud permanecen. En 2013, Morelos contaba solo con la atención médica de un pasante que atendía no más de la mitad del mes. Como es de esperarse, esos días se saturaban hasta con 30 consultas. A nivel estatal, un estudio realizado en 2011 por investigadores del CIESAS concluyó que en Oaxaca, los Centros de Salud en localidades con menos de 3,000 habitantes cuentan con personal sin la experiencia adecuada para atención de partos y emergencias obstétricas. Y en casi la totalidad de los casos estudiados no se realizó un abordaje intercultural y no hubo traductores contratados.
El apoyo afectivo y de cuidado que recibe Irene todos los días, por parte de su familia y por miembros de su comunidad, se contrasta con la permanencia de violaciones a sus derechos humanos por parte de las dependencias estatales. La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO) insiste que investigó el caso durante una década, pero no presentó la demanda hasta que prescribió el delito en 2012. Desde entonces, el IMSS se escuda en dicha prescripción para evadir toda obligación institucional en relación al bienestar de Irene y sus familiares. Cabe señalar que incluso hace caso omiso de la resolución del magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca quien determina que, debido a la continuidad del daño y su gravedad, el Estado tiene la obligación de reparar el daño ocasionado.
El derecho a la reparación integral de daños de Irene y de la familia Cruz Zúñiga está reconocido tanto en diversos tratados internacionales, como en la Constitución Mexicana. La Ley General de Víctimas, en vigor desde hace año y medio, establece que la responsabilidad del Estado no prescribe mientras una víctima permanece en esa condición. Es por ello que la familia de Irene, junto con su representante legal, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, exigen el cumplimiento de las medidas de reparación integral de acuerdo a los estándares más altos en la materia.
Exigimos medidas de rehabilitación y de compensación, enfocadas en salud vitalicia del IMSS a Irene y a su hijo, junto con una pensión vitalicia para Irene y sus hermanas que la cuidan. Medidas de Satisfacción, incluyendo una beca escolar para garantizar la permanencia de Epafrodito en el sistema educativo fuera o dentro de su comunidad hasta la educación de posgrado, según su decisión.
En cuanto a las garantías de no repetición, éstas se enfocan en servicios de salud intercultural. Incluye la contratación de una médica titulada, enfermera y ginecóloga en el centro de salud localizado en la comunidad de Morelos, cuyos salarios sean responsabilidad del Sistema Nacional de Salud (SSN). A su vez, que el SSN equipe el centro de salud de Morelos con la infraestructura, insumos y medicamentos necesarios y suficientes para poder dar una atención de calidad en materia de salud y para otorgar atención de emergencias obstétricas. Y un reconocimiento público de los servicios de salud públicos del trabajo de las parteras al igual de su participación activa en el diseño e implementación de un modelo intercultural de parto humanizado.
El pleno cumplimiento de estas medidas de reparación integral representaría un paso importante, que a su vez se tendría que vincular a nuevas prioridad estatales enfocadas en prevenir futuros casos de violencia obstétrica cometidas contra mujeres indígenas en el país.
