Sería idílico que todas las personas se desempeñaran con un verdadero compromiso con su profesión u oficio: los médicos con la salud, los abogados con la justicia o los legisladores y servidores públicos con la población que representan. No es difícil ver que los primeros dos casos, son verdaderos ejemplos de entrega y constancia con los valores que inculcan sus actividades. Sin embargo, en el caso de los políticos mexicanos, es tan raro, que se antoja imposible que éstos tengan un compromiso real con la sociedad, a pesar de que en muchos casos ocupan su cargo gracias a una elección popular.
Los políticos gozan de una reputación terrible, son tachados de corruptos, mezquinos y negligentes. Esta impresión genera desconfianza y merma gravemente la democracia en México. Ya no nos sorprende que nuestros representantes se enriquezcan súbitamente en poco tiempo después de ocupar un cargo público, y al mismo tiempo es extraño encontrar herramientas que permitan transparentar a la sociedad los recursos que los políticos perciben y los bienes que detentan.
Es cierto que los funcionarios elaboran declaraciones patrimoniales, sin embargo al no ser públicas estamos imposibilitados de ver en ellos rasgos de honestidad, profesionalismo y ética. A la par, la confianza y la legitimidad en ellos se encuentran por los suelos. En ese sentido, considerando su bajo prestigio, la publicidad de sus declaraciones lejos de afectarles debería de favorecerles. [1]
Las declaraciones patrimoniales no tienen ningún sentido si no se hacen públicas; es cierto que hay datos sensibles que deben mantenerse en el terreno de lo reservado, pero el hecho de que cualquier ciudadano pueda conocer sobre las propiedades e ingresos de los legisladores y funcionarios públicos de alto nivel representa un paso enorme para recuperar o, en su caso, crear confianza en las instituciones. Al contrario, en la medida en la que la riqueza de los políticos se desconoce, las suspicacias y la enorme percepción de corrupción seguirán afectando la percepción del trabajo gubernamental.
El derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales, no deberían ser dos prerrogativas en franca contraposición. Es muy sencillo, en principio lo público debe ser público, es decir abierto, accesible y transparente. El servidor público no tendría porque alegar en contra de un monitoreo social sobre su patrimonio. Al respecto, Fernando Escalante señala “Lo que cada quien haga con su dinero es asunto privado, a menos que se trate de un funcionario público: en este caso, para prevenir el tráfico de influencias o el uso indebido de los recursos, es necesaria la vigilancia pública” [2].
Nuestros representantes lejos de esconder sus bienes deberían hacer públicas sin excepción sus declaraciones patrimoniales, sin embargo alegan que abrir dicha información puede vulnerar su seguridad, no obstante la realidad nos dice lo contrario, el hermetismo y la opacidad sobre el patrimonio de los políticos presume un riesgo para el resto de los mexicanos quienes no ven ningún beneficio del presupuesto, planes, programas y servicios gubernamentales.
El año pasado Fundar, Centro de Análisis e Investigación, solicitó la información patrimonial de los 500 diputados Federales, la negativa por parte de la Auditoría Superior de la Federación a entregar dicha información terminó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se discutió el proyecto del Ministro José Ramón Cossío, el cual otorga el amparo para conocer el contenido de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados federales y señala que la discrecionalidad de los servidores de hacer pública o no la información es inconstitucional.
Dicha discusión no se agotó y pronto en el pleno del máximo tribunal se presentará otro proyecto. Con independencia de la resolución que emita la Corte, es importante que la discrecionalidad que tienen los servidores públicos de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales se someta al análisis jurídico de los ministros y de la sociedad en general, a efecto de aspirar a reformas que privilegien el principio de máxima publicidad sobre el derecho de proteger datos personales de quienes administran, ejecutan o realizan negociaciones con el gasto público. Considerar en el marco jurídico la obligación de publicar dichas declaraciones representará una verdadera aportación a la democracia, a la rendición de cuentas y a la transparencia en el país.
Es deseable que los propios servidores públicos, con el afán de eliminar el estigma que pesa sobre ellos, sean quienes empujen las reformas a que haya lugar. Finalmente ¿qué incentivo tendrían en no hacerlo? si el que nada debe nada teme.
Oscar Arredondo, investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar
[1] Estudio realizado por Consulta Mitofsky. Encuesta nacional de viviendas México, 2012: Apartado: Confianza en Instituciones.
[2] Escalante Gonzalbo Fernando 2010. El Derecho a la Privacidad. Cuadernos de Transparencia, número 2, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. México, D.F.
