No importa si son del PRI, del PAN, del PRD o de los minipartidos concubinos que se arriman al mejor postor de la temporada; en todos afloran los conservadores que buscan imponer sus ideas a costa de lo que sea: de las mayorías, de la equidad, de la Constitución, de los tratados internacionales, de los decretos de la Suprema Corte. Van por aquí y por allá promoviendo retrocesos monumentales sobre logros cívicos por la igualdad, la identidad de género, la diversidad, la transparencia y la no discriminación.
Resulta que el senador José María Martínez Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN), instaló la nueva Comisión Ordinaria de la Familia y el Desarrollo Humanos, respaldado por Jorge Luis Preciado Rodríguez, Coordinador del PAN en la Cámara Alta y por senadores del PRI. Su nueva comisión pretende reivindicar los valores tradicionales de la familias constituidas por un hombre y una mujer con sus hijitos, casados como Dios manda. Dejemos por un momento la cantinflesca declaratoria inaugural de Martínez, y pongamos de frente su palmaria ignorancia. Resulta que cree que la diversidad sexual es una moda, un vicio, un pecado, una ignominia que el H. Congreso de la Unión debe abolir a toda costa. Y no coincido con los tuiteros que dicen que se quisieron regresar al siglo XVI, porque en esa centuria la homosexualidad y la transexualidad estaban integradas a la vida social y cultural de América Latina. No se las consideraba enfermedades o delitos, sino simples variantes de la vida humana.
Fue con la llegada de los conquistadores que se abrió una nueva etapa, marcada por la dominación económica, político-religiosa, y el binario se sexo (masculino/femenino heterosexual) pasó de ser pecado a ser ley. Cantidad de crónicas de la Conquista revelan la criminalización de la diversidad sexual, el fortalecimiento de la idiosincrasia machista y sexista que impuso lo masculino heterosexual sobre todas las demás variantes culturales, y sociales. Entre los Siglos dieciocho y diecinueve la medicina comenzó a considerar la homosexualidad, el lesbianismo y la transexualidad como una patologías. Así cerraron la pinza claramente las y los conservadores: pecado, crimen y enfermedad. Todo aquél que no quepa en su empequeñecida definición de normalidad, debe ser perseguido, humillado, fustigado, encerrado y analizado como patológico y asocial. Esta comisión tiene como misión desarticular todos los logros legislativos sobre los derechos civiles de personas homosexuales, lesbianas y trans; pero también van contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; porque consideran que la terminación de un embarazo no deseado es también pecado, crimen y enfermedad.
Afortunadamente estamos en el Siglo XXI y nuestro país ha signado tratados internacionales de No Discriminación, ha creado la CONAPRED, ha ratificado la igualdad jurídica y social que la propia Constitución reconoce; de allí que podemos recomendar a estos congresistas padres de la nueva comisión legislativa que la cierren de inmediato, pidan una disculpa pública y se regresen a su iglesia o catedral a predicar entre ciudadanos libres que creen que Dios creó el genoma humano binario, heterosexual e intolerante. La sociedad mexicana no tiene por qué pagar con sus impuestos un ridículo gasto público para una comisión retrógrada y alegal que promueve la discriminación y la violencia.
Ellos, como muchos que fueron defensores de la pederastia clerical en tiempos del padre Maciel, son parte de la oleada que como un huracán, arrasa desde Guerrero hasta la capital del país. En ella se han subido quienes pretenden desarticular todas las costosas e importantes reivindicaciones civiles, debatidas ampliamente en la sociedad y en los medios durante décadas. Reivindicaciones que ni López Obrador ha querido defender, ni ahora ni nunca, porque en realidad, como dije hace años, en lo que toca a derechos de las mujeres y diversidad sexual es también un conservador consistente. Me pregunto qué pensará la gente de Morena sobre la postura de Andrés Manuel es estos temas.
En su discurso, el senador Martínez Martínez aseguró, como si el país fuera El Palacio de Hierro, que su nueva comisión se dedicará a abatir las nuevas modas y tendencias (matrimonios de personas del mismo sexo y terminación legal del embarazo) y fustigó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo que se “ha metido de más su criterio”, como quien dice que se metió donde sólo Dios manda: en los derechos constitucionales. Vaya usted a saber en qué país creen que viven estos legisladores, que como los conquistadores, creen aun en el pecado nefando y la persecución de los sodomitas. Lo cierto es que alguien debería informarles que la Suprema Corte se mete donde la sociedad y la ley le requieren, de allí sus criterios sobre estos temas que califican la heteronormatividad y el heterosexismo como figuras discriminatorias.
Frente a esa oleada se han parado miles de hombres y mujeres que entienden que la ética exige defender al diversidad, la legalidad y las libertades. También están a su lado legisladoras y políticos dispuestos a dar la batalla, porque en un país laico y democrático, está prohibido utilizar recursos públicos para institucionalizar la moral religiosa, el sexismo y la homofobia. Vale la pena preguntar por qué le tendrán tanto miedo a que dos hombres o dos mujeres se amen, se prometan fidelidad, se comprometan con su comunidad, paguen impuestos, trabajen y formen una familia amorosa y respetuosa de la ley.
