El capricho con que el gobierno gasta en México sigue siendo grande. El desagradable episodio bautizado por la opinión pública como “Los Moches” es un pálido reflejo sobre los argumentos que verdaderamente pesan a la hora de asignar el presupuesto público.

En México hasta los presidentes municipales tienen que ofrecer “mordida”, negocio y privilegio para que el Congreso les entregue dinero público.

Una de las partidas administradas con mayor cantidad de absurdo es la dedicada a la comunicación y la publicidad gubernamental. ¿Por qué unos medios reciben más que otros? ¿Por qué algunas dependencias gastan mayor cantidad que otras? ¿Qué racionalidad, qué justificación, qué propósito existe detrás de cada estipendio presupuestal?

Es lugar común decir que en México todavía impera aquella regla lopezportillista: “no pago, para que me pegues.” O dicho en términos menos coloquiales, sobrevive como norma comprar la línea editorial de los medios a cambio de publicidad oficial.

Con todo, ya resulta necesario abrir la caja negra de ese lugar común. ¿Cómo ocurre ese intercambio mafioso? ¿Qué éxito tiene? ¿Quién ejerce extorsión contra quién? ¿Los medios a favor de políticos y funcionarios o los segundos en contra de los medios?

Recientemente se hizo público un documento que permite despejar algunas dudas. Me refiero al Informe sobre la Ejecución de los Programas y las Campañas Relativos a la Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales , publicado por el Senado de la República.

Este documento no tiene sobrantes. Gracias a él podemos saber, al menos, dos cosas: ¿Cuánto gasta formalmente cada dependencia federal en publicitar sus actividades? Y, ¿qué medios se benefician de ese gasto?

También sirve para concluir que es imposible discernir los criterios utilizados para esta asignación presupuestal, a menos que se tengan nociones de metafísica extraterrestre.

Hay muchas cosas que decir si se atiende la columna dedicada a las empresas prestadoras de servicios. (Prometo hacerlo en un artículo posterior). Pero igual de interesante es analizar la que consigna el gasto por dependencia o entidad gubernamental. De su análisis salta a la vista una primera reflexión: independientemente de cualquier otro razonamiento, los secretarios más poderosos gastan más dinero.

Sirva como ejemplo para ilustrar el gasto pobrísimo que ejercerán este año las secretarías de Salud (SS) o de Educación Pública (SEP), contra el que podrá ejercer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Atendiendo al sentido común habría de suponerse como justificado que las campañas de vacunación, de prevención sanitaria, las relacionadas con la mejora nutricional, las dedicadas a las inscripciones escolares o a combatir la violencia en las escuelas, entre otros temas relevantes, recibieran más recursos por parte del gobierno.

Pero no es así. Según el documento de referencia, el presupuesto para publicidad gubernamental de la Secretaría de Salud en el año 2014 será de 2 millones 90 mil pesos. Si a esta cantidad se suma la destinada al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el monto se eleva a 2 millones 210 mil pesos.

Esta cifra contrasta ofensivamente con la que exhibe la SHCP para el mismo periodo: 52 millones 669 mil pesos. En otras palabras, el presupuesto en publicidad relativa a los temas sanitarios de la Federación representa a penas el 4% del gasto programado con el que contará este año la SHCP.

A la Secretaría de Educación Pública (SEP) no le va mejor. La misma fuente informa que, para este rubro, en 2014 dicha dependencia contará solo con  3 millones 859 mil pesos, es decir, 7% del presupuesto de la SHCP antes referido.

¿Por qué Hacienda necesitaría más dinero para hacerse propaganda, comparado con el que requieren la SEP o la Secretaría de Salud para dar a conocer sus respectivas políticas públicas? La explicación no es evidente, a menos que, abusando de Michael Foucault, se acuda a la microfísica del poder.

Ya entrados en esa senda también sorprende el presupuesto irrisorio de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con el mismo informe, SEGOB solo tiene autorizado en este año 1 millón 56 mil pesos para medios de comunicación. El dato es inexplicable si se asume que dentro de esa dependencia se encuentran incluidas las políticas de seguridad, protección civil, migratoria y de derechos humanos, entre otras.

Si el presupuesto es la expresión material del amor político, viendo este documento puede intuirse de qué lado del corazón presidencial laten con mayor sinceridad y fuerza los afectos.

Mientras en México no contemos con criterios racionales, explícitos y públicos para normar el gasto que el gobierno ejerce a la hora de promover ante la opinión pública sus políticas y decisiones, mientras la arbitrariedad siga siendo reina en la relación entre el Estado y los medios, mientras unos funcionarios tengan mayor poder de negociación con la prensa, en comparación con otros, y mientras los medios dependan tanto de este favor político – financiado con recursos del contribuyente – la libertad de expresión y de prensa seguirán siendo vulnerables y vulneradas.

Ricardo Raphael

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Es periodista. Conductor de televisión.

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