Se cumplen 5 años de una tragedia insoportable. La muerte de 49 niños, de entre 5 meses y 5 años, y 76 lesionados graves. Ella no fue producto de un episodio natural, fortuito, azaroso o imputable – como si fuera narrativa griega – a la lógica del destino. Cada pieza de información puesta sobre la mesa confirma que el accidente era prevenible. Ratifica que fue la negligencia de las autoridades, en todos sus niveles, la causa principal de esta lamentable memoria.

Sin embargo, más allá de un recurrente desgarramiento histriónico de vestiduras, el episodio del ABC ha merecido la intolerable política del “¡yo no fui!” No fueron responsables los dueños de la instalación que, por obra de un contrato subrogado con el IMSS, tenían a su cargo aquellas criaturas. No lo fueron las autoridades locales que olvidaron alertar sobre lo inadecuado de las instalaciones; tampoco las autoridades del Seguro Social que firmaron documentos sin haber verificado la consecuencia de su contenido, y así, la lista crece.

De todo lo sucedido durante los últimos 5 años, el momento más repudiable ocurrió en el 2010, cuando el ministro Arturo Zaldivar propuso al pleno de la Corte un proyecto, resultado de una investigación seria, donde se asignaban responsabilidades precisas a propósito de la cadena de malas decisiones que se tomaron, desde la cúspide del IMSS hasta la base de la pirámide, en la ciudad de Hermosillo, donde estaba ubicada la guardería ABC.

Esa propuesta fue derrotada por los votos de sus colegas. Dijo la parte adversaria que no había elementos para señalar como culpables de la tragedia al director del IMSS, las autoridades locales, ni a los dueños de la guardería. Punto final. La política del “yo no fui” sancionada por el máximo tribunal constitucional.

En aquel momento hizo falta distinguir entre responsabilidad y culpabilidad. Según el diccionario de la lengua, mientras el término responsable se utiliza para referirse a aquella persona obligada a responder por algo o alguien, culpable es quien ha cometido un delito previsto por la ley. Sin embargo, en México suelen tomarse como sinónimos ambos vocablos y con tal de no ser señalados como culpables, acostumbramos escaparnos por todos los medios disponibles – muchas veces tramposos – de nuestra responsabilidad.

Somos muy rápidos para dar explicaciones, antes incluso de que se nos haya presentado la queja completa. “Yo no fui,” dice el empleado de la empresa celular cuando llamamos para reclamar por un mal servicio. “Yo no fui,” le dice el alumno al maestro antes siquiera de que éste llegue a reprenderlo. “Yo no fui,” dice el funcionario público cuando unos asesinos secuestraron a plena luz del día, y luego arrebataron la vida, a una joven trabajadora.

“Yo no fui,” dijeron el director del IMSS, el gobernador de Sonora, las autoridades municipales y los dueños de la guardería ABC. Y vino lo peor: la Corte les dio la razón. Luego, desde la presidencia de la República se aplaudió a los ministros por su parecer. Fue así como los funcionarios quedaron liberados de responder – de rendir cuentas – por su actuación.

Y sin embargo la responsabilidad permanece. Porque así lo previó la ley, porque así lo fijaron los lineamientos y porque les tocó la mala fortuna de estar en la cadena de mando que habría podido evitar la tragedia.

Hay responsables y punto porque no se trató de un desastre provocado por la naturaleza, sino por la negligencia humana. Los jueces habrían tenido que señalar el grado de culpabilidad – mucha o poca – pero no debieron deslindar a la gran mayoría de las autoridades competentes de sus responsabilidades.

La semana pasada el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) se atrevió a embestir la política del “yo no fui”. A propósito del caso de Jacinta Francisco Marcial, indígena ñahñú que fue encarcelada poco más de tres años sin ninguna justificación, este Tribunal ordenó a la PGR que pidiera perdón en público por su abuso y dejadez, al tiempo que instruyó para que indemnizara económicamente a esta persona para resarcir, al menos en parte, el daño causado.

La sentencia referida no señala como culpable a la PGR por una investigación penal mal conducida, sin embargo precisa que esa instancia, en su conjunto, es responsable por los hechos sucedidos en contra de esta mexicana. Dicho en una nuez: la sentencia asigna y precisa responsabilidades.

¿Cuán difícil sería que este precedente aplicara también para la actuación del IMSS a propósito de la tragedia del ABC? De todas los actores que concurrieron, por acto u omisión, en tan lamentable desembocadura de hechos, ese Instituto es el que mayor responsabilidad conlleva.

Insisto: responsabilidad – que no me atrevo a señalar aquí culpabilidades, porque aún hay muchas piezas de la investigación que parecen ocultas.

Si el IMSS es responsable, esa institución debe asumir a cabalidad y públicamente la parte que le toca; debe resarcir el daño pidiendo perdón y todavía más, pagando una indemnización suficiente a los familiares de las víctimas y los sobrevivientes.

Mientras la política del “yo no fui” siga siendo pieza clave de nuestro comportamiento frente a los problemas, pocas cosas podrán resolverse. ¿Para qué gastar tanto esfuerzo en justificarse si la mejor manera de solucionar un error es tomar conciencia plena de los hechos, asumir lo que a cada quien le toca, y construir remedios definitivos para que las tragedias no vuelvan a suceder?

Error que no se asume como tal, por un responsable preciso, tiende a repetirse al infinito.

Ricardo Raphael

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Es periodista. Conductor de televisión.

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