Por: Óscar Arredondo Pico, investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar.
El pasado 28 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto envío a la Cámara de Senadores la iniciativa de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. En ella propone la creación de un fondo público que controle miles de millones de pesos para pagar las asignaciones y contratos de Pemex, así como hacer diversas aportaciones a fondos específicos.
Casualmente, en la misma fecha en la que el presidente presentó la iniciativa, el director Alfonso Cuarón le hizo 10 preguntas con respecto a la reforma energética. Como sabemos, el mandatario respondió a cada cuestionamiento. Bien, ahora surgen más dudas y hay poco tiempo para responderla (porque una vez que empiece el mundial nos volveremos monotemáticos y de la discusión de las reformas solo sabremos sus consecuencias). Si consideramos lo anterior y que no es lo mismo llamarse Óscar que ganarse uno, le pediré al cineasta que me haga el favor de hacer propias las siguientes preguntas —tal vez así podremos aspirar a tener respuestas del Pode Ejecutivo—:
- Con la reforma energética las empresas privadas extranjeras podrán extraer petróleo dentro del territorio mexicano y obtendrán ventaja de los yacimientos que aún no se han explotado. Serán las principales beneficiadas de este nuevo escenario, así como de estudios, hallazgos y avances tecnológicos que se desarrollen con cargo al fondo. Por otra parte, serán corresponsables del daño o deterioro que sus actividades causen a nuestros mares y comunidades. En ese sentido, con independencia de los impuestos que lleguen a pagar, ¿no sería justo que las empresas privadas aporten recursos al fondo mexicano del petróleo?
- La iniciativa del presidente no prevé mecanismos para combatir el daño al medio ambiente, cuando la extracción y el transporte de crudo suponen un elevado riesgo para el ecosistema. Mientras más se incrementen la competencia y las actividades de las nuevas empresas petroleras es previsible que aumente el riesgo de derrames petroleros. ¿Habrá recursos del fondo destinados a hacer frente accidentes contaminantes derivados de las actividades de extracción y transportación de crudo?
- Las funciones de fiscalización que realiza la Auditoria Superior de la Federación (ASF) incluyen revisar los fideicomisos públicos. En ese sentido, la revisión de los ingresos, egresos o transferencias que se hagan ya forman parte de las obligaciones que por ley la auditoria realiza, ¿cómo es entonces que se prevé en el destino del fondo cubrir los gastos de fiscalización de la ASF si se trata de un mecanismo de contrapeso entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo?
- ¿Cuál era el nombre del último fideicomiso administrado por el Banco de México que terminó por comprometer gravemente la economía del país? Así es, el tristemente célebre Fobaproa, sus consecuencias se siguen presupuestando anualmente. Sin embargo, no se derivó ningún tipo de responsabilidad administrativa ni penal para los servidores públicos involucrados.
Con ese antecedente, ¿por qué la iniciativa parece excluir de responsabilidades a los miembros del Comité del fondo mexicano del petróleo si en sus manos está el manejo de cientos de miles de millones de pesos?
- En la iniciativa se considera la elaboración de informes trimestrales. Regularmente, estas obligaciones se establecen ante alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión. ¿Cómo se pretende entonces que se controlen los recursos del fideicomiso si no se explicita ante quién se tendrá que rendir cuentas?
- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo sexto, señala a los fideicomisos públicos como entes obligados a dar información. ¿Cómo garantizar que la información de este fideicomiso sea transparente si el Banco de México o el comité seguramente recurrirán al secreto fiduciario y a todos los supuestos de reserva de la iniciativa para ocultar lo que consideren conveniente? Vamos, no se trata de clientes privados de la banca comercial, sino de instituciones públicas que aportarán, administrarán y realizarán acciones de carácter público.
- Si consideramos que el petróleo es un bien no renovable y Pemex entrará en un esquema abierto por explotar este recurso público frente a empresas altamente competitivas, ¿cómo se puede asegurar que en el futuro se sigan aportando el 4.7% del PIB al erario público con más competencia y menos recursos por explotar?
Esperemos que estas preguntas encuentren respuesta en el presidente Enrique Peña Nieto y que la discusión pueda ser profunda e inteligente a pesar de darse en tiempos de euforia futbolera.
