Uno de los temas que mayor incomodidad le genera a los partidos es la figura de las candidaturas independientes. Y como sucede en estos casos, los avances son graduales y sujetos a la capacidad de presión de la ciudadanía para no solo para reconocer su legalidad al confirmarlas en la Constitución (la disposición que establecía el monopolio de los partidos sobre las candidaturas se plasmó sólo en leyes secundarias a partir de los años cuarenta del siglo pasado), sino para hacer más accesibles sus requisitos de registro y garantizar sus prerrogativas.
Para ilustrar lo anterior, entre 2011 y 2013 se han realizado tres reformas constitucionales en la materia, aunque no será sino hasta 2015 cuando entren en vigencia. Además, los estados han establecido en más de un caso requisitos prácticamente incumplibles para su registro.
Todavía más, las discusiones que tienen lugar en el Congreso de la Unión no son alentadoras para quienes deseen competir por un cargo sin el apoyo de un partido: mientras el PAN propone un porcentaje de firmas equivalente al 0.13% del padrón electoral para registrar un candidato a presidente y el 0.50% para candidatos al Congreso, el PRI busca el 1% para el ejecutivo y 2% para el legislativo. Otro tema espinoso es el acceso a medios para recabar firmas.
¿En realidad se encuentra sustentado el miedo de los partidos? ¿Para qué van a servir en realidad las candidaturas independientes? ¿Por qué debería este tema preocuparle a quienes no está en sus ambiciones competir para un cargo público?
Para empezar, la existencia de candidatos independientes no implica que éstos sean moralmente superiores a los partidistas. A final de cuentas, va a competir por un cargo quien tiene una ambición por lo público. La posibilidad de postularse va a ser usada por aquellas personas que no quieren hacer una carrera partidista o si lo han hecho, descubren que su partido no los apoya para lograr sus objetivos políticos. Bajo este planteamiento, la democracia no mejorará por la existencia o no de esta figura. Es más: hay una enorme distancia entre reconocer su derecho a competir y el hecho de que vayan a ser competitivos.
Otro punto a considerar es que esta figura sirve muy bien sólo para gobiernos municipales, donde el candidato puede llegar a tener un mejor reconocimiento y arraigo que otras figuras públicas. En el caso de los órganos legislativos, los legisladores independientes son figuras casi siempre decorativas y testimoniales, dado que su voto sólo podría servir en situaciones excepcionales. Por otra parte es raro ver candidatos ganadores para gobernadores y se necesita que la democracia se encuentre en una crisis para que eso suceda al nivel presidencial.
Por último quienes sacarán más provecho de esta figura son aquellos políticos que, tras ver que no tienen posibilidades en su partido, decidan jugarse su capital político para competir de manera independiente. Esto implica que tienen un posicionamiento gracias a su trabajo político previo. Será rara la ocasión en que surja un candidato que por su “inmaculada ciudadanía” salga de la nada y gane.
Entonces, ¿vale o no la pena preocuparse por las candidaturas independientes? Claro que sí. De hecho es muy relevante por lo siguiente:
Tenemos una democracia hecha a modo de un grupo de partidos que en realidad no son competitivos. El pasado mes de abril la revista Nexos publicó un artículo del académico José Antonio Aguilar Rivera, donde se expone cómo una mal entendida noción de equidad en las condiciones de competencia de los institutos políticos ha producido sobrerregulación, una creciente adjudicación judicial de la política y la erosión de la legitimidad de las instituciones electorales.
La existencia de candidaturas independientes con reglas accesibles de formación sería un factor de presión que obligue a los partidos a ser más competitivos, toda vez que pueden aparecer liderazgos alternativos.
Y sobre todo, una democracia debe proveer derechos ciudadanos plenos. Aun cuando sea raro ver un candidato independiente competitivo, no ayuda tener leyes tan restringidas que sólo beneficien a las cúpulas políticas.
¿En qué temas debemos poner atención respecto al debate? En el porcentaje de firmas necesario para su constitución, el acceso a medios y la transparencia en el financiamiento.
