Una democracia requiere para su supervivencia de una prensa libre que pueda darle al ciudadano información que a los poderosos no les gustaría que supiésemos. Lo anterior no significa que existan medios que sean “imparciales” sea lo que eso signifique en asuntos públicos, toda vez que en cada asunto hay intereses contrapuestos que tienen el derecho de expresarse. Más bien se trata de garantías para difundir datos y hechos que motiven la rendición de cuentas y, de existir, castigar a quienes delinquen. Esto se logra mejor garantizando que haya tantos medios como posiciones al interior de una sociedad, de tal forma que el individuo pueda hacerse su opinión con base al contraste.
Es gracias a esta capacidad y a la posibilidad de que haya sanciones políticas para actos considerados ilícitos que la clase política se ve obligada a acotar cada vez más sus márgenes de discrecionalidad, a través regular en materias como la transparencia y el cabildeo. La democracia es siempre perfectible y sólo cuando hay condiciones de libertad y competencia política puede encontrar formas de mejorar sus instituciones y procedimientos. Este tipo de normas no son concesión de gobernantes, sino producto de la lucha de ciudadanos y medios.
Por otra parte muchos escándalos se detonan cuando hay un interés político porque así suceda. Tomemos la debacle del hoy ex dirigente del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez. Aunque el escándalo de prostitución era algo conocido y que se había documentado, se requirió de un factor adicional a la muy bien documentada investigación de Carmen Aristegui: el hecho de que el dirigente partidista ya no era útil ni al PRI ni al PRD. De esa forma se trata de quitarlo de su puesto con el fin de reestructurar y hacer más competitivo al tricolor de la capital. ¿Hasta cuánto puede durar el estira y afloja? Hasta el momento que se encuentre una evidencia lo suficientemente sólida para retirarlo definitivamente.
Sin embargo, remover a Gutiérrez no significa necesariamente que vaya a pagar por los crímenes que se le atribuyen. Para muestra el hecho de que el pasado lunes siete funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del DF reconocieron que hasta el momento no se han presentado denuncias por parte de las presuntas víctimas. De esa forma podría establecerse alguna responsabilidad penal con las grabaciones, de ser validados. Si el objetivo de retirar a Gutiérrez era el objetivo, la apuesta de la clase política puede ser el olvido.
¿Qué se puede hacer? Si el interés de algunos medios fuese llamar a cuentas a los responsables de la presunta red de prostitución, se puede seguir otra vía: documentar un desvío de fondos públicos para ello. Los partidos políticos son organismos públicos y sujetos obligados de transparencia a partir de la reciente reforma constitucional en la materia. Por lo tanto el ex dirigente tricolor puede ser juzgado como funcionario público.
Esto ya ha ocurrido anteriormente. Tomemos el caso de Jorge Serrano Limón, ex dirigente de Pro Vida. En 2003 esta organización recibió 3 millones y medio de pesos por parte de la Lotería Nacional para la compra de ultrasonidos. El 14 de septiembre de 2004, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud detectó irregularidades en la evaluación del proyecto, autorización, comprobación, supervisión y desviación de recursos, así como en la adquisición de material y equipo, cuya existencia no pudo comprobarse en los centros de Ayuda a la Mujer, lo que ocasionó un daño al erario federal. En el año 2009, cuando fue condenado a 4 años de prisión y el pago de 2.5 millones de pesos, y tras un proceso largo fue absuelto.
¿Es posible sustanciar adecuadamente el delito desde este ángulo? Será difícil, pero ciertamente se puede. Se tuvo que sustanciar un expediente de evasión fiscal para encarcelar a Al Capone por los demás delitos que cometió, a final de cuentas. Será cuestión de ver cuál fue el objetivo real detrás del escándalo del PRI-DF.
