El proyecto de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviado por el Presidente Peña Nieto al Congreso va en sentido contrario a aspectos centrales de la reforma constitucional publicada el 11 de junio de 2013. No se puede pensar la llegada de Peña Nieto a la presidencia sin las dificultades que enfrentó ante el levantamiento de la sociedad, encabezado por el movimiento 132, que partió del hartazgo del monopolio televisivo, de la exigencia de la democratización de los medios y de la demanda de ciudadanización de sus órganos reguladores. Existen muy pocos temas nacionales que logren hacer coincidir la opinión pública como lo es el profundo malestar, la indignación frente la injerencia de Televisa y TV Azteca en la política, en los procesos electorales del país, frente a su intervención permanente manipulando y controlando la información a través de poder su poder duopólico.
Puede pensarse que esta iniciativa está encaminada a resucitar a uno de los más viejos dinosaurios devastadores de la democracia en México: el Frankenstein formado con la integración del partido en el poder y el monopolio de la televisión. Durante años el dueño de Televisa se declaró “soldado del PRI”, los mutuos favores llevaron a que esta relación se invirtiera a tal grado que los propios partidos políticos se han convertido en “soldados de Televisa”, hay que recordar cómo se sometieron a la televisora cuando aprobaron la Ley Televisa en unos cuantos minutos. En esta disputa y encuentro entre quienes controlan el poder político y el de los medios, los ciudadanos quedan en calidad de súbditos, súbditos de un monstruo que perpetua la corrupción e ineficiencia del país.
Todo hace parecer que el partido en el poder no apuesta por la democracia, el miedo a no lograr los resultados que anhela lo lleva a la tentación de restablecer el vínculo con Televisa, a retomar el control de la información a través del medio que más llega a los hogares, a diseñar un futuro electoral en el que la televisora vuelva a jugar un papel central a su favor. A diferencia de la reforma constitucional, en la Ley el gobierno es cuidadoso en tocar el poder de las televisoras, lo cuida bien, sabe que los favores se pagan. Sin embargo, el cálculo puede ser erróneo y encontrase en esta alianza con el pasado la causa de su derrota futura. Al quedar la renovación en un gesto de simulación y retornar a las viejas prácticas se olvida que la sociedad ha cambiado.
La Ley protege a las televisoras que la ciudadanía reclama sean de interés público. De manera asimétrica, regula de efectiva regula las telecomunicaciones, a Telmex-Telcel; pero a Televisa y TV Azteca les deja un amplio margen. Quita al Instituto Federal de Telecomunicaciones el poder que le había otorgado la reforma constitucional sobre los contenidos y la publicidad en radio y televisión para volverlos a la Secretaría de Gobernación. Alianza y protección al duopolio de la información y control de contenidos bajo el secretario de gobernación; todo bajo control, en un esquema encaminado al viejo autoritarismo. El control se extiende frente a la protesta social al establecer en la ley la posibilidad de “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicación en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”. Queda a criterio de las “autoridades competentes” recurrir a bloquear las señales de telecomunicaciones de los ciudadanos cuando expresen colectivamente intereses contrapuestos a los del gobierno en turno.
La ciudadanía desaparece y el control se queda en el Estado y los negocios de las televisoras. Para ganar la alianza con Televisa el gobierno de Peña Nieto quita de la Ley lo que había establecido en la reforma. La reforma había establecido que “la radiodifusión es un servicio público de interés general”, en la ley no se menciona. En la reforma se establece la intervención frente al acaparamiento de frecuencia y la propiedad cruzada, en la ley está desdibujada esta posibilidad. En la reforma se había dejado al IFETEL la supervisión de contenidos en radio y tv, la regulación de los porcentajes de publicidad y de la programación infantil. En la reforma constitucional se había establecido:
“Para que la publicidad en radio y televisión sea equilibrada, la ley dotará al Instituto Federal de Telecomunicaciones de atribuciones para vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos que la misma señale para la transmisión de mensajes comerciales”.
En la ley se establece que: ”en estaciones de televisión el tiempo destinado a la publicidad comercial no excederá del dieciocho por ciento del tiempo total de transmisión por cada canal de programación”, añadiendo…”la duración de la publicidad comercial no incluye los promocionales propios de la estación, ni los tiempos del Estado, ni los programas de ofertas de productos o servicios”.
Al no poner un máximo de publicidad por hora y poner un promedio durante toda la programación se le permite a las televisoras llenar de publicidad los horarios de mayor audiencia y reducir los de menor rating, un regalo que difícilmente encontrarían en algún país que pudiera llamarse democrático y con órganos reguladores independientes.
En relación a la publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia es sorprendente como la ley propuesta da marcha atrás, incluso, frente a la Ley de Radio y Televisión vigente. Sin duda, es una concesión más a las televisoras y la industria de alimentos y bebidas que se han opuesto a la propuesta de COFEPRIS de prohibir esta publicidad en los horarios vespertinos entre semana y en los fines de semana de 7 am a 7:30 pm.
En la Ley de Radio y Televisión vigente se establece:
“En la programación dirigida a la población infantil, no deberá haber publicidad que incite a la violencia o aquella relativa a productos alimenticios que distorsionen los hábitos de una buena alimentación” (Art. 67 Ley Federal de Radio y Televisión).
En la vieja ley es clara la prohibición de la publicidad de “los productos alimenticios que distorsionen los hábitos de una buena alimentación”, mención que ha molestado a la industria de alimentos y bebidas, más cuando existen cada vez más evidencia de que la comida chatarra distorsiona “los hábitos de una buena alimentación”. En el proyecto de Ley enviado al Congreso lo más cercano a esto se encuentra se encuentra en el inciso II del artículo 246 que de manera muy vaga establece:
“En la publicidad destinada al público infantil no se permitirá: Mostrar o promover conductas o productos que atenten contra su salud física o emocional.
Esta redacción ya no genera molestia a la industria de alimentos y bebidas ni a las televisoras. Si era difícil lograr que la autoridad aplicara el artículo 67 de la vieja ley contra la publicidad de comida chatarra que sin duda “distorsiona los hábitos de una buena alimentación”, la redacción propuesta en el nuevo proyecto de ley lo volverá imposible. Los montos invertidos en publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia en televisión ascienden a cientos de millones de pesos. Tan sólo, de enero a agosto de 2012 el gasto de publicidad en televisión de únicamente 8 dulces alcanzó los 400 millones de pesos. Una redacción más explícita contra esta publicidad como lo recomienda la OMS permitiría profundizar la regulación promovida por COFEPRIS que es aún muy limitada. Sin embargo, los intereses comerciales están por encima de la salud de la infancia.
A lo largo del proyecto de ley se desdibujan los derechos de las audiencias, se debilita el papel del órgano regulador independiente, se protege al duopolio televisivo, se fortalece la intervención de gobernación, se desprotege a la infancia, se mantiene el imperio de la comercialización en los tiempos de la televisión abierta y la radio, se deja en el olvido los medios públicos y la producción independiente.
El proyecto de ley de telecomunicaciones es un desastre que sólo pudiera entenderse como un distractor para la reforma energética. Es decir, como parte de una estrategia que propone el absurdo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para atraer la atención y terminar cediendo en algunas de las demandas ciudadanas mientras se introduce la reforma energética. Pudiera ser, todo es posible. De cualquier manera, el dinosaurio pretende resucitar y, si se le permite, dejar nuevamente al ciudadano sin la posibilidad de ejercer su condición de tal, dejándolo como espectador pasivo de una telenovela.
