Por: Oscar Arredondo Pico, investigador del área de Presupuestos y Política Pública de Fundar.
El pasado 26 de marzo se presentó el informe 'Comprando Complacencia: publicidad oficial y censura indirecta en México', elaborado por las organizaciones WAN-IFRA (World Association of Newspapers and News Publishers) y CIMA (Centro Internacional de Asistencia a los Medios de Comunicación) en colaboración con Fundar y Artículo 19. El informe detalla cómo la publicidad oficial se asigna a los medios de comunicación: sin reglas claras ni precisas, como medio de influencia e incluso de chantaje a los dueños de medios y a periodistas.
La publicidad oficial en México le permite al gobierno censurar indirectamente a los medios, condiciona la difusión de propaganda gubernamental con contratos millonarios de los que se ven favorecidos. En consecuencia, los medios de comunicación tienden a beneficiar o editar a modo las noticias relacionadas con la gestión pública.
La reforma energética, por ejemplo, se presentó con una gigantesca promoción mediática que comprendió cientos de miles de repeticiones de spots en televisión y radio. Esta propaganda desmedida se adereza con la difusión de notas en las que se exaltan las virtudes de la reforma o se callan sus deficiencias. Las mentiras o medias verdades con las que buscan convencer o manipular la opinión pública resultan exitosas en la medida en la que se copta la imparcialidad, la pluralidad y la objetividad de un medio a través de la difusión y la propaganda oficial.
La publicidad oficial tendría que ser un puente de comunicación entre gobernados y gobernantes, contener información útil y relevante para la sociedad. Sin embargo, en la realidad se trata de un privilegio al que ningún político con aspiraciones está dispuesto a renunciar pues la utilizan para influir en líneas editoriales o para impulsar agendas partidistas; así como para financiar selectivamente a medios de comunicación que apoyan a algunos funcionarios y sus políticas. Es por eso que a pesar de los intentos legislativos por acotarla no deja de ser el despilfarro más indignante del que somos testigos.
En el terreno de la política, cuando se anuncia una cosa en el fondo se busca otra. Se difunde la presentación de un informe de gobierno o la construcción de obra pública, pero el verdadero objetivo es promover la imagen de un aspirante a candidato. Con la publicidad oficial se trata de inhibir la reacción o la defensa que la sociedad pudiera emprender contra la imposición gubernamental. Y mientras tanto, es muy poco el dinero que se invierte en difundir las herramientas de acceso a la información, los derechos de los ciudadanos o los mecanismos que tienen para exigir a los gobernantes rendición de cuentas. La publicidad oficial es un premio multimillonario a distribuirse entre algunos medios de comunicación.
El gasto que se realiza por este concepto es alarmante y desproporcionado, de ello se dará cuenta este 1o de abril, día que se presentará el 'Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en las entidades federativas', en él se pone en evidencia la necesidad de una reforma que regule los gastos en publicidad y que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información.
Fundar y Artículo 19, las organizaciones que lo elaboraron, se enfrentaron al obstáculo de conocer el destino del gasto en publicidad oficial y las relaciones financieras entre los gobiernos locales y los medios de comunicación. No obstante, 26 estados del país contestaron a las solicitudes de información de las que se aprecia un gasto de $5,377 millones de pesos. Estados como Nuevo León y Coahuila gastaron más de mil millones de pesos cada uno; un promedio de más de $250 pesos por habitante, sin que esto reportara algún beneficio en particular.
Pocos gastos resultan tan absurdos e inútiles para la sociedad como el que se hace en publicidad oficial, ya que ésta se reduce a estrategias de promoción personal o partidista con miras a alcanzar o mantener los privilegios que el poder gubernamental otorga. Así, las mentiras se repiten mil veces y lo peor es que parecen tener eco en la consciencia de la población. Y no porque seamos seres privados de criterio, incapaces de discernir o de detectar la falsedad, simplemente pasa porque los medios masivos de comunicación son casi nuestro único vehículo para conocer lo que sucede en el ámbito político y gubernamental.
