Todavía sabe agria la memoria al recordar el episodio de la Ley Televisa. En ningún momento ha sido tan palmaria la sumisión del Congreso mexicano a los poderes fácticos como en el otoño de 2006. Un proyecto de ley elaborado en las oficinas de una empresa privada que fue aprobado en pocos minutos por la mayoría de los diputados y, semanas después – prácticamente sin modificación – ratificado por el Senado.

Si un grupo de legisladores no hubiese presentado Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, le Ley Televisa seguiría hoy gobernando el sector de la radiodifusión para el solo beneficio de sus autores. Por fortuna, los ministros del Tribunal Constitucional combatieron los abusos avalados por el Poder Legislativo.

Aquel hecho fijó precedente para la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Nunca más, se dijo por lo bajo, el poder mediático pondría de nuevo al Estado mexicano sobre sus rodillas. De entre todos los productos entregados por el Pacto por México, esta reforma a la Carta Magna mereció grandes aplausos. Hizo creíble que el presidente Enrique Peña Nieto, y los principales líderes de los partidos de oposición, estaban dispuestos a colocar el interés de la República por encima de cualquier otro.

No habría sido posible imaginar la fotografía de EPN en la portada de la revista TIME sin la reforma constitucional en telecomunicaciones. Fue pilar sobre el que se resolvió la confianza para seguir avanzando con el resto del paquete reformador.

Pero la buena expectativa nos duró poco: el Ejecutivo federal está a punto de dar la espalda a sus promesas. El segundo capítulo de la saga, la Ley Televisa II, se halla de nuevo al aire.  La historia se repite lastimosamente en el recinto parlamentario mexicano. Esta semana llegó a las oficinas de los senadores un borrador de decreto, supuestamente avalado por Peña Nieto, para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los contenidos de esta legislación secundaria son tan ominosos que parecen una broma macabra; apuñalan la reforma constitucional en telecomunicaciones que tanto reconocimiento mereció hace unos cuantos ayeres.

Este proyecto de legislación secundaria merece ser nombrado Ley Televisa II por su naturaleza regresiva y también porque favorece a la empresa de la que obtuvo su nombre. Vale la pena revisar algunos de sus puntos más deshonrosos. Mientras la reforma constitucional previó un órgano autónomo, capaz de enfrentar los embates de los poderes fácticos, la Ley Televisa II debilita al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al someter tramos enteros de su decisión a la voluntad política de las Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la COFEMER.

Como en los viejos tiempos, la censura en los medios electrónicos se celebrará desde el Palacio de Covián donde, por cierto, igual se gobierna la política de seguridad nacional. De aprobarse así, el policía del futuro – además de perseguir delincuentes –  estará encargado de definir lo que se hace público o lo que se mutila.

Una vez fracturadas las facultades del IFT, los fabricantes de este proyecto de ley decidieron cargar las tintas en contra alguna empresa y favorecieron a otra. Se trata de una iniciativa hecha a modo para perjudicar a Telmex y ayudar a Televisa. En vez de ordenar este sector de tal manera que se diversificara el acceso para los nuevos jugadores, el proyecto de ley que llegó a la Cámara Alta es ostentoso en sus fobias y también en sus filias: sobreregula al monopolio del señor Slim mientras teje un  cómodo traje de algodón para el del señor Azcárraga.

Otro aspecto reclamable contra este texto es el vacío jurídico en el que abandona a los medios públicos. Se esperaba que, a partir del ánimo pluralizante anunciado por la reforma constitucional, la radio y la televisión pública – así como aquellas estaciones de carácter comunitario – recibieran vitamina vigorosa para jugar como adultos en el sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, esta intención desaparece de la Ley Televisa II.

Podría aquí seguir con el análisis que exige este escandaloso proyecto, pero no hay espacio. En cambio sí lo hay para cerrar con una frase del senador Javier Corral: “de prosperar este borrador, habríamos de pedirle al presidente Peña Nieto que se retire de la portada de TIME y pase a ocupar la última página de la revista TV NOTAS.”

Ricardo Raphael

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Es periodista. Conductor de televisión.

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