México es el tercer país de América, después de Estados Unidos y Brasil, con mayor número de personas privadas de su libertad. Esta situación se agrava cuando hablamos de personas sin sentencia quienes no sólo están encarcelados pudiendo ser inocentes sino que también provocando fuertes costos para el Estado.
Esta situación trae fuertes problemas y consecuencias irreversibles tanto a nivel individual, social y nacional. En primer lugar, los procesados se ven expuestos a situaciones similares que los sentenciados o en muchas ocasiones a vejaciones y a una mayor violencia que éstos últimos. Conviven con las personas que ya fueron sentenciadas, se ven expuestos a una vida institucional repleta de violaciones de Derechos Humanos, pierden su trabajo y sus ingresos, son separados de su familia y de su núcleo social quien inmediatamente los estigmatiza y etiqueta. Pueden estar así dentro de la prisión un promedio de dos años sin haber sido sentenciados como culpables, son tan inocentes como tu y yo. Son exhibidos en medios de comunicación como presuntos delincuentes, mostrando sus rostros en todos los medios de comunicación.
El uso de la prisión preventiva ha sido una constante en México, sin embargo, en el sexenio de Felipe Calderón, hubo un aumento indiscriminado de más del 50%. A enero de 2013 más del 40% de la población reclusa eran procesados. 100 mil 34 personas encarceladas, quienes según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un gran porcentaje se encuentra ahí por delitos patrimoniales de baja cuantía. Es una política criminal poco equilibrada, ya que por delitos menores de 2 mil pesos, existe un costo social de más de 9 mil 755 mdp anuales. Lo anterior sin tomar en cuenta las consecuencias personales y familiares que provocan en las personas privadas de su libertad.
Por otro lado, en el sexenio ya mencionado, la PGR detuvo a 9233 personas relacionadas con delitos de crimen organizado, de los cuales sólo fueron consignados 1059 y 377 puestos en libertad, lo que quiere decir que más de 7500 personas fueron exhibidas y etiquetadas sin tener a la fecha una sentencia que los declare como culpables.
Esta situación se agrava tremendamente en cuanto a recursos se refiere; no cabe duda que el presupuesto que más se aumentó durante dicho sexenio fue el de la procuración de justicia y de seguridad a nivel federal. En el 2012 el presupuesto para la PGR fue de 15 mil 385 mdp; en Seguridad Pública de 40 mil 536 mdp; de los cuales para el rubro de procuración de justicia fueron 15 mil 546 mdp y para la policía 26 mil mdp. Dichas cifras no se pueden justificar con los 1059 consignados; si dividiéramos el gasto total entre ellos, podríamos decir que cada aprehensión con sentencia favorable, nos salió a todos los mexicanos en millones y millones de pesos.
La política criminal en México, debe sin duda ser reconsiderada; según la CIDH, el uso excesivo de la prisión preventiva refleja que el tratamiento de la delincuencia se basa no en la reflexión científica y empírica sino en el reclamo social y mediático; es decir es la sociedad y los medios de comunicación quienes exigen dicha práctica, pero somos nosotros mismos quienes no nos damos cuenta que los costos económicos y sociales de nuestra política criminal son demasiados elevados y no tienen una relación proporcional con la criminalidad y la delincuencia.
México: ¡despierta!; el uso de la prisión preventiva no nos lleva a ninguna parte, sólo tiene efectos negativos tanto en la sociedad como en nuestros bolsillos. Además nos expone a todos los ciudadanos a ser encarcelados sin ser culpables, mañana puedes ser tú o algún familiar.
@criminologiamex
