Uno de los mayores engaños en el mundo
es la esperanza de que todos los males del mundo
puedan resolverse a través de la legislación
Thomas B. Reed
Un político exitoso suele ser aquel que aprovecha las oportunidades que se le presentan. Esto es válido tanto para tomar una acción o simplemente para declarar algo. Lo anterior no implica que esa acción lleve a la atención de un problema público. Incluso eso rara vez ocurre si no hay un beneficio mayor al costo. Basta con que se genere una imagen positiva que posicione al declarante frente a un público determinado.
Lo arriba dicho se puede apreciar mejor en las iniciativas que presentan los diputados y senadores al pleno de sus respectivas asambleas. Caeríamos en un engaño si pensamos que su objetivo es ser aprobadas: incluso los más interesados en que se dictaminen pueden ser los mismos presentadores. De hecho en esa categoría pueden caer más del 90 por ciento de las iniciativas que se presentan ante cualquier asamblea del mundo.
¿Por qué sucede esto? Porque una iniciativa tiene una finalidad táctica, no importa la calidad del texto: lo importante es usarla para responder a una coyuntura o para dar un mensaje a opositores. Esta es la razón por la que la “congeladora” es uno de los recursos parlamentarios más útiles.
El pasado 25 de febrero el hoy senador con licencia Ernesto Cordero presentó junto con Carlos Mendoza Davis una iniciativa para combatir el fenómeno conocido como los “moches”: cuotas que exigen legisladores a compañeros a cambio de erogaciones presupuestales. ¿Qué tan útil es en realidad? ¿O solamente se pretende presentar una solución mágica para atacar a su contrincante a la presidencia del PAN?
“Los moches”: mitos y realidades
Por más indignante que sea, es difícil identificar un problema de corrupción en el Congreso toda vez que no suele haber pruebas contundentes. Esto es, cuando se convierten en escándalos públicos es cuando hay pruebas como (digamos) grabaciones ocultas o algún registro.
Todavía más, las acusaciones que se han presentado al respecto suelen involucrar a personas del mismo grupo parlamentario. Es decir, un coordinador de bancada o presidente de comisión lo exige a un compañero de menor rango. Esto significa que por lo general hay un castigo político para quien denuncia.
¿Esto significa que se deba tolerar? No, pero hay que tener claro que los escándalos referentes a los “moches” saldrán a la luz cuando hay una pugna al interior del grupo parlamentario, de tal forma que se busca usar para golpear a un dirigente partidista determinado. Tal y como hemos visto en los últimos meses.
También ayuda para que haya una consecuencia que haya personas que tengan algo que perder con el escándalo. Esto significa por lo general perder una elección al momento en que esto impacte negativamente al competir por un cargo. Cuando se juntan estas condiciones es probable que incluso el órgano legislativo comience a tomar cartas en el asunto, como sería acotar las inmunidades de los legisladores o transparentar los procesos legislativos para limitar los márgenes de opacidad e impunidad.
¿Qué propone la iniciativa?
Se proponen dos cosas:
La primera, facultar a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para que, en aquellos programas o proyectos extraordinarios que se pretenda sean incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), sin contar con el registro previsto en la fracción III del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se pronuncie en relación a que los mismos generan un beneficio social neto bajo supuestos razonables, observando sin excepción los criterios de rentabilidad socioeconómica, reducción de la pobreza extrema, desarrollo regional y concurrencia con otros programas y proyectos de inversión, así como que cumplen con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento de la LFPRH a propósito del análisis de costo y beneficio.
Y en segundo lugar se propone adicionar un precepto que oriente la conducta de los legisladores en el sentido de que éstos deben negarse a obtener beneficios de cualquier índole, derivados del ejercicio de sus funciones, pues éstos deben desvincularse de intereses personales que entorpezcan el correcto desempeño de la función pública, específicamente en lo relativo a la inclusión y aprobación de programas y proyectos en el PEF. Los servidores públicos mexicanos tienen la obligación y los ciudadanos el derecho a que, en todo momento, nuestros representantes tengan un adecuado desempeño de sus funciones y una correcta administración de los recursos públicos.
¿Serviría de algo lo propuesto? En realidad no.
Es difícil dictaminar una utilidad social neta bajo supuestos razonables, toda vez que siempre habrá beneficiarios y perjudicados: la asignación de la mínima fracción del presupuesto que se puede modificar se suele hacer en un esquema de intensas negociaciones políticas. Pretender que se pueden realizar estudios para todo implicaría, para empezar, que las negociaciones se alargarían más allá de la fecha límite establecida en la Constitución. En todo caso existen mecanismos para medir el impacto de una política, los cuales se pueden usar si se desea descontinuarla.
La segunda propuesta es falaz, toda vez que cualquier práctica corrupta derivada de los “moches” ya está tipificada tanto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos como en el Código Penal Federal. Y esto es menos eficaz si consideramos que se requiere de una declaración de procedencia para que esta conducta pueda ser juzgada. Poner una nueva causal delictiva no sirve para estos efectos.
Los políticos van a aprovechar cualquier oportunidad para posicionarse o atacar a un oponente: esa es parte de su trabajo. Es nuestra responsabilidad conocer el problema para no dejarnos llevar.
