Por: Mariana Mora, investigadora del área de Derechos Humanos de Fundar.
Desde hace varias semanas circulan en las redes sociales y en los medios nacionales una serie de artículos de opinión que suman una intensa indignación colectiva frente a las profundas contradicciones del sistema de justicia penal en el Distrito Federal. Me refiero al caso de la joven de Tepito, Yakiri Rubí, tras haber salvado su vida contra agresores que la secuestraron, violaron sexualmente e intentaron asesinarla.
¿Sobre qué se basa un sistema de justicia cuando una mujer acude al Ministerio Público a denunciar haber sido agredida sexualmente y termina recluida en Santa Marta Acatitla acusada de homicidio calificado? ¿Qué sucede en una ciudad cuyas administraciones presumen la implementación de una serie de marcos jurídicos de vanguardia respecto a la equidad de género y los derechos sexuales y reproductivos, pero que viola —como bien se ha documentado en este caso— su propia Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia?
No se trata de preguntas retóricas, sino de un llamado al tipo de revisiones exhaustivas que las autoridades deben hacer frente a un caso que evidencia lo que un amicus curiae, presentado en febrero por la Comisión de Derechos Humanos del DF y firmado por diversos especialistas, define como una "concepción machista de la justicia".
El capítulo más reciente de este entramado discriminatorio sucedió esta semana, cuando los magistrados de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal reconocieron que aunque Yakiri efectivamente fue violada y actúo para defenderse de sus agresores, "rebasó lo estrictamente necesario para protegerse". Se le acusa de "exceso en la legítima defensa"; es decir, estaba en su derecho a defenderse pero sus acciones fueron desproporcionales a los hechos.
El 5 de marzo, el juez 23 fijó una fianza de poco más de 423 mil pesos: casi $100 mil pesos corresponden a obligaciones procesales y los $323 mil restantes son por "reparación del daño". Sus familiares lograron realizar el pago inicial, gracias a las aportaciones solidarias. Sin embargo, Yakiri no está absuelta de las acusaciones y tendrá que seguir el proceso que le imputó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) fuera de prisión.
Recapitulemos los hechos: el 9 de diciembre de 2013, Yakiri fue secuestrada por Miguel Ángel y Luis Omar Ramírez Anaya, quienes la subieron a su motoneta para llevarla contra su voluntad a un hotel en la colonia Doctores. Los dos hombres torturaron y violaron sexualmente a la joven de 20 años. Cuando Miguel Ángel Ramírez la acuchilló, Yakiri logró torcer la muñeca y dirigir el cuchillo al agresor para defender su vida. Salió corriendo semidesnuda y acudió al Ministerio Público para denunciar los actos que había sufrido. Las autoridades violaron sus derechos al ignorar su denuncia (a pesar de las lesiones corporales evidentes). No siguieron los protocolos que están obligados a seguir en caso de violación sexual, no le dieron atención médica, ni antiretrovirales y anticoncepción de emergencia. En su lugar dieron curso a la acusación de homicidio calificado, según la denuncia de Luis Ramírez. Además, sus agresores no fueron acusados por sus acciones. Y como ya sabemos, Yakiri terminó en prisión acusada de haber actuado de manera desproporcional.
La noche del 5 de marzo, Yakiri salió del Centro de Readaptación Social Femenil de Tepepan. Entre tambores y muestras solidarias de activistas, familiares e integrantes del Comité Ciudadano para la Liberación de Yakiri, pidió que ya no hubiera más injusticias. "Que no existiera ya el machismo, porque aquí fue machismo. Por eso me juzgaron. Yo quisiera que ya no hubiera más, que fuera la última mujer que pasara por esa situación", concluyó.
Para responder al llamado de Yakiri, las autoridades correspondientes deben emprender acciones orientadas a investigar y sancionar a los funcionarios que violaron sus derechos humanos e iniciar los procedimientos necesarios para reparar el daño; además de declararla inocente, por supuesto. De igual forma, deben iniciar revisiones a fondo de las políticas estatales con tal de evitar la repetición de injusticias y atropellos a los derechos y acciones misóginas de revictimización.
El día posterior a su liberación bajo fianza, las autoridades del sistema penitenciario local y el Instituto de las Mujeres del DF emitieron declaraciones públicas donde se comprometieron a revisar los expedientes de las mujeres ahí recluidas para determinar si existen otras violaciones al debido proceso. Este tipo de acciones sustantivas tendría que ser aquello que le dé sentido al Día Internacional de la Mujer, más allá de los eventos culturales organizados por el Gobierno del Distrito Federal.
