Un amigo magistrado, especializado en asuntos penales, me advirtió a unos días de la detención de Joaquín Guzmán Loera: a los norteamericanos no les interesa solamente extraditar al Chapo por tenerlo encerrado en sus cárceles sino por confiscar sus bienes y las cuentas bancarias de sus empresas y prestanombres del capo considerado por la revista Forbes como uno de los más ricos del mundo.

“Ellos van tras el dinero y los bienes. La información ya la tienen”, me advirtió.

También me dio otra clave que pocas veces se analiza en el caso mexicano: la extradición del jefe del Cártel de Sinaloa es una decisión presidencial. No hay amparo que valga si el titular del Ejecutivo federal decide, en uso de sus atribuciones, extraditar a Guzmán Loera.

Algo similar ocurrió con la extradición de los dos grandes capos del cártel del Golfo: Juan García Abrego y Osiel Cárdenas.

Hasta ahora, ninguno de los grandes personajes que integraron esta multinacional de altos vuelos llamada Cártel de Sinaloa ha sido extraditado a Estados Unidos: ni Miguel Angel Félix Gallardo, ni Rafael Caro Quintero –el verdadero objetivo bélico de la DEA de los años ochenta-, y menos el triunvirato heredado por Juan José Esparragoza, El Azul, Isamel El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán.

La entrevista que concedió El Mayo Zambada a Julio Scherer García –que tanto espantó a las “buenas conciencias periodísticas” que gustan de reproducir boletines oficiales- fue muy clara en este punto: estamos dispuestos a todo, con tal de no ser extraditados.

La verdadera guerra entre el Estado colombiano y los capos del narcotráfico, en especial Pablo Escobar Gaviria, El Patrón, se detonó a raíz de las presiones de Washington para extraditar al capo y a decenas más de sus colaboradores.

Las presiones de Estados Unidos serán evidentes y claras en este sentido. Se darán vía institucional, vía mediática y, por supuesto, diplomática. Quieren “el libro blanco” de la industria criminal que representa el cártel de Sinaloa. No solamente es un asunto de “seguridad” o que las cárceles mexicanas y el sistema de justicia de nuestro país sean más corruptos que el suyo. El tema fundamental es uno: el negocio de la droga es suyo y quieren tener el control.

De hecho, el gobierno de Estados Unidos comenzó ya a poner candados legales, vía el Departamento del Tesoro, a personas físicas y morales, presuntamente vinculadas al Chapo. Empezaron con 7 personas y 10 empresas, entre ellas, al colombiano Hugo Cuéllar Hurtado y 5 de sus familiares.

Las autoridades colombianas vinculan a Cuéllar Hurtado con Juan José Esparragoza, El Azul, considerado como uno de los ingenieros financieros del poderoso cártel.

El procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, le planteó a su homólogo mexicano, Jesús Murillo Karam, la posibilidad de que el Chapo sea extraditado. Es la vía de más alto nivel, además de fiscales estatales y hasta el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes norteamericana, Michael Mc Caul.

Holder “me planteó la posibilidad” de la extradición, informó Murillo Karam el 25 de febrero. “Le dije que era un asunto que teníamos que revisar en función de lo que fuera más conveniente, no sólo para México sino también para ellos”, abundó el procurador general mexicano.

Murillo Karam dejó muy claro en varias entrevistas radiofónicas que la extradición no se dará en un corto plazo: “es muy anticipado dar una opinión ahorita, yo te diría que, por lo menos pronto, no creo que se dé. En nuestro caso hacemos valoraciones de muchos tipos, pero fundamentalmente pensando en las razones del país”.

En el mismo sentido, las declaraciones del primer mandatario mexicano Enrique Peña Nieto a la cadena de televisión Univisión reforzaron la decisión de que la extradición será en un plazo más largo y “si los términos de la solicitud se ajustan al convenio de extradición”.

En otras palabras, no hay una negativa rotunda del lado mexicano, pero tampoco una certeza.

En este terreno de la indefinición, las presiones aumentarán. El congresista norteamericano Michael Mc Caul argumentó que demandan la extradición para que El Chapo no se vuelva a escapar.

Mc Caul le agregó un ingrediente muy incómodo para la versión mexicana de la captura de El Chapo: felicitó a los agentes de la DEA, del servicio de alguaciles y de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) por su participación en la detención del sábado 22 de febrero. A contrapelo de la insistente versión gubernamental de que sólo participaron de manera activa y directa soldados, marinos y policías mexicanos.

Los Chapo Fans

En medio de este juego de presiones, las marchas en Culiacán y Guamúchil para pedir la liberación de Guzmán Loera con pancartas de apoyo y hasta camisetas con la leyenda We love Chapo forman parte de este juego de presiones y demostraciones de poder del cártel ante el carácter dubitativo del gobierno mexicano.

En la medida que las presiones para extraditarlo incrementen, en esa medida el cártel de Sinaloa demostrará no sólo que tiene “bases sociales” (al estilo típico de la cultura política mexicana y sinaloense: con acarreados, tambora, tamales y jugos) sino que sabe utilizar su legendario músculo.

En otras palabras, la luna de miel Peña-Obama se acaba en el momento de definir la extradición.  Y la historia apenas comienza.

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Jenaro Villamil

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Reportero de Proceso, especialista en medios, editor de Homozapping.

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