Con tal de frenar la ola de indignación y furia contra su ineficacia y sus mentiras, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte decidió sacrificar esta semana a sus dos principales colaboradores: al procurador estatal Amadeo Flores y a su vocera Gina Domíngez, ambos corresponsables del clima de persecución y encono contra los periodistas y medios en esta entidad.

No se trata de una medida para combatir la impunidad. Al contrario, Duarte trata de salvar su propio pellejo tras las denuncias de organizaciones de reporteros, nacionales y extranjeras, de las fuertes condenas de organizaciones internacionales como Artículo 19 o el Alto Comisionado de la OUNU para Derechos Humanos y del enorme descontrol que prevalece en Veracruz frente a las mafias regionales, claramente vinculadas con cuerpos policiacos y políticos locales.

Amadeo Flores deja la procuraduría sin resolver uno solo de los casos de asesinatos a periodistas que le correspondieron en su periodo: Gabriel Huge, reportero de Notiver; Guillermo Luna, de la agencia Veracruznews (ambos asesinados en mayo de 2012); Esteban Rodríguez, del diario AZ; Víctor Báez, de Milenio (ultimado en junio de 2012); Regina Martínez, corresponsal de Proceso, cuyo homicidio en abril de 2012, días después de la gira de Enrique Peña Nieto en campaña presidencial, derivó en una persecución ministerial contra sus colegas corresponsales de otros medios; y el caso reciente de Gregorio Jiménez, el reportero de Liberal del Sur y Notisur en Coatzacoalcos.

Tampoco se sabe qué sucedió con los periodistas reportados como desaparecidos (Gabriel Fonseca, Sergio Landa y Miguel Morales Estrada) y menos de decenas de denuncias por amenazas e intimidaciones.

El procurador estatal aplicó un mismo método para darle carpetazo a cada uno de estos homicidios: privilegiar la versión de las “venganzas personales”, “conflictos vecinales” “móviles del robo”, evitando investigar sobre lo publicado por estos reporteros, y dar por buenas las “confesiones” de presuntos culpables torturados, tal como ocurrió en el caso de Regina Martínez, que se le cayó a Amadeo Flores.

Tan sólo investigar a fondo lo que Regina Martínez había publicado y señalado hubiera llevado al exprocurador estatal preguntarle al flamante diputado federal y coordinador de la bancada de Veracruz en San Lázaro, Alejandro Montano Guzmán, el ex secretario de Seguridad Pública, enriquecido de manera inexplicable.

Lo mismo en el caso de Gregorio Jiménez. Y en el de tantos otros. La marca de las “investigaciones” de Amadeo Flores fue encubrir, desviar y proteger a quienes pudieran ser señalados como responsables, corresponsables y sospechosos de los crímenes.

La ineficacia de la procuraduría de Duarte se ha reflejado claramente en la ola de secuestros en toda la entidad y de crímenes con sello mafioso, como el del joven cantante Gibrán o el del ex dirigente local cetemista Ernesto Ruiz Guillén, cuyo cuerpo estaba en la misma fosa que el de Gregorio Jiménez.

El nuevo procurador, Luis Ángel Bravo Contreras, no tiene ningún antecedente en materia de investigaciones criminales. Era el presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, en una de las entidades más señaladas por su opacidad y falta de rendición de cuentas. Será el tercer procurador del gobierno de Javier Duarte en menos de cuatro años.

Del otro lado, la vocera Gina Domínguez se convertirá en la segunda sacrificada. Para nadie es un secreto en Veracruz que Domínguez se dedicó a “palomear” a quienes consideraba “periodistas amigos” y a repartir mucho dinero en medios locales, nacionales y en decenas de blogs para maquillar el fracaso del gobierno de Duarte.

El poder y la influencia de Gina Domínguez sobre el robusto gobernador le ganó el mote local de “vicegobernadora”. Y a ella le gustaba presumir esa capacidad de influir.

En lugar de colocarse de lado de la comunidad periodística, Gina acabó peleándose prácticamente con todos, incluyendo a quienes antes eran sus “aliados”. Polarizó y tensó el ambiente mediático en Veracruz. En lugar de comunicar, informar, Gina asumió un papel de censora.

La sustituirá Alberto Silva Ramos, secretario de Desarrollo Social, ex alcalde de Tuxpan, sin ninguna experiencia previa en las áreas de comunicación social. El “bombero” no resolverá ninguno de los pendientes que dejará su antecesora porque se trata de un operador político, no de un comunicador institucional.

La responsabilidad de este desastre le corresponde al gobernador Javier Duarte. El es el jefe político del procurador y de su vocera. El fue quien trató de minimizar los crímenes. Nunca ha tenido ninguna actitud facilitadora de la libertad de expresión y el derecho a la información. Por el contrario, ha perseguido a tuiteros incómodos, amedrenta a quienes osan criticarlo, reparte dinero a medios masivos como si se tratara de tapar con publicidad lo que todos los veracruzanos conocen y padecen.

En el colmo, Duarte se autocondecoró para revertir su imagen de gobernador intolerante con la prensa, para convertirse en “defensor” de los reporteros.

A nadie se le olvida, en donde tienen registrada esta trama de favores y complicidades políticas, que Duarte no “cumplió” con los votos prometidos en la campaña de Enrique Peña Nieto. En Veracruz el PRI perdió en el 2012.

Y peor aún: la sociedad veracruzana le ha perdido el respeto y la credibilidad a alguien que ha superado con creces a su antecesor, Fidel Herrera, en indicios de ineficacia, corrupción y desgobierno.

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Jenaro Villamil

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Reportero de Proceso, especialista en medios, editor de Homozapping.

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