De un tiempo a la fecha, a Televisa no le gusta que la investiguen. A pesar de ser la principal empresa de comunicación en América Latina y, desde 2006, una importante compañía también de telecomunicaciones (tiene la telefónica Bestel y domina el 55 por ciento de la tv restringida que da servicios de triple play) el consorcio dirigido por Emilio Azcárraga Tercero, cree que todos aquellos que investiguemos, critiquemos o indaguemos en sus contenidos, negocios, o presiones empresariales y políticas estamos al servicio de su presunto competidor (no TV Azteca, ahora su socio) sino de Telmex-Telcel.

Es la salida fácil porque así se inventan una condición de víctimas que no tienen. Y encubren su cara de verdugos no sólo en materia de televisión sino en muchos otros rubros en donde sus tentáculos están presentes: en el Congreso (una sólida telebancada), en la PGR (recuérdese el papel estelar de Alejandro Puente, su dirigente de Canitec), en el IFE, en el TEPJF, en los gobiernos estatales, en los órganos reguladores del sector (Cofetel y Comisión Federal de Competencia los han padecido), en el mercado de la publicidad que ellos dominan a partir de su condición de dueños del 70 por ciento de la pantalla comercial, en los partidos políticos, en la CIRT, en la Canieti, en la Canitec, en el SAT, en la Cofepris,   y hasta en la educación, como denunciaron la misma Elba Esther Gordillo (ahora detenida) y su némesis la CNTE.

Ahí está la primera mentira de Televisa:  a toda crítica o señalamiento a sus poder fáctico, a sus maneras de presión y extorsión, ellos dicen que se trata de una campaña de Telmex-Telcel, o de algún competidor inventado, porque ya absorbieron a TV Azteca vía Iusacell y a los pocos cableros o radiodifusores que no se les cuadran.

Su método cada vez se parece más al de un cártel del crimen organizado: estás conmigo o estás contra mí. Ellos pueden inventar telemontajes (el caso Florence Cassez); alterar entrevistas (como el caso reciente del doctor Juan Manuel Mireles); emprender campañas de linchamiento a quienes pretendan competir con ellos (recuérdese el caso de Isaac Saba, socio de Telemundo en 2006-2007 que fue perseguido en pantalla por su supuesto monopolio de medicinas); criminalizar a ex socios a partir de eventos turbios como el caso de Salvador Cabañas (y la persecución judicial al dueño del Bar-Bar, Simón Charaf); alterar imágenes o crear videoescándalos a modo, pero “no mienten”.

La diferencia de sus abusos, en comparación con Telmex-Telcel u otras compañías con tintes monopólicos (Cemex, Bimbo, etc), es que ellos tienen el dominio de una pantalla televisiva que ha sido sacralizada por los políticos, incluyendo aquellos que fueron sus clientes, por empresarios, y por gobernantes. Son un Estado dentro del Estado.

Hay carreras políticas que se truncaron por un golpe de Televisa. Sino, recordemos el caso de Arturo Montiel, cuya corrupción “descubrió” el canal de las Estrellas hasta que le convino. Mientras tanto, el ex gobernador del Estado de México, el tío de Peña Nieto, les dio carretadas de dinero, favores y hasta terrenos en Valle de Bravo porque creyó que así lograba la candidatura presidencial del PRI en 2006.

Montiel no lo logró. Peña Nieto sí. A cambio, el mexiquense vendió su alma y su alcoba al Canal de las Estrellas.

“No les debemos nada a Televisa, les pagamos todo”, suele comentar uno de los personajes más cercanos a Peña Nieto. Pero ya vimos que la tele-dependencia peñista es más alta, en función de su vulnerabilidad.

En Televisa mienten y todos lo sabemos. Quienes están adentro y quienes están afuera. Decenas de actores, productores, empresarios que han tenido trato con ellos saben cómo les puede ir si exigen simplemente un trato digno o justo.

Si queremos recordar una de sus mentiras más famosas, remitámonos a aquella columna de Plaza Pública, en enero de 2011, cuando Miguel Angel Granados Chapa anunció que Televisa y TV Azteca preparaban un acuerdo monopólico vía la fusión de ambas en la telefónica Iusacell.

¡Qué no le dijeron a Granados Chapa! “Mentiroso”, “embustero”, “pluma rentada”, etc. Al mismo periodista que fue reconocido por propios y extraños como uno de los más serios e informados de su generación.

Cuatro meses después de la revelación de Granados Chapa, Televisa y TV Azteca confirmaron que se aliaban en Grupo Iusacell. Y un año después, en junio de 2012, un mes antes de la elección presidencial, la Comisión Federal de Competencia tomó la decisión más polémica de su historia: aprobar esta fusión, “condicionada”. Ahora se sabe que Felipe Calderón Hinojosa y sus principales colaboradores jugaron un papel fundamental para presionar al organismo colegiado que presidió Eduardo Pérez Motta, por órdenes de Televisa.

¿Acaso Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola o alguno de sus columnistas que practican el “nado sincronizado” salieron a defender a Granados Chapa?

Eso nunca sucede. Ni sucederá.

Televisa miente, intriga, presiona, pero ya no convence, ni tiene credibilidad.

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Jenaro Villamil

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Reportero de Proceso, especialista en medios, editor de Homozapping.

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