El año pasado arrojó resultados legislativos imprecedentes con la aprobación de un conjunto de reformas que llevaban años – y en algunos casos, décadas – en el debate. La apuesta: impulsar la competitividad de México con el fin de atraer inversiones que impulsen el desarrollo.
Sin embargo es un hecho que, si bien las reformas alcanzadas son necesarias para impulsar el desarrollo, no son suficientes para hacer atractivo el país para los inversionistas. Incluso terminarían sirviendo de poco si no hay garantías respecto a la propiedad y la seguridad de quienes deseen establecer empresas en territorio nacional.
Ese es el punto débil para nuestro país. Por una parte no hay garantía plena sobre los derechos de propiedad, toda vez que el Estado puede expropiarla por causas de utilidad pública al ser el titular originario de todos los bienes. Semejante norma, aprobada en 1917, tiene raíces no en el liberalismo sino en la Colonia. La norma fue un instrumento de control por décadas, toda vez que una empresa que no “se alineaba” con el régimen podía ser expropiada.
Otro elemento preocupante es la seguridad de los ciudadanos, especialmente en las entidades donde operan las autodefensas. Más allá de cualquier discusión filosófica, el Estado existe para garantizar la vida y la seguridad de la ciudadanía. Si las instituciones públicas no pueden garantizar esto, no hay certidumbre para cualquier otra actividad – ni siquiera para la defensa de los derechos humanos.
El problema en este sentido es que nuestras instituciones se diseñaron para que una maquinaria política las controlase según los intereses de quien fuera presidente por un sexenio, no para garantizar la seguridad o la estabilidad. Para decirlo de otra forma, los gobernadores y autoridades municipales rotaban según los intereses de jefes políticos a costa de la estabilidad de políticas públicas o la misma solidez de las instituciones. Si todo empezaba desde cero cada tres o seis años, el incentivo era reinventarlo todo. Otra consecuencia de lo anterior era que las reglas no escritas tenían primacía sobre las codificadas: el reino del acuerdo sobre la norma.
Dicha situación era estable en un sistema cerrado y controlado por una maquinaria hegemónica: a final de cuentas los grupos ilegales podían pactar con un sistema político. A final de cuenta se podían dar explicaciones metafísicas sobre la ilegalidad, atribuyendo los problemas a que nuestros antepasados indígenas fueron violados por los españoles hace siglos, y eso nos hacía distintos al resto del mundo. O las cavilaciones interminables de por qué un mexicano actuaba de cierta forma en territorio nacional y cambiaba mágicamente su conducta en Estados Unidos.
A lo largo de los últimos años el país se ha transformado. La sociedad es más compleja y diversa. La pluralidad política ha llegado para quedarse. Y los acuerdos preexistentes con grupos han perdido vigencia. No hay manera de resolver el problema de seguridad con viejas soluciones.
El problema es que el problema tampoco puede encauzarse de manera eficaz con las viejas reglas. Ningún edil se atrevería a depurar la policía si sabe que su gestión terminará en tres años y con ello su protección. Los gobernadores tienen incentivos por culpara a la federación por la inseguridad. Y las instituciones federales se depuran cada sexenio por su debilidad ante la infiltración del crimen organizado.
Una solución estable puede ser difícil de alcanzar. Sin embargo los incentivos que llevan a la reinvención periódica de políticas públicas en lugar de garantizar eficazmente la seguridad del ciudadano. Si bien la reforma política aprobada hace unos meses y todavía sujeta al constituyente permanente puede ayudar, sus efectos no se verán sino a partir de 2018.
Si queremos encontrar soluciones eficaces a los problemas, siempre conviene plantearnos los “por qué”.
