México es de los pocos países del mundo que cuenta con mecanismos de exigibilidad del derecho de acceso a la información como el IFAI y los Institutos o Comisiones de Transparencia locales. Este modelo de garantías ha sido elogiado y dignificado por organismos internacionales de derechos humanos que lo reconocen como un ejemplo a seguir por los distintos países de la región; no dudo que así sea. Somos un país que se ufana de crear marcos normativos e instituciones para atender problemas (sin importar la efectividad de éstas). Tenemos 33 leyes de transparencia y el mismo número de institutos que tienen el único objetivo de garantizar y proteger el derecho a la información de la sociedad.

En el universo de 33 leyes e institutos lo que reina es la heterogeneidad. Tenemos ciudadanos de primera y de segunda para ejercer un derecho humano. Si vives en el Distrito Federal tendrás a un mejor instituto que si vives en San Luis Potosí. Los potosinos de segunda, los defeños de primera. Las diferentes prácticas, leyes y reglamentos nos ha provocado tener un país sumamente dispar.

Recientemente se modificó, por tercera ocasión, el artículo sexto constitucional. Después de previos intentos, esta modificación parece ser la más terminada para garantizar un mejor marco normativo del derecho a la información. La agenda del 2014 radica en la elaboración de una ley general de transparencia que deberá atender los detalles del espíruto del artículo sexto. Uno de esos aspectos es el fortalecimiento de los vigilantes del acceso a la información en los estados de la república, dígase los órganos garantes de acceso a la información.

Nunca antes los órganos garantes han sido evaluados en su desempeño como vigilantes de un derecho humano. Por primera vez, Artículo 19 y México Infórmate, elaboraron y presentaron el Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI). El objetivo de Inogdai era proveer un diagnóstico elaborado a través de una metodología probada,  sobre estas 32 instituciones. El resultado general es preocupante, el 81% de los institutos de transparencia están reprobados en su mandato de garantizar el derecho a la información.

Por ello, ARTICLE 19 y México Infórmate consideramos que para la defensa del derecho de acceso a la información –lo cual es nuestra misión– era necesario evaluar aquellas funciones relacionadas con la promoción y la garantía efectiva de este derecho.

En este sentido, se desarrolló el con la intención de medir tres ámbitos de su actividad:

a)      La transparencia y rendición de cuentas del órgano.

b)      Los mecanismos de promoción del derecho de acceso a la información

c)       La resolución de controversias

La máxima puntación era el 100% que representaría a un órgano que cumple cabalmente con sus obligaciones de transparencia y es proactivo en la publicidad de la información, es decir no importa que su ley no le obligue pues atiende los más altos estándares internacionales y principios internacionales; un órgano que promueve el derecho de acceso a la información a través de las capacitaciones a los distintos sujetos obligados, de la coordinación de programas educativos en conjuntos con instituciones de educación superior, de mecanismos de asistencia eficaces para la población en general y específicamente para la población en situación de vulnerabilidad; un órgano que cuenta con un presupuesto basado en resultados; un órgano que otorga certeza a los recurrentes a través de criterios que permitan reconocer la uniformidad de sus decisiones; y un órgano que se asegura que sus resoluciones son cumplimentadas efectivamente.

A pesar de esto, el promedio nacional es de 53.6%,  esto es, el 81% de los 32 órganos evaluados reprobaron.  Solo  Tlaxcala, el Distrito Federal, Durango, Chihuahua y Nuevo León se mantuvieron en el rango entre 60 y 70% y únicamente Puebla superó a todos los estados con apenas el 70.2%.

Este promedio se justifica por las bajas calificaciones obtenidas en las distintas dimensiones analizadas, 63.5% en Transparencia y Rendición de Cuentas de los Órganos Garantes, en donde Baja California, Coahuila, el Distrito Federal, Jalisco y Quintana Roo se encuentran por encima del 70%, mientras que San Luis Potosí obtuvo un acotado 16%; un  46.5% en Promoción del derecho de acceso a la información  -la calificación más baja de las tres categorías- destacando Nuevo León y Tlaxcala con una calificación de 77.8% y San Luis Potosí con sólo el 11.1%; y un 50.8% en Resolución de Controversias donde únicamente Puebla, Zacatecas y Durango obtuvieron una calificación por encima del 70%, en contraste con Morelos y Guanajuato que se encuentran por debajo del 30%.

Así, el INOGDAI muestra que el mayor reto de los órganos garantes es la promoción del derecho de acceso a la información.  Este derecho es un pilar para el desarrollo de la democracia, es la oportunidad de mucha gente que se encuentra en situación de vulnerabilidad para hacer exigibles otros derechos por lo que su ejercicio es indispensable para propiciar su desarrollo y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la escasez de programas educativos que permita a los niños y jóvenes reconocer la existencia de este derecho mantiene el status quo de aquellos que solicitamos información. Además, existe una grave falta de rendición de cuentas, ya que no hay posibilidad -en la mayoría de los casos- de conocer el presupuesto asignado a este rubro, hablamos de órganos que garantizan la transparencia y no podemos saber a dónde se destina cada peso de su presupuesto si no es a través de sus partidas y rubros presupuestarios que difícilmente reflejan los conceptos específicos de gasto.

Por su parte, bien lo hacen  - la gran mayoría-  en transparencia y rendición de cuentas.  Las fallas en esta categoría están relacionadas con la capacidad presupuestaria con la que cuentan, pues, en muchos de los casos, su falta de recursos les hace imposible publicar sus actuaciones a través de los distintos medios digitales.  Esto refleja un llamado urgente a las legislaciones estatales a reflejar su compromiso por la transparencia y la rendición de cuentas a través de la asignación  de recursos suficientes que les permitan llevar a cabo su función eficientemente.

El INOGDAI es un instrumento basal de evaluación, un primer ejercicio que busca fortalecer estos mecanismos de garantía de derechos. El momento es propicio para presentar el Índice ya que pronto se elaborará la ley secundaria en la materia y el trabajo arroja recomendaciones específicas que debrán ser atendidas. Hoy nuestros vigilantes tienen un desempeño no satisfactorio, a partir de esa realidad es que debemos de continuar trabajando.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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