Además de demandar que me pregunten sobre la reforma petrolera y el futuro de esta industria quisiera que me respondieran muchas dudas en relación al petróleo, incluso, antes de que me pregunten. Mi experiencia con esta industria parte de algunos años en que participé con un grupo de compañeros en documentar los daños de esta industria en el sureste mexicano.
En 1997, después de 4 años de abrir la oficina de Greenpeace en México, decidimos lanzar una campaña contra la industria que sin duda tenía el mayor impacto en el país y que actuaba con toda impunidad: la industria del petróleo. La campaña la lanzamos con un recorrido por el sureste, con el apoyo del barco insignia de la organización, el “Rainbow Warrior” (guerrero del arcoíris), acompañados de algunos de los más importantes medios de comunicación del país en lo que llamamos “La Ruta del Petróleo”. Derrames de petróleo en ríos; plataformas petroleras marinas abandonadas y contaminando; amplias áreas de pantanos cubiertos de petróleo; niños “chaperos” participando en labores de limpieza de áreas contaminadas, casi desnudos, equipados solamente con cubetas, bañándose en diesel para quitarse el chapo de sus cuerpos al terminar su jornada; los trágicos testimonios de las comunidades afectadas por graves accidentes, especialmente por explosiones; la destrucción de ecosistemas completos en lagunas costeras y la caída en la miseria de comunidades que antes vivían de sus abundantes recursos, etcétera, etcétera.
Lo más sorprendente era que para 1997, las imágenes de los daños generados por Pemex -que eran la manifestación de un ecocidio, de llevar a comunidades enteras a la pobreza y dañar su salud- no habían aparecido en los principales medios de comunicación, se mantenían ocultos. Televisa envió a cubrir La Ruta del Petróleo al reportero que se había dedicado al periodismo ambiental, Miguel Bárcena. A un par de días de haber iniciado el recorrido Televisa se retiró y las imágenes del resto de la Ruta por tierra, mar, ríos y pantanos del sureste nunca serían transmitidas por televisión, serían descritas en reportajes radiofónicos y en imágenes fijas y reportajes en medios impresos.
Sin duda, las imágenes y los reportajes sobre la magnitud de los daños y las tragedias generadas por Pemex en el sureste mexicano no habían sido difundidas en los mayores medios de comunicación del país por la relación íntima entre el poder político y económico que estableció una complicidad de protección mutua en sacrificio de la vida cotidiana y los ecosistemas de cientos de miles de personas. Esta complicidad entre los poderes políticos y económicos se ha venido expresando en el control de contenidos, de manera especial, en Televisa y TV Azteca, desde entonces hasta ahora.
Un par de años después de la Ruta tomamos un caso penal contra Pemex apoyando a la comunidad de Ixhuatlán del Sureste del sur de Veracruz,a donde, de manera programada, una planta de Pemex llevaba a verter sus desechos tóxicos. Junto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el penalista y ahora conductor de noticiarios y programas de opinión Francisco Zea, se lograron órdenes de aprehensión contra los responsables, así como el compromiso de restauración ambiental del sitio. Los daños no quedaron ahí, seguía la corrupción. La compañía Urbis fue contratada por Pemex para las labores de “restauración ambiental” y pudimos comprobar ante la PROFEPA que éstas solamente consistían en mezclar los residuos con tierra para volverlos a depositar en el sitio, situación que se agravó con las lluvias que extendieron la contaminación por un arroyo y a varios pozos de la región. PROFEPA nunca hizo nada al respecto y pudimos confirmar, como en muchos casos posteriores, que las empresas de limpieza y restauración ambiental eran sólo un sucio negocio en el que participaban funcionarios de PEMEX y empresas corruptas.
Posteriormente, jugamos un papel importante en la denuncia del estado de los miles de kilómetros de ductos de esta empresa y que eran un riesgo para la población. Habíamos obtenido un documento de la propia página del Instituto Mexicano del Petróleo en el que se explicaba como la vida útil de estos ductos ya había sido rebasada y el riesgo que representaban para la población. Se trataba de una red de ductos de miles de kilómetros que recorrían gran parte del país. En cuanto dimos a conocer el documento del IMP este desapareció de su página, por seguridad ya habíamos bajado una copia. Terminó por reconocerse la situación y se asignaron recursos para iniciar la sustitución de los ductos. ¿Cuánto realmente se invirtió y cuántos ductos fueron reparados?, no lo sabemos.
Al denunciar los daños sociales y ambientales generados por Pemex, al apoyar a las comunidades que sufrían sus impactos, se nos llegaba a preguntar si entonces la solución era que el petróleo pasara a empresas privadas, si el problema no estaba en que al ser una industria del Estado , éste se convertía en juez y parte y terminaba protegiendo a la empresa.
Durante esos años mantuvimos estrecha relación con una agrupación nacida en Ecuador que impulsaba una red internacional de observación y denuncia de los impactos de la industria petrolera: Oilwatch. También, como parte de Greenpeace, nos manteníamos informados del trabajo de esta organización contra los impactos de la industria petrolera en otras regiones del mundo. En Ecuador, la empresa Texaco tenía las mismas e, incluso, peores prácticas que Pemex en México; lo mismo ocurría con la empresa Shell en Nigeria, donde incluso se le acusaba de tener responsabilidad en el asesinato de líderes ambientalistas. Era claro que las empresas públicas o privadas hacen lo que el Estado les permitía hacer.
La corrupción y la ineficiencia, que es la marca del gobierno mexicano y de gran parte de nuestra sociedad, encuentra en Pemex una de sus mayores expresiones. Sin embargo, esta no se resuelve poniendo en manos de empresas privadas la explotación de los hidrocarburos. Hay ejemplos nacionales e internacionales. Las empresas harán lo que los gobiernos y las sociedades les permitan, como en Ecuador y Nigeria.
En un estado tan corrupto como el mexicano, la alianza entre estos poderes multinacionales, que representan a economías más poderosas que un gran número de naciones, y los funcionarios gubernamentales, no será algo posible, será un hecho. Esto lo vivimos en México con todo tipo de industria trasnacional permitiéndoseles prácticas que nunca podrían ejercer en sus países de origen. Las condiciones se negocian y los funcionarios se enriquecen. Uno de los más claros ejemplos es la minería canadiense en México, en especial, la de oro y plata realizada con la técnica de tajo a cielo abierto. Esta práctica prohibida en algunos países y regiones de los Estados Unidos se está extendiendo en México y tiene ya concesionada una parte importante de su territorio. Todas estas concesiones con los conflictos sociales y daños ambientales que están generando se mantienen gracias a las negociaciones de las mineras con altos funcionarios federales, estatales y municipales y con la compra de actores locales. Este tipo de minería se extiende en México como otro de los múltiples tipos de cánceres que se promueven en vez de combatir.
En el caso de los hidrocarburos la situación se agudiza ya que ante la escasez del recurso las tecnologías se vuelven más complejas y riesgosas aumentando sus impactos ambientales. Desde los riesgos de la perforación en aguas profundas hasta la fracturación hidráulica para obtener gas shale. El gran accidente de la plataforma marina de British Petroleum frente a las costas de EUA fue causado por reducir la inversión en seguridad con el fin de aumentar las ganancias. Esto recuerda al accidente del Ixtoc 1 en aguas someras en el Golfo de México, que es considerado el mayor derrame de la historia, causado por la política del gobierno de López Portillo de aumentar producción de petróleo para satisfacer la creciente demanda estadounidense que enfrentaba comp0lñicaciones en el abasto de petróleo del oriente medio. La extracción en aguas profundas aumenta sus riesgos con el incremento en la intensidad de los huracanes que sufrimos a consecuencia del cambio climático.
La tecnología de fracturación hidráulica es la otra tecnología con grave impacto ambiental que consiste en la fracturación de las capas rocosa y a través de la inyección de enormes cantidades de agua, arena y compuestos químicos, extraer gas. Las implicaciones ambientales y sociales de esta tecnología van desde el desabasto de agua para las comunidades hasta la contaminación de los mantos freáticos. Entre las regiones de México seleccionadas para el “Fracking” (término en inglés) destacan el norte del país donde existe un serio problema de disponibilidad de agua. Esta tecnología, como la minería a cielo abierto, por sus impactos ambientales, ha sido prohibida ya en algunos países y regiones del mundo.
Los desastres ambientales generados por la industria del petróleo y que han provocado daños en regiones antes muy productivas, como los sistemas lagunares del Golfo de México, se agudizarán con las nuevas tecnologías de extracción de hidrocarburos. Ante el escenario d ela Reforma Energética nos surgen varias preguntas:
¿Quién determinará el ritmo de extracción?, ¿se podrá desarrollar una política de reservas?, ¿podrán las comunidades afectadas enfrentar a las grandes empresas con sus enormes equipos de abogados?, ¿nuestra debilitada autoridad ambiental podrá enfrentar el poderío de las trasnacionales?, ¿las condiciones de extracción y operación, desde sus ganancias hasta sus prácticas en el terreno serán establecidas como en el caso de las mineras?
El desastre creado por la corrupción e ineficiencia de Pemex tiene que ver con un sistema gubernamental inmerso en esa corrupción e ineficiencia. La reforma energética será aún más terrible en estas condiciones de corrupción e ineficiencia, en que las grandes empresas petroleras en contubernio con las autoridades a todos los niveles establecerán parte de sus condiciones. Esta situación podrá tener efectos más devastadores que las generadas por Pemex, que ya es decir mucho.
