En México y en general en los estados que se caracterizan por tener políticas neoliberales, sus gobiernos tienen la firme creencia, que legislando se solucionan los problemas y que penalizando y criminalizando conductas, lograrán tener efectos disuasorios y de esta forma disminuirán los comportamientos no deseados.
Existe múltiple evidencia que comprueba que por el simple hecho de aumentar las penas no se previenen los delitos. La gran mayoría de las personas cree que las penas son ejemplares, es decir que si los sujetos ven que a otros se les aplica una pena por la comisión de una conducta, ellos dejarán de cometerla. Criminológicamente sabemos que las personas antisociales no actúan de esta forma y que al carecer de empatía, generalmente piensan que ellos no serán castigados.
Independientemente de lo anterior, la semana pasada, se aprobaron reformas al Código Penal del D.F. en las que se endurecen las penas de ciertos delitos cuando éstos se cometan en manifestaciones, mítines, plantones o cualquier otra forma de expresión de forma pública y multitudinaria. Primero que nada, las manifestaciones públicas no tienen por qué ser criminalizadas, pues en todas las sociedades democráticas la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que nos diferencia de los regímenes totalitarios. Con lo anterior no eximo de culpa ni apoyo las conductas que lesionan bienes jurídicos, pero ¿por qué aumentar penas por el simple hecho de ser en una manifestación?
La respuesta es clara, el gobierno de manera poco sutil y directa nos está diciendo que la disidencia se castigará, que no tolerará las diferencias de opinión ni las manifestaciones de ideales que vayan en contra de lo establecido, que las líneas marcadas por el gobierno son las que se seguirán independientemente de lo que la sociedad piense u opine.
Lo que me resulta contradictorio y alarmante es tanto el partido del que proviene como el momento histórico en el que se produce. El D.F., siendo una entidad gobernada por la izquierda, quienes se caracterizan por una ideología completamente contraria a lo que en este momento apoyan. Simplemente recordemos que quien ha hecho mítines de los más extensos, populares y multitudinarios es AMLO y ahora nos salen con que criminalizarán las conductas que ellos provocan y alientan.
La autoridad tendría que escuchar a su pueblo, a los reclamos sociales e investigar las razones de fondo de las protestas, establecer un diálogo gobernantes-gobernados y llegar a acuerdos. Por el contrario si a la violencia de los manifestantes se responde con violencia gubernamental tanto física como legislativa, lo único que se produce es un espiral de violencia interminable.
Es indispensable que la policía use el uso racional de la fuerza; ante una manifestación violenta la autoridad tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos mediante el sometimiento y control, sin embargo, esto no justifica ni avala la respuesta desmedida por parte de las autoridades, existe una diferencia fuerte entre someter y agredir.
Es claro que desde el 1D con la protesta por la toma de posesión de EPN, las manifestaciones se han salido de control y se ha demostrado la incapacidad del gobierno para mantener el control, por lo que "legislando" creen que solucionarán el problema, siendo que lo único que se producirá es un aumento en la población penitenciaria. ¿Tendrá algo que ver el gobierno federal y la manera en la que se conduce el PRI?
@criminologiamex
