Una creencia común al regular el cabildeo es que basta y sobra con normar las actividades y declaraciones de intereses de quienes se involucran profesionalmente en esta actividad, pues ellos son los únicos agentes que pueden caer en actos de corrupción. Sin embargo se ha dicho en este espacio que una norma eficaz debe cubrir tanto a éstos como a los legisladores, toda vez que ambos pueden realizar actos ilícitos.
El viernes 15 el diario Refoma publicó el testimonio de un edil al describir la forma en que presuntamente se desenvuelve el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, al negociar asignaciones presupuestales: “El primer contacto es con el coordinador, quien te dice textual: ‘Tengo tantos millones para obras de pavimentación; son recursos adicionales, no están en el Presupuesto, pero hay una condición: la obra la haces tú, pero yo te digo con quién, qué constructora”.
El escándalo ha crecido en intensidad. Por ejemplo, el sábado 16 el mismo diario publicó la siguiente declaración de Teresa García de Madero, ex alcaldesa de San Pedro Garza García: “Desde el inicio de la legislatura se empezó a escuchar la queja de alcaldes y legisladores del partido que les pedían un porcentaje de diez millones que les asignan para obras en sus distritos, así mismo les condicionaban los recursos a la adjudicación de la obra a las constructoras que les indicaban”. También se ha implicado a otros legisladores del PAN y de otros partidos en este escándalo, como se aprecia en las diversas notas periodísticas que han surgido desde ese día.
Si bien parte del escándalo se ha alimentado por la competencia por la dirigencia del PAN como es el caso de Panistas por México y la ex candidata Josefina Vázquez Mota, la indignación no es menos real. El riesgo, si esto no se acompaña de una discusión seria sobre el carácter del problema y las mejores medidas para combatirlo, es terminar creyendo en soluciones fáciles como que basta con cambiar a personas que actuarían a fin de cuentas con los mismos incentivos, o hacer un linchamiento de toda la clase política.
Algunas personas, como el diputado perredista Fernando Zárate, han sugerido que todos los diputados que hayan sido acusados deben solicitar licencia. Sin embargo esa ha sido una táctica muy recurrida por los legisladores para precisamente evadir la ley: según una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en los sesenta, la inmunidad procesal protege al individuo por una acusación aunque goce de licencia. Por lo tanto el acusado se retira un tiempo mientras el escándalo pierde fuerza y después regresa.
Otro problema como se ha dicho en este espacio es que para procesar a un legislador se necesita primero que prospere una declaración de procedencia: lo que se conoce como “desafuero”. Y para que prospere esto se requiere del acuerdo de los partidos para que prospere, dado que el dictamen corre a cargo de una comisión: la Sección Instructora.
¿Qué se puede hacer para combatir este problema? La experiencia comparada muestra que un legislador acusado de corrupción suele renunciar no por vergüenza, sino porque sabe que el escándalo sería usado al volver a competir por el mismo puesto, y por ello sufriría una humillación electoral.
Lamentablemente el actual conjunto de reglas hará que este incidente se olvide en 2015. En el peor de los casos, y si sus partidos los consideran cuadros importantes, los guardarán un rato en cargos burocráticos o partidistas mientras el tema se olvida. No hay mecanismos eficaces para erradicar la corrupción, pero poco se puede hacer sin premios o castigos electorales.
Por otra parte y aunque el Reglamento de la Cámara de Diputados establece que los legisladores deben presentar declaraciones de intereses externos, esta medida no es vinculante. ¿Qué podríamos esperar después de este escándalo? Si los legisladores son receptivos, que se hagan medidas para obligar a los representantes a publicarlas.
Una señal de que la democracia funciona es la posibilidad de que escándalos como estos salgan a la luz. Si deseamos conservarla, urge definir mecanismos para reducir la impunidad a través de castigos eficaces.
