El pasado jueves, después de la aprobación de la reforma al código penal, Enrique Peña Nieto concedió el indulto al maestro chiapaneco Alberto Patishtán, quien fue acusado de la muerte de siete policías municipales hace 13 años. La noticia de su liberación, sin duda alguna, es maravillosa para él, su familia y todas las personas implicadas; sin embargo, lo que hay detrás de esta decisión me asusta.
Primero que nada, a nivel individual, el indulto que por definición es la “gracia que excepcionalmente concede el jefe del Estado, por la cual perdona total o parcialmente una pena o la conmuta por otra más benigna”, se asume que el maestro rural Patishtán es culpable y que por decisión del Presidente se le deja en libertad, por lo que no está en juego el binomio inocencia-culpabilidad y ésta decisión de liberarlo no limpia su nombre pues no modifica el delito sino su sentencia. Estoy cierta que el profesor después de haber pasado 13 años injustamente tras las rejas soñaba con el momento en el que se le declarara inocente y de esta forma recuperar algo de la dignidad perdida.
Por otro lado, de forma preocupante es el momento histórico en el que se lleva a cabo el indulto: justo una semana después de que Naciones Unidas realiza el Examen Periódico Universal (EPU) y en el que el gobierno salió muy mal parado ya que se hace visible que la lucha contra los derechos humanos no sólo es meramente teórica en México ya que se sigue con la creencia de que legislando se solucionará el problema, sino que también demuestra que el gobierno mexicano con el paso del tiempo empeora. En el primer EPU realizado hace cuatro años México recibió un total de 93 recomendaciones y en el de 2013 el doble, 180 en total.
Evidentemente la totalidad de estas recomendaciones no sólo están relacionadas con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino muchas de ellas son producto del sexenio de Calderón, quien también se caracterizó por su autoritarismo y por una falta total de respeto a la vida y a la dignidad en el trato a los ciudadanos. El problema se agrava con este nuevo gobierno priista el cual aunado a lo anterior, regresa a las prácticas de castigo a la disidencia y de la falta de transparencia.
Me parece aberrante que en un gobierno que se caracteriza por violar los derechos humanos sea su Ejecutivo el que al mismo tiempo tenga la facultad de otorgar el perdón cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de las personas sentenciadas. O sea, violo como gobierno, pero posteriormente como representante máximo del Ejecutivo puedo perdonar la sentencia que se vio plagada de vejaciones.
Con la corrupción característica de nuestro gobierno, la nueva facultad de otorgar el indulto ante una clara y comprobada violación de derechos humanos, se prestará –ojalá me equivoque– a la negociación y/o a una forma de mostrar al pueblo la buena voluntad del gobierno, siendo que fue él mismo en el que en un principio violó los derechos humanos; es el victimario y el salvador.
@criminologiamex
