En la Comisión de Hacienda del Senado se votará el impuesto a las bebidas azucaradas como parte de la votación que se realizará a la propuesta de Ley de Ingresos 2014, y de la Comisión pasará al Pleno. Desde la Cámara de Diputados se ha denunciado el intenso cabildeo de la industria refresquera como uno de los más fuertes que se haya vivido. En Estados Unidos, la industria de las bebidas azucaradas gastó más de 30 millones de dólares en cabildeo para evitar la discusión del impuesto a estos productos. Poco después, la industria de alimentos y bebidas gastó mil millones de euros en el parlamento europeo para evitar que se aprobara un etiquetado; el llamado semáforo, que permitiría distinguir fácilmente si un producto tiene bajos, medios u altos niveles de azúcar, grasas y sodio.
Ha trascendido que hasta el Presidente Enrique Peña Nieto recibió una llamada del director internacional de Coca Cola pidiéndole detener el impuesto al refresco. El principal temor de la industria no es el impacto en sus ventas; ya controlan gran parte del mercado del agua, de los jugos y néctares, de la leche, etc., de los productos a los que los consumidores emigrarían con un impuesto al refresco. Su preocupación está en mantener el dique a las medidas regulatorias en el mundo y, en especial, en la región de América Latina. Se empujan ya regulaciones para enfrentar la epidemia de obesidad Chile, Perú, Ecuador, y en todos estos países su labor es evitarlas. La evidencia sobre el daño que están haciendo estas empresas al evitar las medidas regulatorias y fiscales para enfrentar la epidemia global de la obesidad y la diabetes es tal que los principales organismos internacionales lo reconocen. Veamos tan sólo algunas que provienen desde ámbitos muy diferentes:
Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud.
“Los mosquitos no tienen grupos de presión y de cabildeo. Pero la industria que contribuye al aumento de las enfermedades no transmisibles sí los tienen. Cuando las políticas de salud pública son interferidas por los intereses económicos creados, nos enfrentamos con una gran oposición, una oposición muy bien orquestada y una oposición muy bien financiada”. Asamblea Mundial de la Salud, 2013.
José Ángel Gurría, secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
“Los lobistas (cabilderos) de la industria alimentaria trasnacional nos dicen que el consumo de alimentos con alto nivel calórico es una opción de vida, cuando para la medicina, obesidad y sobrepeso son enfermedades, como el alcoholismo y la drogadicción, y, probablemente, desde el punto de vista del impacto económico, sea mucho más grave”. Entre las propuestas para combatir la obesidad destacó: “medidas fiscales consistentes en combinación de impuestos y subvenciones que castigue lo negativo y promueva lo positivo”. UNAM, 17 de enero de 2011.
Oliver de Schutter, relator Especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación.
“Debido a la presión de la industria agroalimentaria, representada a través de Conméxico, algunas herramientas importantes para influenciar el comportamiento de los consumidores, incluyendo el aumento de los impuestos sobre los refrescos y sobre alimentos altos en grasas trans, no fueron incluidas en el Acuerdo Nacional”. Declaración final de la Misión a México, 20 de junio de 2011.
Declaración de Bellagio, reunión internacional de destacados expertos en nutrición y salud pública.
“Los gobiernos ven el tsunami creciente de obesidad inundando sus países pero tan pronto que establecen políticas serias para crear ambientes más sanos de alimentación, la industria de alimentos les golpea. Las políticas que provocan esta respuesta de forma predecible son regulaciones para reducir la publicidad de alimentos no sanos a los niños, sistemas de etiquetado frontal que ayudan a los consumidores fácilmente a evaluar la calidad nutricional de los alimentos, así como impuestos en alimentos no saludables como bebidas azucaradas”. Boletín de prensa de prensa, 18 de septiembre de 2013.
La falta de políticas regulatorias que modifiquen el ambiente obesigénico, señala al poder político como violador, por omisión, de derechos fundamentales: a la salud, a la alimentación saludable, al agua. Escolares sin acceso a agua para beber, oferta en el mercado de bebidas dominado por unas cuantas empresas que ofrecen más baratos los refrescos que el agua, publicidad invasiva de alimentos y bebidas no saludables dirigida a los niños con uso de todo tipo de herramientas de engaño y manipulación, desarrollo de etiquetados totalmente engañosos, etc.
Los principales organismos independientes e intergubernamentales, los institutos de nutrición y salud pública, las organizaciones y especialistas libres de conflicto de interés, están atentos y vigilantes de lo que ocurre en el Senado, de cada uno de los legisladores y sus votos.
