Estoy atónita al leer que el presidente municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, dijo a los habitantes de dicho ayuntamiento que si alguien se metía a robar en su casa, los mataran y que hicieran justicia por su propia mano ya que sólo cuenta con 30 policías y cinco patrullas para vigilar la seguridad de los 20 mil habitantes; y que seis de los uniformados están destinados a vigilar tres domicilios por encargo de las policías federal y estatal.
Vamos por partes. Primero que nada, la justicia por propia mano –además de regresarnos miles y miles de años atrás cuando no existía el Estado como figura regulativa e imperaba la ley del talión– está prohibida constitucionalmente en el artículo 17, el cual dicta: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. Me parece inverosímil que un alcalde desconozca este imperativo y lo proponga a sus ciudadanos como una solución ante el problema que él como autoridad tiene.
Segundo: la seguridad pública compete únicamente a las autoridades, ya sea federal, estatal o municipal, tal como lo dice el artículo 21 de nuestra carta magna: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas”.
Por donde lo veamos resulta aberrante que el presidente haya emitido tal mensaje a la población ante el reclamo de ésta por los aumentos de asaltos en la carretera federal México-Puebla, pero independientemente de tales contradicciones, el problema es mucho más de fondo.
El alcalde Andrés Candena Zamora se queja de el aumento de la delincuencia organizada, delito que tendría que ser prevenido, investigado y perseguido por la autoridad federal, sin embargo, por sus declaraciones, la policía federal, en lugar de sumar esfuerzos dentro de una política pública estructurada, más bien le quita al 20% de sus policías para vigilar la casa de alguna tres personas, de quienes desconocemos su identidad. Por lo que le quedan 24 policías para el resto de la población, o sea un policía por cada 833 habitantes.
Sin embargo, el problema no reside en el número de policías por habitantes. Es complicado establecer cuántos policías se necesitan para tener una ciudad segura porque la seguridad no depende del número de policías. Por ejemplo, El Salvador en el 2008 contaba con 275 policías por cada 100 mil habitantes, mientras que países que se destacan por su seguridad como Noruega, Finlandia, Australia o Canadá contaban con una tasa de 157, 154, 248 y 196, respectivamente.
Tanto los ciudadanos como el gobierno, tenemos que dejar de ver el problema de la inseguridad desde la óptica de la represión. Bien lo dijo esta semana Victor Abramovich, secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas del Mercosur: “Más violencia estatal general más violencia social y más violencia criminal… La guerra contra las drogas y el combate a la delincuencia organizada es contraria a la idea de la política pública”. Lo que necesitamos son políticas sociales para general igualdad de oportunidades, menor desigualdad social, mayores oportunidades laborales, educación de calidad para todos, sólo por mencionar algunas.
@criminologiamex
