Sin reparo, afirmo que la sociedad civil capitalina está a punto de perder una de las instituciones con mayor credibilidad y confianza: la Comisión Derechos Humanos del Distrito Federal. La Comisión capitalina es parte del inmenso sistema ombudsman en México. Tenemos 33 comisiones estatales de derechos humanos (una más ineficiente que otra) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que desde su creación su trabajo a estado cuestionado por su timidez, dirección política, golpeo a organismos civiles de derechos humanos, falta de transparencia, autonomía real y, sobre todas las cosas, su indolencia para cumplir cabalmente con lo que mandata la Constitución.

Lo que nos cuesta a los contribuyentes aproximadamente el sistema ombudsman en México alcanza los 2,628,035,966 pesos. La cifra es escalofriante si lo vemos a la luz de lo que hace realmente el sistema por los derechos humanos. Las excepciones son muy pocas, y una de ellas es la CDHDF. La comisión más cara es la CNDH con un presupuesto de 1,246,565 pesos; le sigue la CDHDF –286,364 pesos– y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México –133,000 pesos–. Las comisiones con menos presupuesto están en los estados más pobres, donde de manera reiterada un sinfín de violaciones se comete contra la población más pobre y vulnerable. Éstas son la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca –26,041 pesos–; Comisión de Derechos Humanos de Chiapas –73,297 pesos– y la de Guerrero –44,748 pesos–. Repito: el problema no es el gasto, sino la efectividad de ese gasto para velar que las autoridades no violen derechos humanos. Al parecer nos quedamos únicamente con el récord de unos de los sistemas de defensoría del pueblo más grandes del mundo.

El golpe asestado contra el ex presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, es por motivos políticos, no por su desempeño como ombudsman capitalino. Esto no quiere decir que no haya habido críticas válidas al trabajo de la Comisión durante su mandato. A lo que me quiero referir es que la discusión suscitada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tuvo como elemento fundamental la animadversión política del PAN, PVEM y PRI contra González Placencia. Y, ante un PRD fracturado y que a pasos agigantados pierde su rumbo, el ex ombudsman no tuvo más que retirar su candidatura para ser ratificado en el cargo. Los errores de Placencia a los ojos de los políticos: no haber pedido el uso de la fuerza contra manifestantes, haber intervenido contra el GDF por la Supervía, evidenciar los abusos policiacos el 1 de diciembre 2012, entre otros.

En México tenemos una capacidad inédita para idear, planear y crear instituciones. Pero la misma capacidad y tenacidad para debilitarlas cuando van contra los intereses de la clase gobernante, indistintamente del partido político. Todo parece indicar que este también será el destino de la CDHDF a menos que la prensa, academia y sociedad civil alcen la voz y mantengan en la agenda el proceso de renovación. Hasta ahora no ha sido así. El costo político contra los partidos por su negligencia ha sido nulo. Por ejemplo, los responsables de poner en vilo a la CDHDF son los diputados Cipactli Dinorah Pizano Osorio (PRD), presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF; Efraín Morales López (PRD), vicepresidente; Laura Iraís Ballesteros Mancilla (PAN), secretaria de la misma comisión. El silencio por el que han optado estos diputados es un indicador de su nulo compromiso con los derechos humanos de los capitalinos.

El proceso de selección del nuevo ombudsman abre un viejo y conocido debate en nuestro país que es el de la designación de los titulares de instituciones que deberían ser de estado. La práctica reciente ha sido sumamente cuestionada, la CNDH, el IFAI, el INFODF y muchos otros. El común denominador es que todo proceso de designación se basa en la rebatinga política y no en la selección de los mejores candidatos para el puesto.

La convocatoria pública y la ruta crítica consensuada por los partidos políticos ofrecen un par de riesgos, de acuerdo a un grupo de organismos civiles (entre ellos Artículo 19) que hacen seguimiento de las designaciones públicas (ver Designaciones). La primera es que optaron mañosamente por un calendario muy apretado de fechas. Lo que quiere decir que o no cumplirán con las fechas o la celeridad, el  poco interés de los partidos y la baja calidad del escrutinio de los candidatos terminará con un nuevo titular contrario a lo que la CDHDF necesita. El otro riesgo escondido en la convocatoria tiene que ver con que los partidos, contrario a lo que dice la ley, han habilitado a la Comisión de Gobierno de la ALDF para darle visto bueno al candidato/a elegido y propuesto por la Comisión de Derechos Humanos. Una vez más, la Diputada Dinorah Pizano mostró su falta de compromiso con los derechos humanos dejando todo a la política. Esta maniobra además de complejizar el proceso le otorga un amplio poder a la Comisión de Gobernación para que a través de un acuerdo político (y no técnico para buscar el mejor ombudsman para la capital) defina la designación.

El interés de las organizaciones de la sociedad civil es una buena señal. Sin embargo, se vislumbran pocos acuerdos para defender un proceso parcial y apartidista. Todo indica que seremos incapaces, nuevamente, de buscar un candidato o candidata que posea las capacidades técnicas y objetivas para el puesto, y optarán por promover candidatos cercanos o afines a sus intereses. Si esto es sí, la misma sociedad civil allanará el camino a los partidos políticos.

El viernes se deberá dar a conocer la lista de candidatos y candidatas que optarán por el puesto. Hasta ahora todo ha sido al son que han tocado los partidos. Las palabras de aliento serían para que todos aquellos que estamos interesados nos aseguremos que la CDHDF no sea cooptada por la política de poca monta que tenemos en la Ciudad.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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