Uno de los errores en los que se cae con mayor frecuencia al analizar la política es creer que existen las soluciones inmediatas a cualquier problema público. En la medida que éstos son resultado de un entorno particular, es necesario reconocer las causas que los motivan. Por otra parte también se precisa tener claro que la aplicación siempre ejercerá resultados aleatorios ajenos al o planeado.
Creer que se puede modificar un arreglo con propuestas inmediatas abre el riesgo de presentar soluciones basadas más en el pensamiento mágico que en el diagnóstico. De aprobarse podrían llevar a escenarios más ineficientes que el estatus quo que se buscaba reformar. O en el mejor de los escenarios a cambios cosméticos y de corto alcance.
Por otra parte y como sucede en el juego político, una nota sobre un asunto público puede despertar reacciones encontradas, las cuales serán usadas por los partidos o grupos de interés para golpear a otros. La diferencia entre el normal golpeo y alcanzar un esquema más eficiente está en la capacidad de hacer un diagnóstico lo más asertivo posible.
El pasado lunes 30 de septiembre el diario Reforma publicó una nota sobre los gastos del Senado en materia de contratación de asesores, señalando a algunos legisladores que a su juicio incurrían en faltas. Al día siguiente se presentaron las respuestas de los parlamentarios, junto con propuestas para eliminar la discrecionalidad en la contratación de personal. ¿Cuáles son los planteamientos? ¿Qué tan buenas soluciones se proponen?
La nota periodística y sus respuestas
El diario Reforma dio a conocer el lunes 30 que, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Servicios Administrativos del Senado, se gasta en asesores 130.8 millones de pesos al año. Es decir, 10.9 millones mensuales. En total se habla de 555 plazas para 128 legisladores.
Para dar algunos ejemplos, se menciona que la Mesa Directiva eroga 200,000 pesos mensuales. También se comentó que los senadores que presiden una comisión, fuese ordinaria o especial, tiene derecho a un techo presupuestal de 90,000 pesos mensuales. Por otra parte se menciona que los senadores pueden cargar al erario la contratación de uno o de dieciséis colaboradores, ya que no hay limitaciones reglamentarias al respecto. Incluso se comentó que algunos asesores llegaban a cobrar hasta 95 mil pesos por mes.
Con base en lo anterior se procedió a señalar algunos casos donde se percibía abusos en las contrataciones. Algunos eran merecidos, como los casos donde se contrataba a hijos o hermanos. Otros necesitarían de más información, como el chofer del senador Romero Deschamps, pues veinte mil pesos mensuales no parece ser un mal sueldo. Pero definitivamente pareciera fuera de contexto reclamar que un profesionista cobre un salario nada competitivo, como serían los 13 mil pesos que Roberto Gil Zuarth le paga a Juan Ignacio Zavala.
En la nota del día siguiente se destacaron los pronunciamientos de los senadores aludidos el lunes respecto a regular y transparentar la contratación de asesores para evitar la discrecionalidad y crear un servicio parlamentario de carrera, propuestas que se han presentado una y otra vez desde hace años. Sólo el senador Mario Delgado dijo algo distinto: cada legislador debe responsabilizarse por las asignaciones presupuestarias.
¿Cuáles son los problemas?
Antes de pasar al problema en México es conveniente hablar del tema en lo general. Tal vez más que en cualquier otra actividad, la confianza es esencial para un político. Y eso no es algo que se pueda decretar en una ley, sino que se construye a lo largo del tiempo. A decir verdad, si un legislador tuviera toda la libertad de elegir le daría prioridad a sus operadores.
Ahora bien, un órgano legislativo necesita cierto personal especializado para llevar a cabo sus atribuciones de manera eficaz, como sería la vigilancia al gobierno y la revisión de las iniciativas que se presentan ante el Pleno. Se espera que las comisiones sean instancias donde el debate se desarrolle bajo tales principios.
La experiencia comparada recomienda que debe haber tantas comisiones como secretarías del ejecutivo. Un número menor dificulta la especialización temática. Por otra parte, si se rebasa ese umbral se abre la posibilidad de que las atribuciones se traslapen al discutir una iniciativa y de que se incremente el costo de oportunidad de un legislador para atender sus responsabilidades.
Otro tema es la calidad del personal de las comisiones. En algunos órganos legislativos existen estructuras profesionales que proveen asesoría. Lo que permite que permanezcan es la confianza que se puede tejer entre empleadores y empleados. Para decirlo de otra forma al hacer carrera en una comisión, un legislador comienza a conocer al personal técnico, de tal forma que eso permite conocerlo.
Sin embargo la experiencia internacional recomienda cautela antes de planear un servicio parlamentario profesional. De acuerdo con Anthony King, de la Universidad de Essex, demasiado staff especializado puede aislar al legislador de los diversos grupos de interés con quienes tiene que interactuar y representar, incrementando el riesgo de la cooptación por algunas organizaciones. Incluso un representante puede encontrarse tan involucrado en una comisión que podría no saber qué ocurre en las demás.
Dicho lo anterior podemos ver con más claridad cuáles son los problemas para México. En primer lugar la perspectiva de sólo estar de tres a seis años en un encargo sin posibilidad de quedarse hace que las selecciones de personal se basen en criterios distintos al perfil profesional. Cierto, hay legisladores y comisiones que buscan asesorarse con personas capaces, pero si no hay presión para ello tampoco se puede generalizar.
Otro tema a considerar es el sistema de comisiones. Al no ser vistas como instancias donde tiene lugar una carrera, la tendencia es crearlas por motivos políticos. Actualmente en la Cámara de Diputados existen 52 y 56 en el Senado. La media en los congresos locales es que casi cada diputado tenga o una presidencia de comisión ordinaria o especial. Incluso en algunas entidades hay tantas comisiones permanentes como legisladores.
Finalmente se debe señalar que en nuestro país se ha intentado numerosas veces instrumentar servicios parlamentarios profesionales. Incluso algunas legislaturas locales los instrumentaron antes que el Congreso de la Unión: Sonora (1998), Guerrero (1999) y Sinaloa y Jalisco (2001). Por otra parte 19 legislaturas locales cuentan con disposiciones relativas en sus leyes orgánicas, reglamentos o equivalentes. Sin embargo, sólo 9 lo tienen plenamente regulado y generalmente su vigencia sólo ha sido efectiva para la legislatura que la instrumentó.
También existen estatutos de servicio parlamentario profesional en la Cámara de Diputados desde 2000 y en el Senado desde 2001. Ninguno es respetado al día de hoy. Muy al contrario, la experiencia ha mostrado que un diputado o senador no admitiría la existencia de asesores profesionales que no conoce y teme que pudieran desarrollar intereses ajenos a los suyos. Por eso los esfuerzos terminan en letra muerta.
Otra opción en congresos locales ha sido crear órganos técnicos, integrados por personal basificado. Si no hay carreras continuas el incentivo de un legislador es proteger a sus allegados a través de estos recursos. Por ejemplo en el Congreso de Jalisco existen 9 órganos técnicos y 1200 trabajadores de base para un órgano legislativo de 39 integrantes. Hay edecanes que ganan 60,000 pesos mensuales gracias a esto.
Por lo tanto es necesario un legislador que desarrolle su carrera en comisiones para contar con un servicio parlamentario profesional, con el fin de generar relaciones de largo plazo basadas en la confianza. La experiencia en este rubro ha fracasado.
Como se dijo al inicio de esta editorial, no existen soluciones fáciles o inmediatas. Pensar que en política se puede cambiar la realidad con una ley es una forma de autoengañarse. Si se desea influir en un cambio, hay que conocer los contextos y condiciones.
