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Darío Ramírez

19/09/2013 - 12:00 am

Impunidad mediática

Se habla menos de la violencia en los medios. Las primeras planas están repletas de notas de temas relevantes (y por relevantes debe de entenderse reformas que han estado paradas en el Congreso durante muchos años). El gobierno federal, evidentemente, ha logrado controlar la agenda informativa. Se habla de lo que ellos quieren cuando ellos […]

Se habla menos de la violencia en los medios. Las primeras planas están repletas de notas de temas relevantes (y por relevantes debe de entenderse reformas que han estado paradas en el Congreso durante muchos años). El gobierno federal, evidentemente, ha logrado controlar la agenda informativa. Se habla de lo que ellos quieren cuando ellos quieren. Su destreza es innegable. En el argot se le conoce como oficio político u operación política.

Sin embargo, ¿qué pasaría si el DNA de la prensa nacional fuera distinto? Imaginemos que sin lugar a dudas el periodismo mexicano fuera independiente, veraz, equilibrado y apegado a la verdad e interés público, ¿Tendrían tanto éxito en su destreza para colocar temas y controlar en gran medida la oferta informativa? En otras palabras: el presente estado del periodismo mexicano facilita, allana, procura y sostiene el mensaje oficial. Estoy consciente de que el enunciado se basa en una generalidad, y asumo dicha carencia metodológica y al mismo tiempo afirmo que hay periodistas y muy contados medios de comunicación que están haciendo un esfuerzo por mantener una agenda informativa de interés público. Mi más sincero reconocimiento como “guerreros de la información”.

Un reconocido y docto periodista me afirmó que “en México los medios informan en completa impunidad”. En ocasiones proveen de información comprada por el gobierno (sin avisar a sus lectores que es propaganda), evidentemente falsa o tendenciosa. Al respecto, la audiencia decimos poco. Algunas voces esparcidas logran evidenciar el lamentable periodismo que importantes diarios y cadenas de televisión hacen sobre hechos noticiosos. Por ejemplo, nunca se pudieron poner de acuerdo si el Grito en el Zócalo fue un éxito para el Presidente.

La “impunidad mediática” es instrumental para gobiernos con pocos tintes democráticos como el actual. En Puebla y Veracruz si algún medio o periodista hace una crítica contra las autoridades, recibe un mensaje en su celular por parte de las oficinas de Comunicación Social para increpar su osadía. Los ejemplos de esos famosos “regaños” gubernamentales son práctica común en todo el país. Por eso hay tan pocos medios claramente independientes en México. La cooptación gubernamental de la información rebasa los límites democráticos del derecho a la información.

La cercanía de la mayoría de los medios de comunicación con el poder no es nueva. Por el contrario, como bien apunta Jacinto Rodríguez, es la historia única de nuestro periodismo. Los aires de democracia que arribaron con la llegada de Vicente Fox (quien hoy goza de un programa en TV Azteca) nunca promovieron nuevas reglas más democráticas y transparentes entre el poder y los medios.

Han transcurrido diez meses de la administración de Enrique Peña Nieto. Ya conocemos, o por lo menos tenemos una idea, de cómo será la cobertura informativa durante su sexenio. También tenemos amplia evidencia de los corruptos e inhibidores métodos de cooptación en los estados. La pregunta, entonces, es ¿qué debemos de hacer para cambiar nuestra realidad informativa? Me parece que no hacer nada no es una opción. Tal vez podemos comenzar por atender los  siguientes puntos:

a) El aceite del engrane en la perversa relación de medios y las autoridades es el gasto del dinero público en publicidad. Quitémosle esa dádiva a los gobiernos. Si el problema es la censura sutil de la información por medio del gasto público, la opción más lógica sería trabajar para que los gobiernos no puedan pagarle a los medios por su cobertura. El otro lado de esta moneda, obviamente, es la dependencia casi absoluta de los medios (principalmente impresos) del dinero público. La relación es de dependencia y de conveniencia. Para romperla se tiene que transitar con quitarle ese gasto a los gobiernos.

b) Si quitamos la variable del gasto del dinero público, lo que quedaría por hacer es fomentar empresarios que tengan comprendan cabalmente que la credibilidad e independencia sí puede ser (o debe de ser) rentable. El cambio de paradigma tiene que ser, también, desde el ámbito empresarial.

c) La opacidad en la toma de decisiones editoriales de los medios de comunicación (repito: de la mayoría de ellos) es grosera. No le rinden cuentas a nadie y sienten que no le tienen que rendir cuentas a nadie. Publican lo que consideran sin dar mayor explicación si la información es falsa o tendenciosa. La lucha tendría que ser por demandar a los medios espacios de interacción y diálogo con sus audiencias en aras de explicar los cuestionamientos que se les hagan. Así es la práctica en los medios con mayor credibilidad en democracias consolidadas.

d) Aunado al punto anterior, es fundamental construir espacios en donde se piensen, revisen y critiquen de manera profesional a los medios de comunicación. La ausencia de espacios de reflexión conlleva un silencio pernicioso. Se tiene que revisar profesionalmente y continuamente la cobertura informativa. Esto espacio tiene que ser ajeno a los medios y al gobierno, por más absurdo que sea afirmarlo. Es decir, debe de ser un espacio de sociedad civil.

Darío Ramírez
Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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