El Ejecutivo federal ha dado un paso importante al reconocer en su paquete de reformas fiscales la dimensión de la obesidad en México y su impacto en la salud y la economía del país; al reconocer que hay que combatir la obesidad con instrumentos fiscales como lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Relator Especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación.
Aunque el gobierno mexicano no ha atendido la recomendación del Relator Especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Oliver de Shutter, de declarar emergencia nacional en México por la epidemia de la obesidad, las cifras hablan por sí solas al posicionar a los mexicanos como la población con los mayores índices de mortalidad por diabetes en todo el continente americano, además de ocupar el primer lugar en sobrepeso y obesidad entre las naciones de la OCDE.
El impuesto es solamente un primer paso de lo que debe ser una política integral de combate a la obesidad que debe estar complementada con la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de la Obesidad y la Diabetes que se espera sea anunciada este mes. Es decir, el impuesto debe estar integrado a las regulaciones del etiquetado de los productos y de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia, entre otras medidas, que se han anunciado estarán contenidas en la Estrategia. Al impuesto al refresco y la Estrategia debe también sumarse la regulación obligatoria y efectiva de los alimentos y las bebidas al interior de las escuelas que es ya un mandato constitucional. Con estas medidas, si son establecidas con criterios claros y efectivos, podemos considerar que por primera vez contaríamos en México con una política de combate a la obesidad que inicie un cambio en los condicionantes sociales que han provocado esta epidemia.
La propuesta de impuesto a las bebidas azucaradas presentada por el Ejecutivo federal considera gravar con un peso el litro de estas bebidas. Esto sería el equivalente a un aumento del precio de alrededor del 10%. Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud Pública así como las recomendaciones internacionales, señalan que para tener un impacto significativo en reducir el consumo de estas bebidas y, por lo tanto, la excesiva ingesta de calorías vacías, se requiere un impuesto de 20% al menos. Es importante, por ello, que el Legislativo busque aumentar este impuesto de un a dos pesos por litro. El impuesto no sólo reduciría el consumo de estas bebidas, también generaría recursos que se estima, en el caso de un peso por litro, pueden rebasar los 12 mil millones de pesos. Si fuera de dos pesos llegarían a más de 22 mil millones de pesos.
En su presentación de la reforma fiscal, el Presidente Enrique Peña Nieto señaló que las propuestas presentadas no estarían encaminadas a aumentar la burocracia sino a garantizar los derechos sociales. En este sentido, si pretende lograrse una política integral contra la obesidad, los recursos recaudados por el impuesto al refresco deberían estar dirigidos a combatir la obesidad. Si consideramos que se ha consagrado en la Constitución el derecho al agua, a que la población pueda acceder a agua de calidad, con poco más de dos mil millones de pesos de lo recaudado con el impuesto al refresco podrían instalarse bebederos en todas las escuelas de educación básica del país con los equipos necesarios para garantizar agua de calidad a los alumnos.
En el origen de la epidemia de obesidad que se vive en México, como una de sus causas centrales, está el deterioro de los hábitos de hidratación. La disponibilidad de agua para beber ha desaparecido, no hay bebederos en las escuelas, en los espacios públicos, en los centros comerciales, en los hospitales, en los edificios públicos, en los centros de trabajo. Lo que encontramos en todos estos espacios no son bebederos, es la oferta de bebidas azucaradas que no sólo tienen un efecto directo en la salud si su consumo es regular, también generan un deterioro de los hábitos alimentarios al deformar los gustos hacia alimentos altamente endulzados.
Por lo anterior, recuperar la cultura de la hidratación en base al agua tiene una relevancia no sólo al disminuir la ingesta de calorías vacías, también la tiene al permitir que los consumidores no deformen sus hábitos de alimentación. Una persona que no bebe refresco es, generalmente, una persona que menor gusto tiene por los alimentos endulzados y menos azúcar o endulzantes añade a sus bebidas y alimentos. Una práctica muy necesaria para recuperar la salud alimentaria de los mexicanos.
