Disminuida frente al conflicto social protagonizado por la CNTE y su oposición a la reforma educativa; frente el previsible descontento que surgirá en las reformas energética, fiscal y financiera, la reforma de telecomunicaciones, una de las más publicitadas en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, naufraga frente a la incertidumbre y las grandes expectativas no cumplidas.

Algunos legisladores compararon esta reforma como “el derrumbe del muro de Berlín”. Otros, menos exagerados, indicaron que iba por el rumbo correcto. Muchos escépticos dijeron que en su paso por el Congreso, la reforma constitucional perdió muchos de sus aspectos fundamentales. Ninguna de las poderosas compañías del sector la ha promovido. Todos esperábamos una primera señal para saber si la integración del nuevo organismo constitucional autónomo –el Instituto Federal de Telecomunicaciones– sería “el modelo a seguir” por el método de selección y de integración.

En realidad, las grandes expectativas despertadas en el primer trimestre del año se han ido diluyendo. En su mayoría, los ciudadanos comunes y corrientes –todos usuarios de telefonía, audiencias de televisión y radio o cibernavegantes– han estado al margen de este proceso. Se les vende la promesa de menores tarifas, pero no de mejores contenidos. Se espera una competencia, en condiciones de profundo dominio monopólico. Ya ni siquiera se habla de la democratización del régimen de medios porque la reforma está muy lejos de propiciar esto. Ni lo que queda del movimiento #YoSoy132 ha estado pendiente del proceso.

Las audiencias y sus derechos están al margen del proceso de integración del Ifetel y, hasta donde se sabe, de las iniciativas de ley secundarias que aún prepara la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sólo la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y una extensa red de organizaciones vinculadas a los temas de medios y telecomunicaciones, han avalado una iniciativa ciudadana que incorpora como derechos elementales de las audiencias el de réplica, el de cuotas de contenidos nacionales, la regulación de la programación infantil, la eliminación o distinción de la publicidad encubierta (que no son lo mismo que los infomerciales), verdadera bomba de tiempo para los políticos que, como Peña Nieto, hicieron de la falta de regulación en este terreno el verdadero botín de los concesionarios, especialmente Televisa y TV Azteca.

Nada hace pensar que dos cadenas nuevas de televisión abierta digitales mejorarán los contenidos y, mucho menos, le darán una dignidad a las audiencias rechazada desde que Emilio Azcárraga Milmo decretó que la televisión mexicana está hecha “para una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida”.

Lo acabamos de comprobar con el conflicto social y urbano generado por la CNTE en la Ciudad de México. La irritación de los capitalinos fue potenciada por casi todos los medios electrónicos para convertir las protestas de la CNTE en una inducción al odio social como pocas veces se ha visto. Desde la comodidad de los sets de radio y televisión o, incluso, desde los estudios de televisión por internet, no pocos llamaron con absoluto racismo al linchamiento contra la coordinadora.

El episodio más reciente fue la comparecencia el jueves 5 de septiembre de los siete aspirantes a dirigir el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Usted se enteró de tal comparecencia? ¿Sabe que estos futuros funcionarios tendrán en sus manos la posibilidad de definir precios, tarifas y contenidos en telecomunicaciones y radiodifusión? ¿Se ha grabado, acaso, el nombre de algunos?

Fue una comparecencia  casi clandestina. Ante las comisiones unidas de Comunicaciones, Radio y Televisión y Estudios Legislativos del Senado comparecieron Luis Fernando Borjón, María Elena Estavillo, Gabriel Contreras Saldívar, Mario Fromow Rangel, Ernesto Estrada González, Adolfo Cuevas Trejo y Adriana Labardini. Estos siete distinguidos serán los responsables de hacer realidad, entre otras cosas, “la caída del muro de Berlín” de los monopolios mexicanos. ¿Será posible?

La AMEDI criticó a cinco de estos siete aspirantes porque han tenido vínculos con algunas de las empresas de la industria, bien como peritos, como reguladores con intereses políticos o como ex empleados. La asociación señaló su desconfianza hacia Estavillo, Contreras Saldívar, Fromow Rangel, Estrada González y Cuevas Trejo. Es decir, se “salvaron” Luis Fernando Borjón y Adriana Labardini.

Otros organismos no han dado su posición frente a la integración de IFETEL. Ni siquiera los legisladores que serán responsables de dictaminar y votar a favor de estos funcionarios que tendrán altos salarios, saben muy bien cuáles deben ser los alcances.

Para una reforma de “gran calado” prácticamente se está optando por un organismo de muy bajo perfil. No sólo porque en algunos casos hay intereses claramente vinculados a la industria sino porque no se sabe cómo reaccionarían frente al tamaño del desafío que significará desconcentrar a Televisa o a Telmex.

Por lo menos, nos hubieran enterado de lo mismo que le piden a los maestros de educación básica y media: ¿cuáles fueron las calificaciones y habilidades que el “comité evaluador” puso a consideración para señalarlos como finalistas? Aún más, ¿qué criterio utilizó el primer mandatario para enviar al Senado esta terna?

Mal culminará la reforma histórica si la opacidad y el menosprecio a las audiencias prevalecen como raseros.

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Jenaro Villamil

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Reportero de Proceso, especialista en medios, editor de Homozapping.

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