Ciertamente la democracia es un régimen imperfecto, aunque es el que mejor ha podido garantizar la rendición de cuentas, el cambio pacífico de gobiernos y las libertades del individuo. Sin embargo, para que estos controles operen se necesita de la participación constante de la ciudadanía.
Bajo el anterior supuesto se espera que la participación del individuo sea lo más informada posible, toda vez que el voto es un acto donde se premia o castiga al gobernante o al legislador. Es un mito que el ciudadano esté plenamente informado de todos los asuntos, aunque se espera que al menos se preocupe de los que le son más inmediatos. Por otra parte siempre habrá masas ignorantes hasta en las democracias que consideremos más avanzadas.
Pero también es cierto que, al ser toda elección responsabilidad del individuo, es necesario que fluya la mayor cantidad de información posible sobre un tema público, con el fin de que cada quién forme su opinión. Así la democracia implica un ejercicio permanente de evaluación. Lo único que pueden proveer las instituciones son mecanismos y procedimientos que posibiliten la rendición de cuentas.
Lo anterior implica que la evaluación de nuestros gobernantes y legisladores será siempre un acto político, donde las fuentes de información tendrán un sesgo partidista. Si no puede haber una visión única para medir el desempeño de una administración salvo que hagamos caso omiso de la pluralidad, se espera que cada partido sea competitivo para convencer a una mayoría de votantes.
Hace unos días el diputado federal Uriel Flores Aguayo, del PRD, señaló que no sólo se debería evaluar a los maestros sino también a todos los funcionarios públicos como gobernadores, senadores, diputados y hasta el presidente de la República, y de ese modo ratificar o derogar el cargo para el que fueron electos. ¿Dónde está la trampa?
Necesitamos ver el problema en dos niveles: los funcionarios electos y los servidores públicos que prestan servicios. En una democracia se esperaría que los primeros trabajasen para permanecer en sus puestos en un entorno competitivo, como se dijo arriba. De esa forma las elecciones son precisamente su momento de evaluación. Se espera que cada partido difunda sus propias encuestas y evaluaciones de manera permanente, pues así funciona mejor una democracia.
Sin embargo pretender que se puede establecer un mecanismo único y vinculante de evaluación a los gobernantes y legisladores adicional al voto no solamente refleja desprecio por los mecanismos de una democracia. De seguir por ese camino se daría poder de agenda al grupo de personas que definan esos criterios –y ese sería el primer paso para un régimen autoritario o totalitario–.
¿Funcionaría la revocación del mandato? El 9 de abril de 2012 se dijo en este espacio que es una medida extrema, toda vez que se necesitaría del 33% del padrón al cargo a revocar para que se convoque y entre el 40% al 50% de participación para considerarlo vinculatorio. Hay que saber para qué sirve (y para qué nunca servirá) un procedimiento.
No obstante lo anterior, y como se ha dicho también en este espacio, nuestra democracia es imperfecta toda vez que votamos por promesas y no desempeño. Seguiremos así mientras nuestros legisladores y gobernantes tengan que competir para otro encargo al terminar sus mandatos.
Ahora bien, el sector público provee servicios, ya sea bajo contrato o a través de servidores públicos. En estos casos se espera que haya reglas que garanticen la mejor prestación. Por eso se espera que las adjudicaciones sean transparentes y se realicen bajo concurso.
Para los servidores públicos existen diversos controles. Por ejemplo, durante el sexenio de Vicente Fox se creó el servicio civil de carrera para la administración pública federal. Este escalafón también existe desde hace décadas para el servicio diplomático y las fuerzas armadas. Incluso instituciones como el Instituto Federal Electoral lo tienen.
Naturalmente la implementación de estas estructuras puede o no enfrentar resistencias, las cuales son capitalizadas por los partidos. También existe el riesgo de que las estructuras que evalúan estén viciadas. Para ello se diseñan instituciones lo más imparciales posible. Cada aspecto del diseño cuenta, como sería el nombramiento de quienes tienen esa responsabilidad.
Como toda institución política, puede haber errores de diseño, pero se espera que sean revisables. Sin embargo, para el caso de la CNTE, se esperaría que se hubieran preocupado por la integración del Instituto Nacional de Evaluación Educativa si les hubiera preocupado el tema en lugar de mantener cotos y privilegios.
Posdata: sobre la consulta del PRD
El pasado 31 de julio se dijo en este espacio que debería tomarse en serio la consulta del PRD respecto a las reformas energéticas y fiscal si se diesen a conocer las preguntas y la participación fuese de alrededor del 40% del padrón electoral.
Pues bien, las preguntas apenas fueron difundidas y se diseñaron a menos de un mes de realizada la consulta. Y según las estimaciones la participación fue de aproximadamente 600,000 personas: un voto dan duro del PRD que debería recibir el calificativo de hardcore. ¿Cómo deberíamos tomar esto como indicador de las preferencias de la ciudadanía? Hay dos opciones: con un grano de sal o con mucho sentido del humor.
