Después de los ataques a las Torres Gemelas en 2011, se crearon alrededor de 75 leyes antiterrorismo en el mundo. Muchas de estas leyes contienen principios legales que claramente son una violación a las libertades civiles más básicas. Los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y otros países europeos se aprovecharon del contexto post septiembre 11 para colar dentro de sus regímenes legales ordenamientos jurídicos que claramente extralimitan el poder del Estado bajo el pretexto de la protección de la seguridad nacional.

El 18 de agosto, David Miranda fue detenido por nueve horas en el aeropuerto de Heathrow. Bajo el artículo 7 de la ley Antiterrorista del Reino Unido, la detención de Miranda no fue cualquier aprensión rutinaria en la lucha contra el terrorismo mundial. A David Miranda, ciudadano brasileño, le fueron confiscados todos sus aparatos electrónicos y se le obligó a entregar todas las contraseñas de sus sitios de correo electrónico y redes sociales. Es prudente recordar que Miranda es la pareja del periodista Glenn Greenwald, del periódico The Guardian, quien fue la persona a la que Edward Snowden le dio todo el material filtrado de la National Security Agency (NSA). La detención de Miranda llevaba un mensaje claro de hostilidad contra el periódico inglés y su reportero Greenwald.

Desde que The Guardian comenzó a informar sobre todo el material aportado por Snowden, las agencias de seguridad de Inglaterra y de Estados Unidos han estado en alerta. Según relata el editor del periódico londinense, Alan Rusbridger, la presión y hostigamiento por parte de uno de los gobiernos que se dice defensor de las libertades básicas y de la democracia, el británico, fue creciendo conforme las historias iban saliendo a la luz. El minucioso balance entre revelar datos de seguridad nacional y el interés público de la información, según el editor, ha sido una de las principales tareas que ha hecho el diario. En una entrevista reciente señaló: “hemos hecho un continuo examen entre determinar qué es de interés general y qué es de interés público”.

Es gracias a la información aportada por Snowden y un trabajo periodístico serio del The Guardian que hoy sabemos del pleno control y capacidad para almacenar y vigilar el Internet que tiene varios gobiernos (el estadounidense y británico, por lo menos). Según el ex director de la CIA, Michael Hayden, el gobierno de Obama puede puede vigilar y almacenar el 75% del contenido de Internet. La intención del gobierno ya no es buscar elementos bajo el argumento de sospecha, sino ahora la intención es guardar toda para cuando necesiten buscar.

Según relata Rusbridger, una tarde le llamó un miembro de la agencia de inteligencia para decirle que “ya estaba bueno, que la diversión había terminado”, en referencia a las publicaciones sobre el caso Snowden. El mismo agente advirtió que el material entregado por Snowden tenía que ser puesto a disposición del gobierno británico. Cualquier semejanza con un gobierno autoritario es mera coincidencia. The Guardian aguantó la presión durante semanas, inclusive amenazas gubernamentales de proceder legalmente contra el periódico para hacerse del material filtrado. El 20 de julio, en un sótano del periódico, el gobierno de Cameron cometía uno de los actos más bárbaros contra la libertad de prensa. En vez de entregar la laptop de Snowden a las autoridades, el editor general del periódico destruyó en presencia de dos agentes de la inteligencia británica la computadora.

Este acto de intimidación se convertía en un claro mensaje de hostigamiento y amenaza contra futuros whistleblowers y periodistas. La detención de Miranda y la destrucción de la laptop son dos hechos que reproducen problemas muy profundos en relación con el espionaje y la privacidad en el Internet.

La persecución de Estados Unidos e Inglaterra para detener futuras publicaciones de más historias sobre las flagrantes violaciones a la privacidad por parte de estos gobiernos en contubernio con empresas como Google, Facebook o Yahoo!, ha obligado a que The Guardian busque santuario y solidaridad con otros medios. Por ello, hace pocos días se anunció que el periódico británico compartiría la información proporcionada por Snowden con el New York Times y la organización de periodismo de investigación ProPublica. En una editorial del periódico londinense se advierte que las condiciones de hostigamiento en Inglaterra son menos que óptimas para continuar con el trabajo de reportear el material filtrado. Inclusive señala que con la ley Antiterrorismo las garantías legales eran no satisfactorias. Fue así que la casa editorial decidió de ahora en adelante publicar la mayoría de los reportajes desde su sede en Nueva York, en aras de ser protegidos por la Primera Enmienda de la constitución de Estados Unidos. Así mismo, la alianza con el periódico neoyorquino busca juntar fuerzas editoriales para hacer frente a las autoridades de ambos países, según relata el propio citado editor.

La capacidad de los gobiernos para intervenir las comunicaciones es innegable. La conectividad ha facilitado a los gobiernos la capacidad para conocer el contenido en telecomunicaciones e Internet. La comunicación por Internet o por teléfono resulta fundamental para el quehacer de un sinfín de profesiones, incluyendo el periodismo. El ataque por parte de los gobiernos a las telecomunicaciones ha obligado a que los periodistas que trabajan con información sensible provista por sus fuentes usen otras vías análogas, es decir no tecnológicas, para no ser intervenidos. La misma estrategia se usa cuando se ataca las comunicaciones de grupos terroristas, es para dificultar su labor. Este contexto de hostilidad hace que el periodismo sea mucho más lento, difícil y menos seguro. A pesar de que vivimos en la era del desarrollo tecnológico.

El periodismo está cambiando continuamente. Lo que antes era una profesión donde se guardaba celosamente la información, hoy el Internet ha roto ese monopolio. Hoy vemos cómo el periodismo (por lo menos ese periodismo basado en el interés público) se acerca cada vez más a un activismo periodístico para hacerle frente a políticas de espionaje gubernamental cada vez más tiránicas. Al final, como bien dice el profesor Jay Rosen, “entramos en una era en que hacer el acto de periodismo es mucho más importante que determinar si eres o no periodista”.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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