El 21 de diciembre de 2012, a tres semanas de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, el Senador republicano Richard G. Lugar, redactó un extenso informe del Comité de Asuntos Exteriores, dirigido a la Casa Blanca, con una valoración muy amplia y documentada de los escenarios para la reforma energética en México.

El informe de Lugar se elaboró tras varias consultas que incluyeron el encuentro en octubre del mismo año con el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, con directivos de Pemex, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y con especialistas y analistas de la embajada de Estados Unidos en México.

El reporte es un retrato hablado del verdadero interés de Estados Unidos frente a la reforma energética de México. Y es, también, el documento más claro para entender que la iniciativa de reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales no son para bajar los precios de la luz o del gas, sino para cumplir con el principal postulado de este informe: nuestro país “forma parte de la seguridad energética de Estados Unidos y de Norteamérica”.

“Hablando con toda franqueza, sabemos que podemos confiar en México como socio comercial; lo que no sabemos es la cantidad ni la calidad de petróleo que será capaz de exportar en los próximos años”, sentenció el Senador por Indiana, con más de tres décadas en el Congreso norteamericano.

“La clave” para entender hasta dónde Estados Unidos puede confiar en México como parte de la “seguridad energética” de la principal potencia militar y económica es muy clara para Lugar: “el gobierno de México tendrá que ser sensible o facilitar un ambiente de inversión extranjera para resolver asuntos que Pemex no puede (a corto plazo) dada su situación actual de endeudamiento”.

Las prioridades para abrir la inversión extranjera, vía concesiones y no otro tipo de contratos, son: el gas natural, la reforma a la estructura de Pemex y garantizar el suministro de crudo a Estados Unidos, tras el desplazamiento de México como segundo suministrador de la potencia americana de crudo, por la disminución de 3.4 millones a 2.5 millones de barriles diarios de producción.

En el tema de la producción del gas, el legislador republicano advierte que “varios interlocutores puntualizaron en la necesidad de construir gasoductos conectados con Texas”. El gobierno de Estados Unidos estima que México posee “una de las más importantes reservas de gas shale en el mundo con más de 680 trillones de metros cúbicos”. Muchas  de las reservas de gas shale se ubican en las entidades colindantes precisamente con Texas.

Lugar advierte que será más fácil la apertura del gas a inversionistas privados porque “políticamente es menos sensible” que el tema de la producción y extracción de crudo.

En el punto de la reforma a Pemex el informe senatorial sugiere que la paraestatal genere “mayor confianza” a los inversionistas y posibles socios extranjeros. Sugiere la posibilidad de que Pemex se adhiera a la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas (EITI), de la que forman parte Nigeria, Noruega o las repúblicas centroasiáticas de la ex Unión Soviética.

Incluso, propone reforzar la seguridad en el sistema de oleoductos de Pemex y aconseja a Obama para que el Departamento de Estado funja como intermediario entre Pemex, el Departamento de Energía norteamericano y los contratistas o compañías internacionales, especializadas en seguridad de oleoductos.

La clave del reporte no es solamente reiterar los criterios de seguridad energética y nacional para que la administración de Barack Obama presione y “facilite” al gobierno de Peña Nieto una reforma energética. Lugar propone una serie de medidas para que Washington renueve el Acuerdo de Yacimientos Transfronterizos, firmado por ambos países en febrero de 2012. Además, propone al Departamento de Estado, encabezado por Hillary Clinton, “la inmediata incorporación del petróleo y el gas natural en la agenda bilteral”, con la incorporación de Carlos Pascual, ex embajador norteamericano en México, y actual coordinador de Asuntos Energéticos del Departamento de Estado.

Pascual dejó la misión diplomática en México tras un agrio desencuentro con el presidente Felipe Calderón, quien se quejó públicamente por las consideraciones del embajador a la fallida guerra contra el crimen organizado. Pascual dejó el país, pero no su interés por la operación más ambiciosa: la reforma energética.

El embajador, experto en el tema de los “Estados fallidos”, como Irak o Afganistán, también creó una sólida red de contactos y relaciones personales, a través de su suegro, el ex director de Pemex durante el salinismo, Francisco Rojas, y actual titular de la CFE.

No nos extrañemos que los próximos enviados del Departamento de Estado norteamericano tengan como objetivo principal “convencer” a los legisladores que una reforma petrolera que no garantice las concesiones a inversionistas extranjeros será una amenaza para la relación bilateral.

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Jenaro Villamil

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Reportero de Proceso, especialista en medios, editor de Homozapping.

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