La región latinoamericana presenta uno de los mayores crecimientos en el índice de sobrepeso y obesidad en el mundo y a la vez, un auge en las políticas públicas para combatir esta epidemia. El Banco Mundial ha estimado que la obesidad en la región aumentará 300% en solamente 25 años y varias naciones latinoamericanas están viendo cómo colapsan sus sistemas de salud pública o prevén que esto comience a suceder en los próximos años.
La epidemia se ha desarrollado a consecuencia del deterioro de los hábitos alimentarios y del abandono de las dietas tradicionales, causada por la invasión de alimentos altamente procesados con muy altos contenidos de azúcar, grasas y sal.
Varios gobiernos de la región han comenzado a tomar medidas para enfrentar esta situación lo que ha provocado la reacción orquestada de las grandes empresas de alimentos y bebidas a escala nacional y de toda la región. Ha sido interesante constatar cómo la experiencia de ciertos gobiernos al enfrentar la oposición de las grandes empresas ha servido para que otros gobiernos de la región sean más efectivos en sus objetivos.
Este es el caso del Ministro de Educación de Costa Rica, Leonardo Garnier. El Ministro comenzó a promover una regulación de los alimentos y las bebidas en las escuelas. En México ya se había vivido el proceso para la expedición de los lineamientos para los alimentos y las bebidas en las escuelas, ya se había vivido la presión no solamente de las empresas del ramo, incluso, del Consejo Coordinador Empresarial. Leonardo Ganier supo por la experiencia compartida de los expertos mexicanos que la industria presionaría, como lo hizo en México, para establecer criterios que les permitieran seguir vendiendo sus productos al interior de las escuelas en porciones menores, lo que bautizamos en México como la mini-chatarra. La experiencia compartida por los mexicanos evitó que en Costa Rica ocurriera lo mismo, logrando que la regulación fuera más efectiva. Sin embargo, las empresas trataron de evitar, por todos los medios, que la regulación fuera instaurada acudiendo ante la Suprema Corte de Costa Rica. Esta instancia suprema resolvió que el derecho a la salud estaba por encima de la libertad comercial y la regulación fue adelante.
Una de las iniciativas más integrales para combatir la obesidad en la región fue la Ley aprobada en Chile en 2012, impulsada por el Senador Guido Girardi. La Ley que primero trató de ser vetada por el Presidente Sebastián Piñeira, fue aprobada por el Congreso. La Ley secundaria tiene que establecer los criterios para definir qué productos no pueden ser publicitados a los niños y niñas, cuáles no podrán entrar en las escuelas y cuáles requerirán un etiquetado especial para que los consumidores puedan identificar que contienen altos contenidos de azúcar, grasas y sal. La última noticia es que los promotores de la Ley se han pronunciado en contra de la propuesta de Ley secundaria que se ha elaborado bajo las presiones de la industria y que es del todo permisiva. La obesidad ha alcanzado altos índices en Chile y su población tiene uno de los más altos consumos de refrescos en América Latina. La Ley está aprobada y Chile enfrentará elecciones que pueden llevar a que los intereses públicos ocupen un lugar más importante en el poder Ejecutivo, seguramente más del que ha tenido en la administración de Sebastián Piñeira. Este escenario puede ser mejor para que los criterios que den realidad a la Ley estén basados en la evidencia científica y estén dirigidos a salvaguardar la salud de los escolares.
En 2013, el Congreso peruano y el Presidente Ollanta Humala aprobaron y publicaron una Ley de defensa de la salud alimentaria de niños y adolescentes que al igual que la chilena comprende la regulación de alimentos y bebidas en escuelas, de su publicidad dirigida a la infancia y del etiquetado de los productos que tendrán que llevar una leyenda que advierta si contiene alto contenido de azúcar, grasas o sal. La iniciativa ha sido promovida por el Diputado Jaime Delgado, vocero del partido oficial en el Congreso y fundador y ex presidente de la Asociación Peruana de Consumidores. En este momento se encuentra una comisión intersecretarial, coordinada por el Ministerio de Salud, elaborando los criterios para definir los productos que podrán o no entrar a las escuelas, que podrán o no publicitarse a los niños y niñas peruanas. Hace unas semanas, fuimos invitados a reunirnos con esa comisión en Lima para presentar nuestros puntos de vista y experiencia junto con representantes de la Organización Panamericana de la Salud y otros expertos. La experiencia vivida en Chile ha sido compartida y tomada en cuenta para elaborar la Ley peruana, en especial para fortalecerla contra los embates de las empresas. La Ley peruana tiene un elemento importante: la promoción y protección de la cultura culinaria del Perú. Perú tiene como México una rica tradición culinaria que debe estar en la base de las propuestas de salud alimentaria de estos países.
Tanto el Senador Guido Girardi en Chile, como el Diputado Jaime Delgado de Perú, han sido sistemáticamente atacados en los medios de comunicación, especialmente desde las secciones de Finanzas vinculadas a las empresas y por parte de algunos articulistas. Las empresas de comida y bebidas chatarra han seguido las estrategias de las tabacaleras allegándose articulistas en los medios, presionando a través de la compra o no de publicidad, negando su responsabilidad, financiando estudios que favorezcan sus intereses, cabildeando en el legislativo y el ejecutivo, amenazando con retiro de inversiones y pérdida de empleos, etc. Sin embargo, la opinión pública y la mayor parte de la prensa y líderes de opinión han estado a favor de estas regulaciones.
Por su lado, el modelo brasileño para regular la alimentación en las escuelas no sólo incluye criterios nutricionales, establece que el 70% de los productos disponibles no sean procesados y que el 30% del total provengan de huertos familiares de la localidad. Con esta política no sólo han mejorado los hábitos alimentarios de los escolares, se ha fortalecido la economía local y se ha revalorado los alimentos regionales. Hemos propuesto que este modelo se siga en México como parte de una Cruzada contra la Malnutrición, que incluya al hambre y la obesidad, ya que tenemos ejemplos en zonas de alta marginación donde iniciativas que han tomado un camino similar al brasileño (sacar la comida chatarra y sustituirla por alimentos de la región) han sido efectivos para combatir la desnutrición, no sólo la obesidad.
En Brasil, la autoridad también impulsó una regulación a la publicidad de alimentos chatarra; sin embargo, las empresas lograron ampararse argumentando que la autoridad que promovió la regulación no tenía autoridad para hacerlo. Y en Uruguay existe ya una regulación a los alimentos y las bebidas en las escuelas al igual que en Ecuador. En este último país se han tenido problemas para la implementación de la regulación por lo cual se espera que se inicie un proceso de regulación más efectiva y amplia.
En México se ha anunciado una Estrategia Nacional de Prevención y Combate al Sobrepeso y la Diabetes. Tenemos como antecedente el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria de 2010 que tenía buenos objetivos pero como Acuerdo no estableció obligaciones, tampoco sanciones y menos aún recursos. Para México, más que para ningún otro país, es urgente una política efectiva de combate a la obesidad. Las experiencias latinoamericanas, al igual que otras más en el resto del mundo, deben ser tomadas en cuenta para que la Estrategia sea realmente efectiva. Preocupan las declaraciones de la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, en el sentido de que la Estrategia se está definiendo con la participación de las empresas. La experiencia en Latinoamérica y el resto del mundo es que las empresas no aceptan ninguna política que afecte sus intereses. Donde han participado los resultados son nulos. Las políticas exitosas son las que han sido diseñadas libres de conflicto de interés. No podemos pensar que salga nada bueno de una mesa en la que se están sentadas las empresas que se pronunciaron contra la regulación de los alimentos y las bebidas en las escuelas en 2010, contra las recomendaciones sobre bebidas de la Secretaría de Salud en 2008, contra la regulación de la publicidad dirigida a la infancia desde 2009 y contra el desarrollo de un etiquetado frontal desde hace años.
